Foto: Martín Vizcarra, presidente de Perú. (Wikimedia commons)

La pandemia global generada por el covid-19 está azotando al mundo y si los países más desarrollados están viéndose incapaces de contener su avance y consecuencias, en los menos desarrollados la situación se agrava todavía más. Este es el caso de Perú y los pueblos indígenas de la Amazonía peruana donde la insuficiente respuesta del Estado no solo está haciendo agonizar a unos pueblos ya de por sí abandonados sino que las medidas para contener la pandemia están siendo contraproducentes.

En la ciudad de Pucallpa, vive Fidel Nanatay Shawit, fundador de Red Intercultural de la Amazonía (REDIA), miembro de la etnia aguaruna y activista por los derechos de los pueblos indígenas. El 21 de mayo, con la pandemia ya muy avanzada, recibió una llamada de un grupo de estudiantes indígenas de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA).

“Me dijeron que la universidad se había despreocupado de ellos y que estaban prácticamente abandonados, que no tenían alimentación y que incluso algunos están infectados por el covid-19. Les pedí que redactaran un documento explicando la situación y fui a la universidad a exigir ayuda”, explica Fidel.

Los 55 estudiantes de las etnias aguaruna, shabi, asháninka y wampis quedaron varados. Algunos se habían desplazado para realizar sus pruebas de ingreso y otros estudiaban y se alojaban en la propia universidad. Fidel denuncia que los trabajadores y profesores de la Universidad han descuidado totalmente a las personas para las que realmente trabajan. Él continúa exigiendo a las instituciones y gobiernos locales y regionales que hagan algo y que traten de ayudar a regresar a los estudiantes a sus comunidades, algunas a más de cuatro o cinco días de viaje, donde al menos pueden tener alojamiento y comida. Pero si esta ayuda no se realiza cumpliendo un estricto protocolo, la solución puede tornarse en catástrofe como ha sucedido en el distrito de Trompeteros en la región de Loreto.

El caso más preocupante es el de la comunidad de Pacacuro donde 600 personas presentan síntomas de un toral de 800 habitantes

El alcalde y otros funcionarios de la ciudad de Trompeteros decidieron repartir comida viajando en barco por las comunidades del distrito obviando las recomendaciones de los pueblos indígenas. Las comunidades denuncian que no hicieron caso de las medidas de uso de equipos de protección, que se bajaron de los barcos y permanecieron por las comunidades manteniendo contacto directo con los vecinos y que no se realizaron ningún tipo de pruebas médicas antes de llevar a cabo la ayuda. A su regreso, 11 de los 21 tripulantes dieron positivo por coronavirus y parece ser que han podido estar esparciendo el virus entre unas 20 comunidades.

El caso más preocupante es el de la comunidad de Pacacuro donde600 personas presentan síntomas de un toral de 800 habitantes.

LA FALTA DE UN PLAN DIFERENCIADO

Asociaciones de pueblos indígenas de la Amazonía peruana y organizaciones en defensa de sus derechos achacan estos hechos a la falta de un plan de acción diferenciado para los pueblos indígenas que pueda garantizarles su seguridad, no solo sanitaria si no también social y económica, y que tenga en cuenta sus necesidades, idiosincrasia y vulnerabilidad.

Por eso, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que representa a 1.809 comunidades donde viven más de 650.000 hombres y mujeres indígenas, ha presentado una demandad ante la ONU contra el Gobierno peruano denunciando la “desatención evidente y reiterada discriminación” de los pueblos indígenas en los planes para enfrentar al coronavirus.

En primer lugar, denuncian que no están informando adecuadamente a las comunidades indígenas porque ni están teniendo en cuenta la brecha digital ni la traducción de dicha información en lenguas indígenas. Por otro lado, alertan que “las medidas de contención del virus impactaron desfavorablemente en la población vulnerable pues el cierre de vías ocasionó que muchos quedaran atrapados en las grandes ciudades sin recursos para volver ni para subsistir”. La conclusión final es “que las medidas dictadas por el presidente Martín Vizcarra nunca fueron pensadas en la población de mayor riesgo del país sino en el sector poblacional mas cercano a las grandes ciudades”.

Una vez más, las ONG han tenido que asumir el papel ausente del Estado. Paz y Esperanza, una organización que trabaja desde 1996 defendiendo los derechos de las poblaciones más vulnerables de Perú, y que trabaja codo con codo con organizaciones indígenas, entre ellas Aidesep, ha centrado sus esfuerzos en luchar contra la pandemia.

“Estamos desarrollando un mapeo diario de la incidencia de casos de covid-19 y su crecimiento en pueblos indígenas y materiales de fácil accesibilidad para informar a los líderes comunales sobre cómo enfrentar este proceso”, explica Jorge Arboccó, uno de los directores regionales de Paz y Esperanza.

Desde la ONG Paz y Esperanza denuncian “los programas del Estado en temas de alimentación han venido siendo los principales en facilitar la transmisión de las enfermedades»

Arboccó denuncia también que “la pandemia ha ahondado todavía más las desigualdades existentes en la Amazonía” y que “los programas del Estado en temas de alimentación han venido siendo los principales en facilitar la transmisión de las enfermedades ya que el personal del Estado enfermo ha venido entrando a comunidades indígenas llevando alimentos y la enfermedad”.

Arbocco no augura un futuro esperanzador y cree que si los planes de contención y confinamiento han afectado a los pueblos indígenas, está seguro de que los de desescalada continuarán haciéndolo.

“El Gobierno está ahora facilitando la reapertura de fronteras para la comercialización de madera y otros minerales pero no hay un plan específico para la economía indígena. Creemos que va a crecer el acaparamiento de tierras con la crisis del campo como ha sucedido en las grandes ciudades con las medicinas y las pruebas”.

Es difícil conocer datos exactos sobre los indígenas afectados por covid-19 pues otra de las denuncias de Aidesep es la falta de datos diferenciados sobre el origen étnico-racial de los infectados. Los pueblos indígenas enfrentan lo que temen que pueda desembocar en otro de los muchos etnocidios sufridos desde el principio del colonialismo. Por eso, muchas poblaciones indígenas siempre han permanecido incomunicadas bajo aislamiento voluntario por miedo al contagio de enfermedades para las que no están inmunizados. El mayor problema ahora es que nadie en el mundo lo está.

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