En junio de 2011, la ONU declaró el acceso a internet como un derecho humano. En México, en junio de 2013, el acceso a internet se convirtió en un derecho reconocido en nuestra Constitución.
De acuerdo con cifras del 2020, obtenidas a partir de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2019, únicamente el 47.7% de la población rural en México tiene acceso a internet. Esto equivaldría a un promedio de 2 de cada 10 hogares marginalizados por las desigualdades económicas y estructurales que repercuten en el goce del acceso a internet como derecho humano en nuestro país.
Sin embargo, aún frente a los retos presentados por la contingencia sanitaria por COVID-19, la SEP optó por promover un sistema de educación en línea en respuesta al cierre de aulas que derivó de las medidas de seguridad para evitar contagios. Este sistema, que depende tanto del acceso a internet como del acceso a dispositivos (computadoras, tablets o celulares inteligentes), dejó fuera al 55.7% de los hogares mexicanos de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema de educación en línea implementado por la SEP en 2020 viene de una larga tradición de medidas que en su optimismo malinterpretan a las herramientas y tecnologías digitales como soluciones. Estas malinterpretaciones tienen costos altos, ya que al buscar solucionar problemas complejos con respuestas únicas y “homogeneizadoras”, desdibujan las particularidades inherentes a la compleja diversidad de quienes habitamos el país; amplificando las brechas que generan desigualdad y pasando por alto las condiciones específicas de los sectores que históricamente han sido vulnerados por cuestiones de raza, ubicación geográfica, nivel socioeconómico, discapacidad o género.
El acceso a la educación fue establecido como derecho en la Constitución hasta 1993, sin embargo desde 1922 las Escuelas Normales Rurales en México se consolidaron como instituciones que albergaban la formación de docentes para garantizar que existieran personas que pudieran ejercer labores pedagógicas en las distintas entidades federativas del país. Fue gracias a la organización descentralizada que las personas normalistas han podido garantizar el derecho a la educación en las distintas regiones del país, asumiendo y resarciendo las diferentes brechas y retos que enfrentan en contextos sumamente desiguales para sostener el acceso al conocimiento desde la pedagogía en comunidades campesinas e indígenas.
El caso de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá en Chiapas es particular, desde sus orígenes en 1931 (como Escuela Regional Campesina de Cerro Hueco), pasando por un cierre temporal en 1949 y resurgiendo en 1956 como la ENR de Mactumactzá de la que hablamos actualmente.
La ENR de Mactumactzá también cuenta su propia historia en sus lemas. Dice Marcelo Hernández que en la entrada principal se puede leer: “Aquí estamos los mismos de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos ¡Resistimos!”. Mientras que en su escudo destacan las palabras: “Cultura, juventud y patria”.
La resistencia de normalistas en Chiapas (ENR de Mactumactzá), Guerrero (ENR de Ayotzinapa), Puebla (ENR de Teteles), Michoacán (ENR de Tiripetío) y las regiones donde actualmente operan las otras 12 ENRs nos recuerda que la defensa de los derechos tiene muchas caras y se sostienen en los cuerpos de quienes dan la lucha por evidenciar la negligencia, el abuso de poder y también la indolencia de las distintas administraciones gubernamentales que hacen evidente la indiferencia de un Estado que ha mostrado su apatía frente a estas personas a través de la historia.
En el escudo de la ENR de Mactumactzá está la cultura que, así como la educación, también es un derecho. Sin embargo tanto el derecho a la cultura como el derecho a la educación únicamente pueden garantizarse cuando existen las condiciones que permiten el acceso a ambos, en este sentido aquí es donde podríamos ver cómo el derecho de acceso a internet se engarza tanto con la educación como con la cultura para generar una interdependencia respecto a lo que el acceso a internet podría amplificar para dar un alcance mayor tanto a las herramientas como a los recursos tanto educativos como culturales.
La responsabilidad del Estado es ineludible en cualquiera de los tres casos, donde su apatía respecto al fortalecimiento y la posibilidad de difusión tanto cultural como educativa se ha visto restringida a ofrecer soluciones tecnológicas que pretenden mostrarse como medidas eficientes, cuando su deficiencia queda evidencia al pasar por alto las desigualdades complejas que no pueden resolverse sin un plan de largo plazo que incorpore a los derechos humanos como eje fundamental para promover soluciones que pongan la dignidad de las personas al centro y genuinamente permitan el goce de derechos.
Particularmente en el caso de la ENR de Mactumactzá, se ha hecho más evidente un tema que desde la defensa de derechos digitales hemos venido anunciando por años: la imposición de soluciones tecnológicas por parte del Estado constituye la instrumentalización de medidas de control que derivan en represión y persecución a los grupos más vulnerados por la desigualdad y el abuso de poder. Respecto a esto, basta escuchar las demandas de las personas que se congregaron el 18 de mayo de este año en Chiapa de Corzo, donde normalistas y familiares exigían que les permitieran presentar el examen de ingreso al ciclo escolar de forma presencial ya que el acceso a internet -a pesar de ser un derecho- aún no está presente en sus comunidades.
El 23 de mayo, la CNDH publicó un comunicado tras la detención arbitraria de 95 estudiantes (74 mujeres y 21 hombres). El 24 de mayo liberaron a las 74 mujeres, quienes denunciaron abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual. Entre el 31 de mayo y el 1º de junio, quienes se congregaron alrededor de la ENR de Mactumactzá recibieron violencia por parte del Estado resultando en lesiones y quemaduras por gas. A la fecha, mujeres, niños, adultos mayores en su mayoría indígenas siguen recibiendo los abusos por parte de un Estado que no conforme con menoscabar derechos, priva de libertad y fomenta la violencia contra personas que han sido históricamente vitimizadas por sus abusos.
Lo que sucede en Mactumactzá no únicamente sucede ahí, ni comenzó a suceder ahora. En las ENRs de todo el país y particularmente en Teteles (Puebla), Amilcingo (Morelos), Tiripetío (Michoacán) y Ayotzinapa (Guerrero) las violencia que ejerce el Estado hacia normalistas que defienden el derecho a la educación no ha parado. Así recibimos el mes de junio este 2021, en México.
El acceso a internet, que podría ser una herramienta para fomentar el acceso a la educación, es también una herramienta que podemos usar para romper el silencio, compartir información, construir memoria y sostener la resistencia de quienes llevan siglos defendiendo otros derechos desde otras latitudes. Otros derechos que son también nuestros derechos, otras latitudes que conforman nuestro país y nuestro mundo.
No alimentemos la apatía, usemos los recursos que tengamos a la mano para solidarizarnos y llevar a cabo acciones concretas que reflejen nuestra indignación frente a la violencia que ejerce el Estado contra normalistas que resisten sus abusos. No nos rindamos, resistamos.
