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Marruecos: políticas represivas y el fin de un reinado

Chawki Lofti

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Independientemente de cuál sea el régimen político, los vínculos de dominación existentes se consiguen reproducir gracias a una combinación del «monopolio de la violencia legítima» y de la producción de mecanismos de «consentimiento». Para esto, son necesarias tanto la represión como la interiorización de las «reglas del juego» ya establecidas. Las formas concretas de esta combinación varían según el contexto político e histórico. En Marruecos, las luchas de poder que siguieron a la independencia fueron acompañadas de la construcción de un aparato represivo como principal punto de apoyo material, la declaración de la monarquía como poder absoluto. No es anodino, por cierto, que sea precisamente en la secuencia de los hechos que abarcan el aplastamiento de las revueltas del Rif en Casablanca en 1958/1959, el momento en el que se construye el ensamblaje político y de seguridad del régimen y el derrocamiento de los vínculos entre las fuerzas políticas.

La monarquía, el verdadero protagonista y fundador, contaba con el dominio precoz de aquello que les permitía tener poder real: el ejército. Durante esos años de plomo, existe una arquitectura compleja de servicios gestionados por el Ministerio de Interior, que constituirá el pivote de poder para la «gestión cotidiana» de la estabilidad. Lo que ha cambiado, al final del reinado de Hassan II, es haber adquirido consciencia de la necesidad de completar este ensamblaje con la construcción de nuevas bases sociales y políticas de apoyo, contar con un nuevo dispositivo de legitimación que permite contrarrestar las aspiraciones de esas bases.

La «búsqueda de consentimiento» ha adquirido un lugar muy importante. Esta se apoya en las mediaciones sociales y en políticas específicas: la institucionalización de la oposición histórica, la construcción de una sociedad civil oficial, la práctica de cooptación entre las élites intelectuales, mediáticas y asociativas, una estrategia de comunicación dirigida hacia la transición democrática y los beneficios de aplazarla y una economía de renta desplegada y completada de nuevo por múltiples formas de clientelismo público y privado. La «fachada democrática» permitía tener relaciones a todos los niveles y «temporizar» las necesidades que emergían de la sociedad. Las estrategias represivas han acompañado estos nuevos procesos de despliegue como modo de legitimación.

¿Una represión justa?

En lugar de una política de enfrentamientos brutal y frontal con el uso de barracas clandestinas, centros de tortura especializados, desapariciones forzadas, la cadena perpetua o la pena de muerte, un aplastamiento armado de las revueltas populares, el poder se ha aficionado a construir nuevas trincheras, diques, zonas de armotiguación, en una guerra de posición dirigida a mantener el orden social, favoreciendo una política de desgaste frente a las contestaciones reales o potenciales. Se encarga de neutralizar las reivindicaciones tiñendo una parte de sus actores-actrices, aislando las luchas abortando todas las posibilidades de extenderse y enraizarse, fragmentando el campo social y sindical, marginalizando y encuadrando la acción política. En resumen, haciendo difícil la emergencia o el mantenimiento de movimientos autónomos de masas en un escenario vacío de diálogo social hasta el agotamiento de sus capacidades de lucha.

Esta estrategia de desgaste es compatible con una autorización (bajo vigilancia) del uso del espacio público por los contestatarios. Pero este desgaste está sometido a condiciones explícitas o implícitas: no se pueden ocupar lugares, no se pueden dirigir las acciones hacia las masas populares, no se puede prolongar las luchas, no se pueden hacer reivindicaciones que sean susceptibles de alterar los fundamentos del orden o que sobrepasen el carácter específico y sectorial de la lucha, ni tampoco se permite la unión entre sectores que estén combatiendo.

La denuncia democrática abre un espacio de banalización de los enfrentamientos en formas que no permiten una acumulación alargada de las fuerzas de protesta, ni la inauguración de prácticas de lucha que pueden tener un impacto mediático, político, social y económico, perjudicial a los intereses (tanto largo como a corto plazo) de los que dominan.

En esta nueva configuración, la represión conoce un proceso de ajuste en todas sus modalidades e intensidades. Es preventiva y selectiva en un escenario conocido: la utilización de balizas y herramientas de guerra, aparentemente de baja intensidad: dispersión, el arresto de líderes, el uso de gas lacrimógenos, la justificación de la represión por la ley y la construcción del acto represivo como un hecho diverso, la inculpación bajo motivos apolíticos, etc. Con más objetivos:

-Reorientar la dinámica de la lucha esencialmente hacia la exigencia de la liberación de los detenidos /as en un proceso de gran desgaste y recuperando las reivindicaciones iniciales.

-Reafirmar que la «tolerancia» no equivale al «reconocimiento», que en el fondo no hay derechos democráticos inscritos en la vida pública.

-Mantener las condiciones de aislamiento de la movilización e imponer a través de la restricción pública formas de actuar, sin impacto sobre la compenetración de las fuerzas.

-Hacer difícil las conexiones que solo se pueden construir a lo largo del tiempo, entre las movilizaciones sociales y los actores militantes.

Desanimar o hacer difícil toda forma de solidaridad activa y duradera

No se trata por tanto de una voluntad de acabar con la oposición a través de una guerra relámpago, sino de sofocarla y agotarla, manteniendo siempre la vitrina democrática. Esa represión selectiva y preventiva, dirigida a contener el espacio político de las protestas incluso cuando estas no suponen amenazas directas o significativas. Además, el estrangulamiento del periodismo independiente o el aprisionamiento de artistas no se debe a los efectos inmediatos, bastante restringidos, de sus escritos y/o palabras, sino por mencionar de nuevo las «líneas rojas» que se encuentran en el núcleo del orden establecido. Estos recordatorios deben inscribirse dentro de la gestión cotidiana de la compenetración social y del territorio. Se trata de darle tregua a las posibilidades de un espacio público autónomo, donde se reafirman las exigencias sociales, democráticas y culturales que remodelan la consciencia colectiva de los sectores sociales y populares.

El poder no puede aceptar la afirmación de una ciudadanía activa cuya lucha por sus derechos se vuelva legítima, donde se afirman vínculos a una autoridad diferente de la considerada leal. No se pueden aceptar que los procesos sociales o «de base» forjen una voluntad propia y una consciencia de su propia existencia política. Pero todo mientras se mantiene la ficción de la fachada democrática para mantener/renovar sus bases de apoyo internas y sus alianzas internacionales. Los reajustes de las estrategias represivas ha demostrado su eficacia a través del M20F: políticas de contención y canalización de las protestas de manera gestionable por el sistema, represiones concretas, dinámicas y que buscan determinar los límites, sin llegar a un nivel de enfrentamiento global y directo. La represión buscaba prevenir que las posibilidades de protesta evolucionen hacia una actividad cotidiana y consiga asegurar un repertorio de acción tradicional (manifestaciones, sentadas) sin efecto sobre la compenetración de las fuerzas .

Innovaciones de seguridad

Este reajuste ha sido entendido por algunos como un indicio de un proceso democrático real, a pesar de inacabado, en el que la liberalización parcial y contradictoria participa a la construcción de nuevos dispositivos hegemónicos de poder. No hay una apertura democrática, sino una liberalización autoritaria que reconfigura parcialmente los vínculos entre el uso de la fuerza material y la producción de consentimiento. Este reajuste presenta en sí mismo límites importantes: la práctica de tortura que no se ha reconocido oficialmente y que continúa mantenida, las movilizaciones de los saharauis que se integran a esas respuestas sistemáticas de seguridad, los arrestos arbitrarios en nombre de la lucha contra el terrorismo, etc.

La represión mantenía también un trato de carácter estructural para las movilizaciones no convencionales, y en particular las luchas extraurbanas y periféricas. Sin hacer aquí una larga lista, nos podemos acordar de Sidi Ifni, de Chlihat, Imider, Séfrou, Zagora, Tata, y de las operaciones de expropiación de vivienda. Más concretamente, los sectores menos organizados de clases populares, o los que están más lejos de las redes de militancia tradicionales, las movilizaciones en sitios vinculados directamente a los intereses del poder (Imider ), las configuraciones marcadas por un conjunto de reivindicaciones que sobrepasan el motivo inicial de la lucha y se apoyan en las formas de unidad/acción popular (Sidi ifni ), o incluso en los lugares marcados por un «contencioso histórico» (en el Rif), han hecho gala de una represión directa y global. No por ello se han militarizado (más que con el objetivo de demostrar su fuerza).

Dicho de otra manera, más allá del encarcelamiento de los actores políticamente organizados, asociativos o mediáticos que no entran dentro del juego, puede ser una estrategia activa global que busca adaptar el aparato represivo a las nuevas formas de movilizaciones sociales que están teniendo lugar. Precisamente estas han sido probadas y puestas en práctica en muchos escenarios:

La coordinación funcional de los diferentes servicios en el marco de las operaciones globales. Además de Sidi Ifni, hemos podido ver la combinación de fuerzas armadas y de los cuerpos de represión tradicionales actuar concertadamente a través de un proceso de cercamiento de la ciudad y rastrillado a gran escala.

La puesta en marcha de antemano de técnicas de intervención que buscan fragmentar el espacio de protesta, incluso dejarlo irrealizable sobre el terreno, ocupando no solo los puntos neurálgicos de la circulación o las grandes avenidas, sino también los puntos periféricos. O como el cercamiento geográfico en check points con balizas en los barrios y en las rotondas. La aplicación de la técnica de la nasa en caso de un encuentro o una manifestación en masa.

La puesta en marcha de antemano de una política de intimidación, al mismo tiempo específica y anónima: penetración en los hogares, secuestros no declarados, mantenimiento de una política de arrestos precisa (que busca a los activistas reconocidos) y arbitraria, tocando todas las categorías de la población, menores incluidos.

Estos diferentes elementos permiten combinar la represión colectiva (de las masas) y específica (de personas concretas), además de desestructurar el movimiento de manera ascendente mediante el arresto de su cuadro organizativo, golpeando su base y la capacidad de expresión en el espacio. Esta estrategia indica la capacidad del Estado para modular el nivel de enfrentamiento a través de los espacios físicos de conflicto (pequeñas y grandes ciudades, barrios periféricos, zonas montañosas, centros urbanos importantes…), las fuerzas sociales preocupadas ( los habitantes de los barrios, los movimientos dentro de las empresas, la población marginal y movimientos, tanto los espontáneos como los que no). Existe la elaboración de una estrategia capaz de enfrentare a los diferentes niveles/lugares de protesta así como la capacidad de intervención desde lo más elemental hasta lo más complejo.

Este nuevo acercamiento de seguridad descansa sobre una gama de medios materiales y sobre una multitud de servicios especializados pero coordinados. No existe ninguna duda de que la reestructuración de los servicios represivos, la innovación desde cualquiera de sus formas de intervención, la planificación de su acción y la modernización su equipamiento han ido acompañados por servicios dedicados a la cooperación en seguridad del Estado francés.

Por debajo de la punta del iceberg ( el sustento diplomático, los intereses económicos, la connivencia de las élites, los entresijos geopolíticos) existen modalidades concretas que permiten a los poderes imperialistas asumir una parte activa en la gestión de la guerra social cotidiana de sus aliados. Y no solamente en los grandes momentos de crisis. El poder puede encontrar recursos igualmente en las agencias privadas o públicas especializadas en el «mercado de la seguridad». [1]

La represión actual en el Rif

La crisis de la fachada democrática hace que el poder real se enfrente a los movimientos populares: las mediaciones endémicas ya no son una medida de canalizar las luchas, mientras que la profundización de la crisis social genera luchas y reivindicaciones múltiples. La posible conexión de la crisis social y política constituye el desafío más serio que tiene el poder. La movilización del Rif, más allá del contencioso histórico que lo alimenta, es un ejemplo claro de los procesos subyacentes y de las profundas contradicciones que atraviesan la sociedad. Pero también supone el anuncio de un cambio de ciclo en las luchas políticas y sociales. Puesto que aquello que se afirma es inédito e imprevisto dentro de las estrategias de disuasión del poder: la capacidad de una lucha que aglutine en su duración a diferentes estratos sociales en torno a reivindicaciones concretas, renegando por completo las reglas y mecanismos de neutralización del poder.

El poder no se puede permitir la emergencia de nuevas generaciones de lucha que tengan exigencias globales, desafiando explícitamente (o no) las bases de legitimación del Estado: rechazando las acciones de los actores de la fachada, el uso político que hacen los que comandan las comunidades de feligreses, los mecánicos del pseudo-diálogo social y las promesas, la centralización autoritaria que niegan las identidades específicas, la normalización de la represión. Una nueva generación que se erige además como actor independiente y que no reconoce ninguna tutela o cuadro, que facilita su cooptación y las políticas de división buscando debilitarlo. Y cuyo hecho esencial no se sitúa en filiación con la oposición tradicional y sus referentes ideológicos ( socialista, islamista, democrático-liberal) que el poder ya ha visto y ha combatido.

El nivel de represión es una promesa de debilidad y de crisis en la capacidad del Estado para obtener un consenso hegemónico sobre su política global. Cabe señalar sin embargo que la política represiva debe considerarse como un todo. El uso de la fuerza puede tener vínculos con la consagración de la impunidad de sus actores y de aquellos que dan las órdenes. Esta impunidad se consagra enteramente por la justicia sometida a las exigencias de la represión estatal. La represión policial y judicial son las dos caras de un mismo proceso de afirmación de la autoridad del estado. Esta se prolonga por una represión penitenciaria cuyos entresijos no son solamente castigar sino también eliminar toda voluntad de lucha ejerciendo una demostración pública de que nadie puede oponerse al estado. Los que hacen huelga de hambre y proclaman «la muerte antes que la humillación» proclaman la verdad del estado. Impermeable ante las aspiraciones más elementales de la población y que tiene como única política el «Than Mou». Hace falta integrar igualmente la guerra ideológica que acompaña la criminalización de los movimientos sociales, desarrollando un «enemigo interior» con el fin de dividir las clases populares, poner en duda la sinceridad de esas reivindicaciones, desnaturalizarlas y aislar al movimiento en sí mismo. Eso por no hablar de las estrategias de difamación de cara a los activistas.

Está por tanto bien enfrentado a un aparato político, institucional, ideológico y represivo muy compacto y articulado al que se enfrentan las luchas. Pero la paradoja de la estrategia represiva es doble. Si esta puede obtener sus objetivos de manera coyuntural, como puede ser mediante el debilitamiento, desactivar o eliminar una protesta, o hacer más difícil su propia expresión, esto aumenta al mismo tiempo el rechazo y la desconfianza hacia las instituciones y hacia el poder actual. Una política que rechaza tener en cuenta, aunque sea de manera particular, las aspiraciones y reivindicaciones concretas de los sectores populares y sus fuerzas de oposición solo puede suscitar un rechazo todavía más profundo. Aquí está la paradoja: la represión global y permanente que busca reestablecer la autoridad del estado acrecienta los procesos de ruptura política a través de esa misma autoridad.

Cortafuegos ineficaces

El poder altera y enciende los cortafuegos. Anuncia la constatación de la debilidad de la clase política y las mediaciones, además de los modelos de desarrollo. Remite a esta situación a una falta de transparencia, a la falta de aplicación del principio de la rendición de cuentas, a la incompetencia y la disfunción del aparato administrativo. Situación que pesa sobre la puesta en marcha de esas políticas que aseguran el desarrollo y la respuesta a los problemas sociales. El Jefe de Estado se aferra a su propio estado como si se tratara de un actor independiente.

Esta postura bonapartista que busca ocuparse de la gente por debajo de las instituciones legales y de los cuerpos (mal) elegidos da a luz a un ratón: las comisiones de los sondeos, el remanente del poder político. Se trata de un mismo movimiento para quitarle responsabilidad al poder absoluto de una monarquía ejecutiva, de reducir la cuestión social a un problema de gestión ética y de competencias de personal, de negar la realidad estructural de la violencia del Estado, siendo la represión solamente una sanción que pasa por encima de la ley y sobre la cual no se puede intervenir, porque la justicia es «independiente».

Este punto de fuga, más allá de su demagogia, aparece como la expresión de un espacio estratégico en el que los discursos de legitimación ya no ofrecen movilizadores significativos. Sr trata solamente de repetir el mito sobre el cual la monarquía busca «lo mejor para Su gente» pero cuyo entorno y personal y cuerpos intermediarios no se encuentra a la altura. Este mito, si bien ha podido funcionar parcialmente durante un tiempo, no puede contener la realidad de la crisis y de las políticas ejercidas, imbuídas en sus sistema de depredación y corrupción institucionalizada y subordinada a un modelo de desarrollo marcado por la acumulación desigual de la riqueza y del liberalismo salvaje. Ni hay uqe obviar el hecho que es el rey el primero de los poderes.

El problema va más allá de la cuestión del Rif como ejemplo y testigo de la gestión en materia de seguridad del conjunto de resistencias, así como que permite recordar las revueltas de los habitantes de Zagora contra la penuria en torno al agua potable para beneficio del agro-negocio de exportación y de los terrenos de golf. Este es el conjunto de un sistema que vulnera los límites de su regulación y de la autoreproducción. La derrota del poder, cualquiera que sea el resultado de la confrontación actual, está ahí, en un contexto marcado por la profundización de la crisis social y la política. El Rif marca un punto de no retorno: demuestra que el poder no puede reformarse ni desde el interior ni desde el exterior, que sus recursos de legitimación ya no son suficientes para ponerle una tirta a las urgencias sociales y democráticas. Nada como esto para ejemplificar la crisis hegemónica del bloque dominante.
El fin del reinado ha comenzado.

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