A un mes de la detención de los ex cañeros integrantes de la Asociación Nueva Esperanza, de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica, sus compañeros y familiares vienen caminando desde su localidad, llamada Chichigalpa (en el departamento de Chinandenga, en el entorno del volcán San Cristóbal) hacia Managua, la capital del país. La marcha, de casi 300 kilómetros, viene siendo dura.
María, madre de una las detenidas, relató al diario La prensa que “los que participan en la caminata son enfermos que realizan un gran esfuerzo, que se arriesgaron a salir de Chichigalpa sin un médico que los acompañara en el trayecto, sin comida ni dinero”.

El 7 de octubre, más de 400 ex cañeros enfermos se manifestaban en Chichigalpa, frente al ingenio San Antonio, exigiendo la liberación de Roberto Nicoya referente de la organización que había sido detenido el día anterior, cuando fueron reprimidos por la policía. Usaron gases lacrimógenos. Los trabajadores, piedras y palos. Quince personas fueron detenidas, acusadas de vandalismo. Aunque hubo más detenciones en las horas siguientes.
Mariela Molina, secretaria de Nueva Esperanza, de 32 años y madre de un niño de 4, es una de las presas. Su madre relató el episodio de su detención: la policía inició una barriada al día siguiente de la caída de Nicoya y capturó a más de 50 personas. Antimotines sin orden judicial. “Hay bastantes mujeres presas”, relató la madre de Mariela.
Según reporta el confidencial, los detenidos fueron acusados de “crimen organizado” en una audiencia preliminar realizada el 10 de octubre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.

Sin embargo, Confidencial recabó la voz de la excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien acusó al Frente Sandinista de Liberación Nacional de infiltrar pandillas en las protestas de los ex cañeros de Chichigalpa: “La infiltración de pandilleros es para demeritar la lucha social de los cañeros y que las autoridades culpen a los ex trabajadores”

Primero estuvieron presos en su municipio, pero luego fueron trasladados a El Chipote, una cárcel de máxima seguridad en Managua una nefasta historia de torturas y un presente igual: denuncias de tortura, de prolongados períodos de aislamiento y de imposibiliad de acceder a la justicia para los que allí son recluidos. Luvi, esposa de uno de los mineros, dijo angustiada a un grupo de periodistas en su llegada a la capital que su compañero “le dice que aunque en Chinandega les pegaban a los detenidos, preferiría estar allí y no en las celdas de El Chipote”.
El director jurídico del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Corrión, comentó a Confidencial de Nicaragua que el traslado de detenidos de los departamentos de fuera de la capital, hacia la cárcel de El Chipote “se ha vuelto una práctica reiterada y abusiva”. “Dijo que el traslado a “El Chipote” es con el único objetivo de hacerlos sufrir. “Aislamiento y no permitir a los familiares que los vean. No hay asistencia legal. Es un acto inhumano y vengativo”, sostuvo.

Los manifestantes que hicieron la perenigración hacia la capital del país caribeño es la liberación de sus familiares, “injustamente detenidos”. En la mañana del viernes denunciaron ante el CENIDH que a pesar del tiempo que sus familiares llevan detenidos, el juicio en su contra no ha comenzado aún porque el juez asignado a la causa, Henry Morales, aún no ha fijado fecha para la audiencia inicial – que debía realizarse el 20 de octubre pero no fue así -, alegando que está enfermo.

Carrión explicó a Confidencial que “el juez alegó un motivo de fuerza mayor por estar enfermo, pero ese mismo juez aparece en una audiencia privadísima de los acusados de asesinar a policías en Punta Gorda, obviamente no está enfermo. Es un retardo injustificado e ilegal, los están haciendo sufrir a ellos y a sus familiares, solo redunda en una decisión política. Son presos políticos, no hay explicación legal”.

El abogado explicó que el Código Procesal Penal del país establece que cuando se vencen los plazos previstos en el Código Procesal Penal, vencidos en este caso, los detenidos deben esperar el juicio en libertad.

Preocupa a su vez, la salud de muchos de los detenidos, que son enfermos crónicos. Marlín relata que a su esposo Plutarco Mungía, lo detuvieron en la calle, sin orden judicial y sin explicarle el motivo y sostuvo que él estaba en su casa en el momento de los disturbios del 7 de octubre. Marlín denunció a Confidencial que no le permitieron darle las medicinas del tratamiento que su esposo necesita: “El tratamiento yo lo llevé y no lo quisieron recibir. Le están dando una pastilla para dormir nada más. En la condiciones que lo tienen tarde o temprano puede morir”.

Según datos publicados por el diario español, el país, el ingenio San Antonio de Chichigalpa es el más grande del país, que emplea a más de dos mil personas. La mitad de los hombres de Chichigalpa sufre de insuficiencia renal crónica, y en los últimos diez años han fallecido 24mil personas a causa de esta enfermedad.