Comenzó la etapa final de un juicio dilatadísimo: a 15 años de lo sucedido y 20 meses de querella, el tribunal de Comodoro Py estará en condiciones de fallar sobre la responsabilidad de los ex agentes de la Policía Federal argentina y el secretario de seguridad de entonces, Enrique Mathov, acusados de los 5 muertos y centenas de heridos que dejó la represión en Plaza de Mayo, Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2001.

En la tarde de hoy terminarán los alegatos finales de la causa judicial, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 6, que acusó a 17 jerarcas, tanto políticos, como policiales del Estado argentino.

Según reporta Télam, la agencia oficial, los principales imputados son el secretario de Seguridad del gobierno de De La Rúa, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal, Rúben Santos; el ex director de Operaciones de la Policía Federal, Norberto Gaudiero, y el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi. En total, son 16 ex agentes de la Policía Federal y Mathov.

El juicio comenzó en febrero del año pasado y tras 20 meses de audiencias, esta semana comenzaron los alegatos finales del juicio. Según reporta la agencia de noticias Infojus, la audiencia de hoy que debía comenzar a las 9 se demoró hasta las 11 (hora argentina), porque “con el objeto de que los alegatos se transmitan a través del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora no había difundido las audiencias. Problemas técnicos lo impidieron”.

Los jueces de la dilatada causa son José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín. Infojus aclara que la querella iniciada por los familiares de Alberto Márquez, es “el único caso por el que están acusados de homicidio nueve ex agentes de Asuntos Internos de la Federal”. Es decir, sólo uno de los homicidios está siendo juzgado en esta causa. Tiene también que responder por los intentos de homicidio Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, sobrevivientes de la represión.

Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales y querellante en la causa por Riva y Lamagna, dijo a Télam que «se demostró que la Policía llevó adelante un operativo de represión para disuadir a los manifestantes con hechos de violencia que dejaron en evidencia que ese accionar policial no fue en cualquier contexto sino durante el estado de sitio».

Los días 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron la historia argentina. Un país fundido y saqueado, enfrentó una crisis institucional que le hizo probar 5 presidentes en una semana, a partir de la renuncia de Fernando De la Rúa, que decretó el Estado de Sitio antes de abandonar la casa rosada en un helicóptero.

La gente se volcó a las calles y la represión policial buscó arrasar con la gente movilizada. ¡Que se vayan todos! Fue el grito unánime que se enarboló entonces. La mayoría de los que tomaron las calles se autoconvocaron, minimizando el accionar de partidos y organizaciones en la cuestión.

La causa en cuestión investiga las muertes ocurridas en Plaza de Mayo, pero no fueron las únicas personas fallecidas durante esos días por las balas policiales. Uno de los casos más sonados fue el asesinato de dos jóvenes, conocido como la “Masacre de Avellaneda”.

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, de 22 y 21 años respectivamente, ambos integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, estaban presentes en el intento de corte del Puente Pueyrredón, uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que cruza sobre el Riachuelo y la une con la Ciudad de Avellaneda.

La cara visible de la represión fue el nefasto comisario Adrián Franchiotti, que en todo momento intentó negar el uso de munición real por parte de la policía. Kosteki fue baleado primero cerca de la Estación Avellaneda y Santillán fue ajusticiado cuando intentaba proteger el cuerpo baleado de su compañero. En enero de 2006, Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, principal sospechoso de ser el autor material del ajusticiamiento de Santillán. Aunque muchos testigos señalaban directamente al comisario. Otros seis policías también fueron condenados.

El documental del director argentino, Patricio Escobar, titulado “La crisis se cobró dos nuevas muertes” demuestra la connivencia de los principales diarios capitalinos, Clarín a la cabeza, que desde el primer momento tuvieron en su poder las fotos que mostraban la responsabilidad de la policía en las muertes y la impunidad con la que actuaron los agentes, que movieron los cuerpos pretendiendo falsear la verdad de los hechos.

Esos días históricos fueron también el comienzo de la mayoría de las variadas experiencias de autogestión que casi 15 años más tarde, se mantienen vivas y luchando. Hay más de 200 experiencias de trabajadores sin patrón, que a partir de ese día, dejaron de confiar en las instituciones y se pusieron manos a la obra, gestionando sus propios lugares de trabajo.

Así como el fuerte proceso asambleario que se instaló en barrios, localidades y ciudades que asumieron la gestión de sus territorios ante la oportunidad que les brindó la crisis institucional.

En este video del Cels pueden verse algunas imágenes de la represión del 20 de diciembre de 2001, en Plaza de Mayo: