Guadalupe Závago, de la comunidad de Alpuyeca, y Jorge Velázquez, de la comunidad de Almincingo, en el estado de Morelos, son docentes comunitarios y defensores del territorio. Actualmente son hostigados y amenazados de perder su empleo por el Instituto Estatal de Educación Básica (IEBEM), que dirige Eliacín Salgado Paz, vinculado al Partido Encuentro Social liderado por Hugo Erick Flores, quien en 2019 fue de los principales promotores del Proyecto Integral Morelos.

En enero de 2023, explica Závago, “hemos dado acompañamiento a compañeros que han sufrido violencia institucional y se le ha dejado claro al Instituto Estatal de Educación Básica que son al menos tres o cuatro casos de agresión este 2023, pero que en 2022 son por lo menos 100 docentes los que fueron agredidos de esa manera”.

A la maestra Guadalupe Závago, en el año 2018, en el contexto de la lucha contra a la Alianza por la Calidad Educativa, la rescindieron por un año de su contrato, ya que era miembro de la dirigencia del movimiento magisterial en Morelos.

Primero comenzó una campaña de denostación en contra del trabajo de la maestra comunitaria, a través de las redes sociales. Para esta campaña, explica, Salgado Paz ha utilizado a maestros, supervisores, jefes de sector y directores de área, y por medio de ellos “se burla de nuestras demandas diciendo que «todo lo que se les ocurre se los tengo que dar» o «sus ocurrencias me tienen harto», como si defender los derechos de las infancias fueran ocurrencias. Me parece que tiene una mala percepción de lo que es la defensoría y me parece que también tienen una vasta ignorancia al respecto”.

La persecución se intensificó en enero, “a partir del acompañamiento que damos a los maestros y maestras, y de nuestro trabajo comunitario en defensa del territorio”. Esta violencia también se traduce en revisar los libros de entradas y salidas, y en enviar personal del área jurídica a las comunidades para preguntar el trabajo que realizan.

Por la labor que desempeñan la maestra Guadalupe Závago y el profesor Jorge Velázquez en defensa del territorio, fueron incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal, de la Secretaría de Gobernación. Las amenazas del IEBEM, sin embargo, vulnera las recomendaciones de dicho mecanismo de protección.

Tan sólo durante este sexenio en Morelos han sido asesinados siete defensores de derechos humanos: Ana Luisa Garduño, Rodrigo Morales, Alejandro García, Isaac Medardo Herrera, Paul Humberto Vizcarra Ruíz, Romualdo Ixpango y Samir Flores Soberanes; la mayoría de ellos defensores del territorio en sus comunidades.

El Instituto Estatal de Educación, junto con el mecanismo federal en el 2019, relata Závago, hacen una ponderación sobre el derecho de las niñas y niños a recibir una buena educación, “y el derecho de nosotras a la seguridad y a la vida. Esta ponderación es una comisión de lectura para no tener horarios rígidos, para que, por las amenazas que hemos tenido, los agresores no nos identifiquen en un horario. Estas comisiones de lectura son una medida que nos permite estar moviéndonos regularmente en horarios, y no tenemos alumnos frente a grupo o un grupo designado, sino que trabajamos con diversos grupos. El IEBEM ahora nos ha amenazado con quitarnos esta medida política que ha sido acordada con el Mecanismo federal”, denuncia la profesora.

Jorge Velázquez, por su parte, es integrante del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El maestro y defensor explica: “Nosotros hemos caminado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nosotros desde que nacimos, desde el vientre de nuestras madres, tenemos en la sangre la lucha. Nos han enseñado nuestros abuelos y es por ello que siempre nos solidarizamos con todas las luchas. Nosotros pensamos que estas instituciones están en colaboración con el crimen organizado y se desarrolla una persecución contra maestros que defienden el territorio. Nos sentimos amenazados y perseguidos por nuestra labor”, remarca el docente de Amilcingo.

Esta decisión de quitarnos parte de la protección, coinciden los maestros comunitarios y defensores del territorio, “nos parece muy grave en un momento en el que en los últimos años siete defensores de los derechos humanos y del territorio fueron asesinados y han pasado a ser únicamente cifras, los agresores han actuado en total impunidad esa es una preocupación muy grande”, advierten los profesores.

Morelos un pueblo de luchas constantes

“Nosotros no somos docentes que estamos construyendo para incorporar a niños y niñas a esta sociedad, nosotros estamos generando las condiciones y los ambientes para que aprendan y comprendan y construyan una nueva sociedad, porque pensamos que esta no está sirviendo”, explica Závago.

Por su labor, agrega, son víctimas de hostigamiento, a pesar de sus esfuerzos con la niñez. “Nosotros comprendemos el contexto que están viviendo las infancias y entonces las clases de civismo se dan desde el caminar; el cuidado de la vida, el cuidado del medio ambiente, se traducen en prácticas comunitarias como el no generar basura, los bebederos que generan un sentido de que el agua es un bien común, esa es nuestra filosofía”.

Lo que realizan los maestros “se contrapone a lo que quieren las grandes empresas transnacionales. Desde la labor que realizamos desde este enfoque humanista que desplegamos en las escuelas, tenemos claro que sí existe una relación con esta persecución que está realizando el IEBEM con la defensa del territorio”, añade la docente.

“Morelos es un pueblo de lucha desde la Revolución, uno de los momentos históricos que marca la historia de nuestro estado y trasciende hacia la vida del pueblo y toma el tejido comunitario para encontrarse con la palabra y después con las armas, frente a un Estado que imponía y que sigue imponiendo y sumiendo en la pobreza a los y las morelenses”, remarca la defensora del territorio.

“Este legado histórico sienta las bases para la defensa del territorio, y es de ahí de donde nosotros venimos, de esa herencia. Tenemos la memoria histórica activa, de nuestras abuelas y abuelos, por la defensa del territorio, entendiéndolo como un conjunto de elementos que se mueven en un espacio comunitario y conviven de tal forma que tejen la vida cotidiana de nosotros, elementos como la lengua, la comida, la forma de organización mediante la Asamblea Comunitaria, donde todas y todos decidimos sobre la forma de vida que queremos, sobre el papel de los adultos y también del papel que juegan las infancias”, aclara.

La defensora asegura que actualmente los pueblos son el legado de toda la tradición zapatista, que lucha por mantener este concepto de territorio desde la vida cotidiana. “Seguimos luchando para que se nos respete la libre determinación, que las asambleas comunitarias sean las que decidan el rumbo de nuestras comunidades, y por ello existe un encuentro violento y fortuito con el Estado, un Estado que intenta ver en nuestro territorio espacios donde se genera ganancia”, subraya la maestra comunitaria.

Breve recorrido actual de luchas

Fernanda Tomasini, docente y miembro de la radio comunitaria Tekuan Radio “La voz de los guardianes de los cerros”, para entender el contexto menciona “que a partir del 2000 y hasta el 2012 se impulsaron proyectos de urbanización que se enmarcan en el territorio de Alpuyeca, como el basurero e infraestructura de centros de inmobiliarios que generaron varios conflictos, lo que originó varias luchas importantes en esta región”.

La maestra Guadalupe Závago recuerda que, “en el año 2006, mi comunidad me nombra mediante la Asamblea Comunitaria como parte de la comisión que le dará seguimiento a la petición del cierre técnico del basurero que por más de 30 años había estado activo, en una de las barrancas más importantes de nuestra comunidad, a las faldas del río de la Calabaza y el río el Jumil”.

Las comunidades de Morelos conservan una fuerte tradición organizativa, y cuenta la maestra que la Asamblea Comunitaria la mandata a darle seguimiento a la lucha contra el basurero. “Nos dimos cuenta de que mucha gente estaba muriendo de cáncer, niños y niñas estaban naciendo con malformaciones, y los casos de problemas renales habían aumentado considerablemente. Iniciamos esta petición formal primeramente por oficios, pero el gobierno se negó diciendo que teníamos que probar que era una fuente de contaminación. Nuestra respuesta fue que ellos probaran que no es una fuente de contaminación”.

Era claro que la demanda era de Alpuyeca, cuenta la maestra Guadalupe, “pero también se la apropiaron pueblos de aguas abajo, como Xoxocotla, Atlacholoaya, Tetelpa, Ahuhuetzingo, ya que estaban siendo afectados sus mantos freáticos a través de los mixciliados (método de filtración ), y las constantes quemas de basura que existían en el basurero. Esto se agravaba en el verano con las altas temperaturas, porque el gas metano hacia explosión y entonces incendiaba el basurero, provocando que se liberaran al aire dioxinas y furanos (compuestos tóxicos) que son altamente cancerígenos. Ganamos la lucha, pero en ese lugar existen ahora 90 millones de basura sepultada”.

Fernanda Tomasini relata que el cierre del basurero es importante ya que fue una de las primeras luchas que tuvieron una victoria, y después se desarrolló la lucha de los trece pueblos en una etapa de proyectos de urbanización. En el 2012, se comienzan a introducir proyectos mucho más amplios, como el Proyecto Integral Morelos, cuyo fin es la generación de energía eléctrica a partir de gas natural.

Otro proyecto “con estas mismas características es el proyecto minero a cielo abierto de la empresa Zacatecas Silvert, para extraer oro, varita y mercurio, y abarca parte de la zona sur, que es Alpuyeca, Tetlama, Cuentepec, Coatetelco, con una concesión por cien años otorgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto”.

“Nos parece algo monstruoso ya que no sólo condenamos a estas generaciones, sino también a generaciones que aún no han nacido, a vivir en un ambiente contaminado. Este proyecto minero se pretende realizar en el Cerro del Jumil y la Calabaza, justamente donde está colocado el basurero. Actualmente está en la fase de exploración, no han entrado a la fase de explotación porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no les ha entregado la manifestación de impacto ambiental, pero es preocupante esta situación de constante incertidumbre”, dice.

“Nuestro territorio se ubica geográficamente como paso, donde tú quieres ir pasas por Alpuyeca, si quieres ir a balnearios, zonas arqueológicas, o incluso al mar, tienes que pasar por este territorio, por eso es codiciado por empresarios y es asediado por inmobiliarias, proyectos de parques acuáticos y de tiendas comerciales”, exponen las defensoras del territorio.

“Nos hemos opuesto y ellos han tenido como estrategia la división de las comunidades y darles dádivas en pantallas, prácticas clientelares que utilizan las empresas. Han comprado con las rentas de las tierras a los y las comuneras, en Tetlama y Cuentepec, y han generado un ambiente territorial de violencia que marca la persecución de los defensores y defensoras”, agregan.

Proyecto de Comunicación Tecuan Radio, Los guardianes de la Montaña 

Las maestras Guadalupe Závago y Fernanda Tomasini son parte del grupo fundador de Tekuan Radio. Como docentes y defensoras del territorio se dieron a la tarea de emprender el uso de la comunicación para informar, enseñar y fomentar la vida comunitaria en la región.

Sobre el origen de la radio, Závago explica: “el país en las últimas décadas se ha vuelto presa del crimen organizado y nuestro territorio no ha sido la excepción. Desde el 2017 el crimen organizado nos ha impuesto no salir a las calles. Nos cuestionamos entonces por qué detener la vida comunitaria y cómo mantenernos cerca de nuestros compañeros y compañeras, cómo mantener la organización. Entonces en 2020 pensamos que la radio comunitaria podía ser un espacio con el que podíamos seguir organizándonos territorialmente y comenzamos el proyecto de Tekuan Radio, La Voz de Los Guardianes de los Cerros”.

“Nosotros decimos que antes de la pandemia a nosotros ya nos había metido a nuestras casas la delincuencia organizada. Empezamos a hablar sobre cómo resolver conflictos mediante la paz, mediante el diálogo, y vimos que esto lo podíamos hacer con la radio. Convocamos a grupo de jóvenes, y como nosotras trabajamos con infancias, desde la escuela comenzamos a formar a comunicadores y comunicadoras comunitarias”, resume.

Con la pandemia, el Estado pidió a los profesores dar las clases mediante plataformas virtuales, por televisión, pero las docentes “tenemos un fuerte problema ahí, ya que nuestros niños y niñas no tienen computadora, no tienen celular y por eso echamos a andar la radio comunitaria en la escuela”.

“Los maestros y maestras tenemos que convertirnos ahora en locutores y locutoras, tenemos que aprender a manejar un transmisor, una consola, y si hablamos frente a un grupo, ahora tenemos que hablar frente a un micrófono, para que nuestra voz viaje mediante ondas, pero desarrollamos toda una estrategia pedagógica a partir de la radio”, cuenta orgullosa Závago.

“Esta estrategia con la radio consiste en que todos los días demos una hora de clase por grado escolar, y esto se extiende a niños y niñas de otras comunidades o escuelas que estaban teniendo los mismos problemas para acceder a las plataformas virtuales que decía el Estado que se tenían que usar. Logramos realizar una pedagogía de enseñanza a partir de la radio, mediante la radio podíamos estar haciendo composta, realizando el huerto escolar, enseñando matemáticas y entonces los niños y niñas comienzan a encontrar un medio desde el cual se están encontrando, y esto trasciende también en los adultos, en tejer palabras entre todas todos y todas y encontrando que nuestra radio comunitaria es el medio común para encontrarnos en las adversidades también”.

Pero a pesar de las acciones en favor de la comunidad, la niñez, el medio ambiente y el territorio, el Estado, sus instituciones y las autoridades no cesan las intimidaciones. “Vemos que el ataque que está realizando el IEBE, a maestros que están en comunidades que alzan la voz, contra el gasoducto, o proyectos mineros, contra injusticas, es otra forma de callarnos”, concluyen las docentes comunitarias.