Los precios del tomate

BASE-IS

El aumento excesivo de los precios de algunos alimentos que forman parte de la canasta familiar fue notorio en los últimos días, particularmente el caso del tomate, producto provenientes de las fincas campesinas que subió exponencialmente sus precios al consumidor final. El fenómeno desnuda un mal crónico de la cadena agroalimentaria vigente, la excesiva dependencia hacia grandes acopiadores y a la producción extranjera.

Sarah Zevaco, economista e integrante de BASE-IS, ha dedicado sus últimas investigaciones al análisis del sistema agroalimentario dominante en Paraguay, uno de los más profundos estudios al respecto es el libro Agroindustria o agricultura campesina: ¿de dónde viene lo que comemos?, que describe cuáles son y de dónde provienen los alimentos que llegan a la mesa de las familias paraguayas.

Según la economista la actual subida del precio del tomate estaría siendo impulsada dos fenómenos que se desarrollan paralelamente, “por un lado hay un impacto de la crisis climática que ha llevado al aumento de los costos de producción, y por ende los agricultores deben subir los precios del producto en finca”, señala, agregando que la crisis climática, agravada por los impactos del modelo de agronegocios, afecta directamente al campesinado pequeño productor, sin que existan políticas de protección o mitigación como el seguro agrícola.

El otro fenómeno sería un aumento exagerado en los márgenes de ganancia por parte de los grandes acopiadores del país, las grandes cadenas de acopio y comercialización se encuentran aumentando extraordinariamente sus márgenes de ganancia, sin explicaciones razonables, afectando el precio final al consumidor. Esta alza artificial del precio se estaría usando como mecanismo de presión al gobierno para abrir la importación de hortalizas de países vecinos, con lo que las grandes acopiadoras podrían forzar una baja del precio en finca que afectará a los productores locales.

Habitualmente, “los precios bajos de compra de los rubros (cada año, en épocas de cosecha del tomate, locote, yerba mate, caña de azúcar, en particular), que no permiten siquiera cubrir los costos de producción se dan no por «el equilibrio de la demanda y oferta» sino por las decisiones de los grandes acopiadores de recurrir en estos tiempos a la importación (legal o ilegal —contrabando—) de manera a poder justamente fijar precios bajos” señala precisamente el material ¿De dónde proviene lo que comemos?.

Hasta el momento el gobierno mantiene su decisión de restringir la importación de estos productos a fin de favorecer a la producción nacional y garantizar precios justos a los agricultores. Sin embargo, recién ha tomado medidas mínimas que apuntan a bajar los precios de comercialización al público. Por ahora, el gobierno actual, al igual que los anteriores, no da muestras de tener políticas públicas que apunten a promover integralmente la agricultura campesina con políticas de acceso a tierra, asistencia técnica, créditos y canales de comercialización directa para los productos de la agricultura familiar, lo que permitirá aumentar la producción de alimentos saludables para la población, reducir la dependencia de la importación y de las grandes cadenas de acopio, que ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria.

“El Estado tiene las obligaciones y capacidades jurídicas y administrativas para intervenir en dos niveles: asegurar derechos consagrados en la Constitución Nacional y, por otro lado, proteger e impulsar la producción nacional a través de modalidades de control del contrabando y de las importaciones. Asimismo, habilitando mayores espacios de comercialización de la producción campesina con una promoción fuerte de los productos nacionales campesinos de calidad en el mercado (etiquetado campesino, favorecer acuerdos con centrales de distribución, compras públicas a la AFC para la alimentación escolar, centrales públicas de compra). Estas modalidades de intervención fueron desarrolladas en distintos niveles en otros países de América Latina, e incluso fueron difundidas en Paraguay. Hasta ahora, el Estado paraguayo viene optando por apoyar el agronegocio, por cierto, gran depredador de la agricultura campesina y de la naturaleza” concluye el Sarah Zevaco en la investigación mencionada.

Publicado originalmente en BASE-IS

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