“Los ‘Panama papers’ ponen de relieve la necesidad de hacer legalmente obligatoria, en todos los países, la divulgación pública de información sobre la titularidad real”, declaró el experto de las Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, en referencia a los documentos filtrados que muestran cómo políticos, gente adinerada y corporaciones ocultan activos en más de 21 jurisdicciones “offshore”.

Bohoslabsky señaló que la evasión de impuestos y el flujo de fondos de origen ilícito socavan la justicia, pues las compañías ficticias son utilizadas para evitar sanciones y ocultar, por ejemplo, el tráfico de drogas, el comericio ilícito de armas y el terrorismo, además de ser usadas por gobernantes autoritarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

«La evasión de impuestos destruye la confianza en las instituciones públicas y el estado de derecho y reduce el espacio fiscal para la inversión en atención de la salud, educación, seguridad social y otros bienes y servicios públicos», dijo el experto independiente. «Fondos públicos esenciales, para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todos, son robados a la gente», agregó.

«Los clientes pueden haber tenido motivos diferentes para depositar sus activos en más de 210,000 compañías ficticias (shell companies). Sin embargo, la evasión de impuestos -ocultando la corrupción y los fondos criminales- parece ser una razón preminente», añadió el experto.

El conjunto de documentos filtrados y la investigación realizada apunta que los bancos e intermediarios financieros no ejercen la debida diligencia con sus clientes, e incluso colaboraron a encubrir el fraude fiscal, la corrupción y otras actividades delictivas.

“Los Estados deben poner fin al perjudicial secreto bancario para el cual no existe ninguna justificación», indicó Bohoslavsky, quien señaló que los flujos financieros ilícitos desde países en desarrollo y economías emergentes relacionados con la evasión de impuestos, la delincuencia, la corrupción y otras actividades ilícitas, ascendieron a 1.1 billones de dólares en 2013.