Los derechos legales de las mujeres para abortar han aumentado en América Latina, pero también lo han hecho las campañas y políticas para que el personal médico pueda ser objetor de conciencia y negarse a participar en estos procedimientos.
“No lo vimos venir”, afirma la activista feminista Lilián Abracinskas en Uruguay, un país laico donde el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el mercado de la marihuana fueron legalizados en la última década.
Abracinskas explica a 50.50 que mucha gente asumió que la cláusula de objeción de conciencia “no tendrían ningún impacto” en los servicios del país. “Nunca lo debatimos, y luego se convirtió en un problema”, asegura.
“La objeción de conciencia es una grave barrera” para que las mujeres accedan a los servicios en Chile, donde una ley de 2017 atenuó algunas de las restricciones sobre el aborto, añade la socióloga y defensora los derechos sexuales y reproductivos Claudia Dides.
“Hay un fuerte grupo de médicos antiabortistas; las matronas no pueden practicar abortos por sí mismas, así que esto es un obstáculo” afirma.
“Nunca lo debatimos, y luego se convirtió en un problema”
El uso del argumento de la objeción de conciencia es común tanto en Uruguay como en Chile. De las estimaciones disponibles se deduce que al menos uno de cada tres ginecólogos en estos países es objetor, e incluso más en algunas zonas.
En varias ciudades y clínicas, ha averiguado 50.50, no hay médicos que no sean objetores, obligando así a las mujeres a viajar y dificultándoles el acceso a sus recién conseguidos derechos, algo que afecta más a las más pobres.
En Argentina, por el contrario, las defensoras de los derechos de las mujeres temen nuevos esfuerzos para ampliar el alcance de la objeción de conciencia si el país aprueba la histórica reforma sobre el aborto, cuya votación está prevista para este agosto.
Ana Cristina González, física colombiana y miembro de la ONG Global Doctors for Choice, explica a 50.50 que la propagación de la objeción de conciencia al aborto es “un ataque contra la igualdad de género”.
La objeción de conciencia surgió como concepto significativo en el siglo XX, como el derecho a negarse a servir en el ejército. Ahora se usa cada vez más para exigir exenciones a leyes que van en contra de creencias personales.
Según un estudio de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, hay al menos 70 países u otras jurisdicciones que reconocen la objeción de conciencia en el contexto de asistencia para abortar.
A lo largo de Latinoamérica, donde varias naciones están atenuando sus restrictivas leyes sobre el aborto, la objeción de conciencia es un tema cada vez más discutido en parlamentos, universidades, seminarios y talleres.
Se han organizado vigilias para defender a los objetores de conciencia y protestar contra las clínicas abortistas, inclusive en Colombia y México, como parte del movimiento global antiabortista 40 Days for Life.
Internacionalmente, los argumentos de objeción de conciencia también están volviéndose más comunes en países donde el aborto es legal desde hace generaciones.
En Italia, donde el aborto es legal desde hace 40 años, hasta el 70 % de los médicos son objetores de conciencia (aún más en algunas regiones).
Un proyecto de ley actualmente en la Cámara de los Lores de Reino Unidopermitiría al personal médico negarse a participar de un aborto, así como en la atención previa y posterior al mismo.
En Uruguay, una ley de 2012 legalizó el aborto bajo petición durante las primeras 12 semanas de embarazo. Pero los médicos pueden oponerse a prestar estos servicios.
En 2013, la Justicia uruguaya dictaminó que no se les debería impedir a los médicos influir en las decisiones de los pacientes (aunque se negaron a extender los derechos de objeción al personal que participa en la atención previa y posterior al aborto).
Actualmente, los reportajes en los medios locales dicen con regularidad que el 30 % de los ginecólogos del país son objetores de conciencia, pero la fuente de la que proviene esta cifra no está clara. No hay registros oficiales de objetores.
Respondiendo a una petición pública de información, a principios de este año la ONG que dirige Abracinskas, Mujeres y Salud en Uruguay (MYSU), obtuvo una lista incompleta de porcentajes de objeción de 47 entidades médicas públicas y privadas.
Según este documento, revisado por 50.50, ocho entidades presentaron un porcentaje del 80-100 %. Otras 14 revelaron que entre un 50-67 %.
Ana Visconti del Ministerio de Salud, quien estima que la tasa nacional de objetores es en realidad del 40 %, cuenta a 50.50 que proveer información sobre ciudades concretas que no cuentan con servicios para abortar podría infringir el derecho de privacidad de los médicos.
“Lo que importa es que cualquier mujer que solicite un aborto lo tenga, incluso si tienen que ser transferidas a otra ciudad. Nos aseguramos de que así sea” afirma.
“Lo que importa es que cualquier mujer que solicite un aborto lo tenga”
No obstante, las mujeres pueden aún así tener dificultades para acceder a abortos legales en Uruguay debido a la objeción de conciencia combinada con otras complicaciones de la ley.
Antes de recibir la píldora abortiva, una mujer debe someterse a cinco días de “reflexión” y a tres consultas médicas diferentes (incluida una con un equipo formado por un ginecólogo, un psicólogo y un trabajador social).
En ciudades pequeñas con un gran porcentaje de objetores de conciencia o sin los profesionales necesarios para estas obligadas consultas, las mujeres pueden tener que desplazarse hasta tres veces para pasar por estos pasos obligatorios.
Francisco Coppola, profesor asociado de Ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, explica a 50.50 que algunos objetores de conciencia remitirán pacientes a otros médicos que no objetan.
“No entorpecen la ley y les protegemos” asegura. Pero, añade Coppola, hay otros que hacen “un mal uso” de la cláusula de objeción y “en lugar de informar y ayudar [a la paciente], simplemente le dicen: ‘lo que haces es matar’”.
En Argentina, el aborto está actualmente restringido a casos de violación o en los que la vida o salud de la mujer está en peligro, aunque ahora hay una histórica propuesta de ley ante el Congreso para cambiar esto y ampliar los derechos sobre el aborto.
Soledad Deza, abogada y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, representó anteriormente a Belén, una joven que se presentó ante una sala de urgencias en 2014 con una grave hemorragia vaginal debido a un aborto natural.
Acusada de haberse sometido a un aborto ilegal, con cargos de asesinato con agravantes y sentenciada a ocho años de cárcel, Belén fue exonerada y liberada en 2017 después de más de dos años entre rejas.
Deza ha sido una activista prominente de la propuesta de ley para legalizar el aborto en Argentina, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en junio y ahora está pendiente de aprobación en el Senado, donde se espera su votación en agosto.
Asegura que la objeción de conciencia también surgió en los debates sobre esta propuesta de ley y que se incluyó en el texto como una “moneda de cambio clave” para los conservadores.
La objeción de conciencia surgió como una “moneda de cambio clave” para los conservadores.
La objeción de conciencia ya se reconoce en Argentina en los procedimientos de esterilización, contracepción y los (actualmente muy restringidos) abortos.
Debido al uso generalizado de estas objeciones, sólo dos de los cinco hospitales públicos en la provincia de Tucumán pueden garantizar la práctica de los pocos abortos permitidos en este momento por la ley, según la solicitud de información pública presentada por Deza.
Curiosamente, no se tiene constancia de ningún objetor en las clínicas privadasde la provincia, aunque los mismos médicos pueden trabajar tanto en los servicios públicos como privados. “Eso es un doble rasero” que va en contra las mujeres pobres, afirma Deza.
Católicas por el Derecho a Decidir halló lo mismo en Buenos Aires y las provincias de Jujuy, Salta y Entre Ríos: un número significativo de objetores de conciencia registrados en los hospitales públicos, pero ninguno en las clínicas privadas.
Actualmente hay límites sobre lo que los médicos pueden negarse a hacer. No pueden, por ejemplo, negarse a proveer información sobre abortos, y también están obligados a practicar abortos cuando el personal no objetor no está disponible.
Estos límites podrían ser cuestionados pronto, lo que preocupa a Deza.
En el vecino Chile, una ley de 2017 atenuó las restricciones al aborto permitiéndolo en casos de violación, en los que la vida o salud de la mujer está en riesgo o cuando el feto no es viable. Antes, el aborto estaba prohibido bajo cualquier circunstancia, desde 1989.
La ley chilena también reconoce el derecho a la objeción de conciencia de ginecólogos y otros profesionales sanitarios. El Tribunal Constitucionaldictaminó además que este derecho debería aplicarse en los servicios de salud privada a nivel institucional.
Según las cifras publicadas en junio, el 47 % de los ginecólogos de la sanidad pública en 33 ciudades chilenas son objetores de conciencia. En 16 ciudades esta tasa supera el 50 %. En siete varían entre el 70 % y el 100 %.
Otras cifras no cuadran, y sugieren que aún se llevan a cabo abortos clandestinos, a pesar de las reformas legales.
Según las cifras oficiales, sólo se han practicado 309 abortos legales en Chile desde que la ley fue aprobada, mientras que las estimaciones previas de abortos clandestinos iban desde los 19.000 a los 160.000 al año.
La brecha es grande también en Uruguay con 9.380 abortos legales en 2017 yestimaciones anteriores de entre 16.000 y 33.000 procedimientos clandestinos al año.
Visconti, del Ministerio de Salud de Uruguay, asegura que estas estimaciones nunca fueron correctas. Pero Abracinskas, de la ONG MYSU, afirma que las estadísticas actuales tampoco muestran la realidad al completo, ya que solo reflejan los abortos practicados por personal médico.
En 2016, una mujer de 21 años murió en Uruguay después de un aborto ilícito a las 19 semanas. En 2015, una mujer fue encarcelada por someterse a un aborto ilegal.
Para las defensoras de los derechos de las mujeres la amenaza es clara: la objeción de conciencia, popularizada por los pacifistas como un argumento moral para no ir a la guerra, está poniendo en riesgo el acceso de las mujeres a servicios que tanto necesitan.
Aquí, cuenta Deza, el resultado potencial “no es un estado perdiendo a un soldado, es una mujer perdiendo su derecho a una asistencia sanitaria segura y legal”.
Publicado originalmente en openDemocracy
