Ciudad de México | Desinformémonos. En presencia de al menos tres meseros más y los comensales de la Taquería Guelaguetza en la avenida Constituyentes, una de las avenidas más importantes y céntricas de Querétaro, un mesero golpeó a una mujer, como respuesta a la discusión que entablaban.

“Hubo mucha gente viendo, incluso grabando y nadie se acercó rápidamente para auxiliar a la mujer. Tiene que ver con la normalización de la violencia hacia las mujeres. Después de lo ocurrido se generaron reacciones machistas que justificaban al agresor, culpando a la mujer de haber ocasionado la golpiza», dijo a Desinformémonos Aleida Quintana, integrante del Grupo Interdisciplinario Tékéi en Querétaro, quien asegura que la reacción pronta de las autoridades a favor de la mujer se debió a “la presión generada en redes sociales luego de la difusión del video que muestra la agresión”.

“Normalmente no es así, la carta de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y del Instituto Queretano de las Mujeres para que canalizaran o vincularan a la joven golpeada con el Instituto es algo que no se había hecho antes. En otros casos la realidad ha sido otra. Las mujeres agredidas físicamente ya sea en espacios públicos o privados en Querétaro siguen siendo objeto de negligencias y omisiones de la Fiscalía que atiende esos casos. Reproducen los estereotipos de género y normalizan de la violencia a la que estamos expuestas las mujeres”, afirma la joven activista.

Después de que el 30 de octubre se difundiera el video en el que la mujer es golpeada en un espacio público, activistas y feministas de Querétaro que impulsan la alerta de género en el estado, por el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres, ejemplifican ese caso como la visión que existe en algunos hombres respecto del cuerpo e integridad de las mujeres.

De enero de 2015 a octubre de 2016 el Grupo Interdisciplinario Tékéi ha documentado 38 feminicidios en el estado, principalmente en Huimilpan, Corregidora, en la ciudad de Querétaro, El Marques y Arroyo seco. «Muchos son en comunidades donde prevalece la población indígena. Además del feminicidio de alguna de sus familiares, las familias sufren mayor discriminación por la condición étnica y de desigualdad económica. Recientemente hubo un caso de una menor de 13 años hablante de legua indígena asesinada por un vecino. Cuando se levantó la denuncia le negaron a su mamá el derecho a un interprete. Hasta días después la madre supo lo ocurrido a su hija”, afirma la defensora de los derechos de las mujeres, quien asegura que es urgente la capacitación a las propias autoridades para combatir los feminicidios y garantizar el acceso a la justicia.

“Lamentablemente las y los impartidores de justicia y en general las autoridades de todos los niveles, desconocen y no dimensionan la gravedad de la situación. El presidente municipal de Colón, lugar en donde una niña de dos años fue abusada sexualmente y posteriormente asesinada, dijo que no era feminicidio porque la niña era menor. Hay también una negativa de hablar públicamente sobre la situación de los feminicidios en el estado, el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien es del PAN, no ha hablado al respecto, quien lo ha hecho es la titular del Instituto de las Mujeres. En los primeros meses de este sexenio había incluso una negativa de reconocer a los feminicidios como tal”, dijo Aleida Quintana, quien por su labor de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y por documentar y visibilizar los feminicidios ha recibido una serie de amenazas, incluidas amenazas de muerte, las cuales a la fecha permanecen impunes.

La integrante del Grupo Interdisciplinario Tékéi recuerda que a inicios del gobierno estatal actual, “las autoridades aseguraban que no se vivía una situación grave, que las mujeres habían sido asesinadas porque eran prostitutas o porque estaban fuera de su casa altas horas de la noche, pero luego del proceso de solicitud de alerta de género y de las recomendaciones que hizo lua Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) su percepción cambió un poco».

A decir de Aleida Quintana, “desde el ámbito público las dependencias tienen que reconocer la situación real que estamos viviendo las mujeres en el estado y a nivel nacional, es urgente que se generen protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, que se capacite a las y los servidores públicos que están recibiendo esas denuncias, que se generen campañas que den a conocer a las mujeres el procedimiento para poner una denuncia, la dependencia, sus derechos. Hemos acompañado algunos casos incluso de intento de homicidio con arma punzo cortante, arma de fuego o asfixia de mujeres que acuden a la Fiscalía o al Centro para mujeres y las y los propios funcionarios tratan de disuadir la denuncia justificando al agresor, eso no pude continuar así”.

A través de solicitudes de información a la Fiscalía, el Grupo Interdisciplinario Tékéi documentó de junio de 2015 a mayo de 2016 la desaparición de 470 personas de ellas, 242 son mujeres y todos tienen un expediente en por desaparición ante la propia Fiscalía.

“Falta generar acciones preventivas y acciones inmediatas, en 2015 desapareció una niña de cinco años de edad, no se activó la alerta amber, que hubiera iniciado la localización de la niña, 20 días después su cuerpo y el de su madre fueron encontrados en un municipio de Michoacán. No se otorgan medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia justificando que es un proceso innecesario o una exageración y después eso deriva en feminicidios que pudieron haberse evitado. Hay una emergencia nacional ante la cual es necesario que las mujeres nos solidaricemos con otras mujeres, generar vínculos de seguridad comunitaria entre nosotras mientras esta situación mejora”, finaliza Aleida Quintana.