Villahermosa, Tab., 16 de octubre. Tabasco es el tercer estado de México con mayor número de secuestros masivos, todos de migrantes; es el punto fronterizo por donde entran entre 200 y 300 migrantes procedentes de Centroamérica cada día. Por su territorio cruza el tramo más atacado por los secuestradores en la ruta ferroviaria.

Aquí suele empezar uno de los viajes más arriesgados que se puedan emprender; aquí están encendidos muchos de los focos rojos que marcan con asaltos, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas la ruta migrante. Fray Tomás González Castillo, párroco de Tenosique y director del albergue La 72, denunció aquí ante diputados electos del Congreso local que esta realidad ocurre ante la mirada indolente de las autoridades estatales y que la mayoría de los delitos perpetrados por el crimen organizado cuenta con la colusión de policías federales, estatales y municipales.

En un encuentro de los legisladores que asumen su curul el 1º de enero con las madres de cuatro países de Centroamérica, de paso por la capital estatal en la caravana de búsqueda y denuncia por la ruta migrante del Golfo, el sacerdote y los dirigentes del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Martha Sánchez Soler y Rubén Figueroa, les demandaron que, dentro de sus facultades estatales, promuevan leyes e instituciones que dejen de perseguir y poner en riesgo a los migrantes y les proporcionen protección y condiciones para su tránsito seguro.

«Tomen nota», los instó Martha Sánchez, quien reconoció que el gobernador electo, Arturo Núñez, sabe del tema y es un político sensible, «que si bien la migración es un asunto de competencia federal, lo que sucede a las personas que pasan por su entidad es responsabilidad de las autoridades locales». Y precisó que en el caso del gran número de migrantes desaparecidos (70 mil en el sexenio, de acuerdo con un cálculo de organismos humanitarios internacionales) de muchos de ellos la última llamada a sus familias se registró desde Tabasco. Concluyó: «De ustedes depende en buena medida que su tránsito sea seguro».

Los diputados electos Casilda Ruiz, Gaspar Córdova, José del Carmen Herrera y el representante de Arturo Núñez, Ovidio Chable, aseguraron haber «tomado nota» de las recomendaciones de la sociedad y se prodigaron en promesas y buenos deseos.

Los reclamos, por lo pronto, quedaron en la mesa. Entre otros, el que subrayó Figueroa: «Hoy son las organizaciones civiles las que están haciendo el trabajo que corresponde a las autoridades».

En su turno, Tomás González Castillo advirtió que esta parada de la caravana «no fue para tomarse la foto» con las autoridades electas. Por el contrario, mencionó incidentes concretos, muy recientes y negados por el actual gobierno, como el violento asalto que sufrieron 40 hombres y mujeres centroamericanos apenas el pasado viernes, ante la pasividad de un retén de la policía municipal situado a pocos kilómetros del puesto fronterizo de El Ceibo.

Pasividad policial y cargos penales

Cuando el personal de La 72 acudió a denunciar, la policía municipal les levantó cargos penales por tráfico de personas.

Entre las demandas del MMM, el albergue de Tenosique y las coordinadoras nacionales de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras están las siguientes: desaparición del Instituto Nacional de Migración y su remplazo por una institución con verdadero apego a los derechos humanos de nacionales y extranjeros; creación de una fiscalía para la atención de personas migrantes víctimas de delito, con estructuras eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas, y leyes locales para la prevención del delito en contra de migrantes.

Política y genética

Los organismos centroamericanos que son contraparte del MMM también expusieron las demandas de sus respectivos países. Por Nicaragua habló Paola Bolognessi, del Servicio Jesuita para Migrantes, que pidió al gobierno mexicano que concilie su política de seguridad y derechos humanos para impedir que la primera implique violencia contra los centroamericanos.

Elizabeth Enríquez, de la Coordinadora de la Mesa Nacional de las Migraciones de Guatemala, subrrayó lo indispensable que es la integración de bases de datos forenses –el eterno rezago de las autoridades judiciales mexicanas– para poder cotejar muestras de ADN con información de los miles de desaparecidos en México.