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Más allá del Autoritarismo Electoral en Nicaragua

Umanzor López Baltodano

Members of Nicaragua's army carry ballot boxes at a distribution centre at the Supreme Electoral Council (CSE) in Managua, Nicaragua October 24, 2017. REUTERS/Oswaldo Rivas

El régimen Ortega-Murillo hace meses cruzó, sin remordimientos ni ambigüedad el Rubicón, yendo mucho más allá del Autoritarismo Electoral.

Que las elecciones en Nicaragua no conllevan la posibilidad de elegir y expulsar cargos públicos libremente es un hecho bastante incontestable desde casi una década. Sin embargo, esto no quiere decir que el valor político de las elecciones desde la llegada de Daniel Ortega al poder hasta el día de hoy haya sido exactamente el mismo. Desde mi perspectiva, las recientes elecciones municipales certifican que el régimen ha cerrado definitivamente su fase de ‘Autoritarismo Electoral’, y que lo que nos espera puede ser muy peligroso.

¿Qué significa Autoritarismo Electoral? Este marco conceptual (Schedler, 2006) pretende apuntar a cómo los regímenes autoritarios usan determinadas instituciones democráticas- especialmente las elecciones- como una fachada. Nótese como esta perspectiva enfatiza que el régimen es primordialmente autoritario y no sólo una “democracia imperfecta”, “populismo responsable” o “democracia autoritaria”; todos ellos calificativos amables usados algunas vez para referirse al régimen Ortega-Murillo.

En breve, bajo una modalidad de Autoritarismo Electoral, las elecciones son:

1. Periódicas.

2. Inclusivas (con sufragio universal).

3. Mínimamente pluralistas (la oposición principal puede presentarse).

4. Mínimamente competitivas (la oposición, aunque no pueda ganar los puestos más relevantes, sí obtiene cuotas de poder- diputados, alcaldías, etc.).

5. Mínimamente abiertas (la represión puede existir, pero es reducida)

6. Controladas y manipuladas por el régimen.

Es importante recalcar que este tipo de elecciones, aunque no permiten el cambio de régimen, no son meramente decorativas o un ritual de aclamación hacia el líder. En este contexto las elecciones son constitutivas del juego político y sirven de herramienta al gobernante: le ayuda a mantener a raya a grupos de poder a través del reparto de cargos y prebendas, le indican a las élites económicas y militares que sus intereses están mejor defendidos por el statu quo, y le permiten conocer en dónde encuentra la simpatía y el repudio de la población. Finalmente, la celebración de elecciones en estas condiciones mínimas le permite al gobernante mantener cierto grado de legitimidad y apoyo externo bajo la apariencia de que el régimen se mantiene, hasta cierto punto, por voluntad popular.

Todo lo anterior puede decirse de las elecciones en Nicaragua desde que Ortega regresó al poder hasta la antesala a las elecciones de 2016. Previo a aquel Noviembre los comicios fueron periódicos, la oposición siempre se presentó y llamó a la población a las urnas, obtuvo y ejerció puestos en alcaldías, Asamblea y otras instituciones, etc. Todo ello, en un contexto de control absoluto del proceso electoral por parte del régimen y mínima legitimidad para las élites y potencias exteriores. En este sentido, el período de 2007-2016 en Nicaragua puede considerarse como una clara etapa de Autoritarismo Electoral.

Cómo ya sabemos, muchos acontecimientos hicieron que las elecciones del año pasado dejaran entrever el cambio de naturaleza del sistema. Entre algunos de estos acontecimientos se encuentra la reforma de la Constitución y la candidatura de Rosario Murillo como Vicepresidente. Sin embargo, a efectos de esta exposición, más relevancia tuvo la ausencia de un mínimo pluralismo y competencia electoral en forma de partidos opositores. En un principio, la oposición –siguiendo su tónica habitual- sí pretendió presentarse a las elecciones, postuló sus candidatos y llamó a participar en la carrera electoral, pero fue fulminante y sorpresivamente excluida, y sus diputados electos expulsados de las instituciones. Las puertas a un autoritarismo sin adjetivos quedaron abiertas de par en par.

Precisamente por la evidencia descarada de la involución del régimen, desde la elección pasada Ortega se vio sometido a muchas presiones internas (movimientos sociales y algunas facciones de las élites económicas) y externas (Nica Act). ¿Daría el régimen Ortega-Murillo un paso atrás para maquillar su naturaleza a través de unas municipales mínimamente democráticas?

Hoy día los nicaragüenses constatan que no habido paso atrás ni maquillaje posible. Aunque la presencia de una devaluada observación de la OEA pretende asentar un argumento de legitimidad y transparencia, impedir la participación de la oposición reconocida interna y externamente entorpece la efectividad de cualquier matiz; el descarado uso de los recursos del Estado para intimidar, avasallar y manipular, elimina toda duda. Por si lo anterior fuera poco, las noticias de graves heridos y fallecidos en la jornada electoral nos muestran indisimuladamente los dientes del lobo: el régimen Ortega-Murillo hace meses cruzó intencionalmente, sin remordimientos ni ambigüedad el Rubicón, yendo mucho más allá del Autoritarismo Electoral.

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