Un tema grave que aqueja a decenas de familias guerrerenses no esta siendo atendido por el nuevo gobierno del estado. El plan estatal de desarrollo que es el documento rector para la implementación de políticas públicas no tiene como eje transversal la perspectiva de derechos humanos, sus objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores no están nutridos de los lineamientos básicos que recomiendan los organismos internacionales de derechos humanos, que deben centrar sus acciones en la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas. Esta carencia reduce la visión de estado que deben asumir nuestros gobernantes quienes regularmente actúan como simples administradores del presupuesto público. Sus funciones quedan supeditadas a eventos orientados a resaltar la imagen de la autoridad que están muy legos de cumplir con los objetivos planteados en el plan estatal. Es imprescindible tomar como referencia el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que es un plan especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo. El primer artículo de nuestra Constitución Política establece que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de estos derechos.

El objetivo central de este programa es implementar acciones bien articuladas con los demás órdenes de gobierno para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos. Por lo mismo se tiene que asegurar y priorizar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Centrados en esta ruta se tienen que impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos y pueblos que históricamente han sido discriminados. Se tienen que aplicar estrategias prioritarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. De igual manera se tienen que implementar medidas orientadas a la protección de los derechos de los pueblos y comunidades a la tierra, territorio y el medio ambiente sano, privilegiando la autonomía y su libre determinación.

En nuestro Estado continúan invisibilizadas las personas que son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. No se les escucha mucho menos hay interés para atender sus planteamientos básicos. Tienen que movilizarse y ejercer presión para que los canalicen con funcionarios menores que no tienen capacidad para tomar decisiones. Las personas que pertenecen a comunidades indígenas y afromexicanas de manera sistemática son relegadas y discriminadas. Persiste la postura etnocéntrica y racista de que las personas que no hablan español son atrasadas y por lo mismo, solo son objeto de conmiseración.

Las autoridades han olvidado que las luchas de los colectivos, familiares y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos son quienes han dado la pelea contra un sistema burocrático, corrupto y protector de quienes violan los derechos humanos. Han peleado para derribar el muro de la impunidad. Tuvieron que levantar la voz y empuñar las armas para contener esta política belicista impulsada por el mismo presidente de la república que utilizó al ejército mexicano como su brazo armado. En nuestro estado se han librado batallas tanto en las principales ciudades como Chilpancingo, Acapulco, Iguala, como en la multiplicidad de comunidades campesinas e indígenas que han demostrado tener casta para hacer exigibles sus derechos humanos y refundar un estado basado en el estado de derecho y en la justicia para las víctimas. A pesar de estas luchas emblemáticas, las autoridades e los tres niveles de gobierno siguen sin colocar a las personas, familiares. Colectivos, sobrevivientes y organizaciones sociales en el centro de su atención, para proteger sus derechos fundamentales.

El nuestro estado el desplazamiento forzado, es un problema que viene de décadas, por las acciones virulentas de los caciques que se coludieron con el ejército para desplazar a familias de sus territorios. Por décadas persiste una política basada en el saqueo de los bienes naturales que se encuentran en territorios comunitarios. Las políticas extractivistas es una constante en todos los gobiernos desde que se fundó nuestro estado. Por décadas las empresas mineras han desplazado a las comunidades rurales. Los desplazamientos también se dieron con la construcción de hidroeléctricas, causando graves daños a la población local y el mismo hábitat que es catalogado como sagrado por los verdaderos dueños de estos enclaves estratégicos. En las últimas décadas los desplazamientos forzados internos están íntimamente relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.

El desplazamiento forzado  se da lo mismo a nivel de comunidades completas o  de familias que han sufrido algún secuestro, alguna extorsión o les han asesinado a algún familiar. De acuerdo con datos de las organizaciones civiles y académicos, se tiene un registro  de julio del 2013  a la fecha, de  cinco mil personas. De 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado.  Entre los municipios con desplazamientos masivos se encuentran Acapulco, el destino turístico más conocido de México. En la zona Norte sobresalen Apaxtla, Iguala, Teloloapan, Taxco y Huitzuco. En la Tierra Caliente Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Zirándaro, Ajuchitlán del Progreso y Tlapehuala; en la zona Centro aparecen Chilpancingo, Tlacotepec, Leonardo Bravo, Tierra Colorada. En la Costa Grande, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Atoyac. En la Montaña baja Chilpa y Zitlala. En la Montaña Alta Zapotitlán Tablas, Metlatonoc y Cochoapa el Grande.

En los municipios de Tierra Caliente y Región Centro se encuentra el cinturón de oro del estado de guerrero. En estas zonas hay miles de hectáreas que están concesionadas a empresas mineras de varios países del mundo como China y Canadá. Estas vetas han propiciado una disputa férrea entre los diferentes grupos del crimen organizado para tomar el control del territorio. Las mismas autoridades estatales han alentado la explotación minera a cielo abierto y se han comprometido a garantizar su expansión como una actividad económica prioritaria, brindándole seguridad con el ejército y la guardia nacional para explotar sin problemas la tierra concesionada y la extracción incontrolable del agua. Las familias que viven de las actividades agrícolas han sido desplazadas a las ciudades de Chilpancingo e Iguala, sin que las autoridades se responsabilicen atenderlas. Su atención se centra en la protección a los empresarios mineros pero no a las familias pobres.

Las compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos desde el 2011 han realizado un trabajo riesgoso al acompañar a más de 30 familias de las comunidades de Hacienda de Dolores y la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. En esa región inhóspita tuvieron la fuerza para organizarse y no permitir la explotación inmoderada de los bosques. Por esa causa noble asesinaron  a 27 campesinos y desaparecieron a 3 de ellos. Ante la violencia imparable se vieron obligados a desplazarse proteger su vida. Salieron de sus comunidades hacia lugares que jamás habían conocido. Dejaron todo y solo se llevaron su ropa y algunas cobijas. Hasta la fecha el gobierno del estado y el gobierno federal no han tenido la voluntad para atender de fondo este problema. Siguen abandonados enfrentando la violencia y multiplicidad de carencias. 16 familias son Tondonicua, municipio de Petatlán; 6 de la localidad de Tepango y 9 de la Unión. Todas ellas han encontrado refugio en la cabecera municipal de Ayutla los Libres. Desde el 2011 han tenido que desplazarse en dos ocasiones. La primera se debió al asesinato de su dirigente Rubén Santana Alonso y la segunda por el asesinato Juventina Villa Mojica y su menor hijo Reynaldo Santana Villa, esposa e hijo de Rubén.

El caso de Quetzalcoatlán de las Palmas municipio de Zitlala, es una comunidad indígena que fue víctima de violencia delincuencial que en enero del 2016 se vieron obligadas a salir de la comunidad ante el asesinato de seis personas, lamentablemente las autoridades municipales de Chilapa y de Zitlala evadieron su responsabilidad de brindarles protección dejando a la deriva a un gran número de mujeres indígenas que con sus niños deambulan en otras comunidades. Siguen con el gran temor de que puedan ser desaparecidos.

La comunidad de Carrizalillo municipio de Eduardo Neri, donde la situación se encuentra asentada la empresa canadiense Gold Corp, desde el 2014 la comunidad quedó a expensas de un grupo del crimen organizado. El control que impusieron sobre la población generó temor y algunas familias optaron por salir de la comunidad. Posteriormente se generó una disputa con otro grupo antagónico que causó varios asesinatos por los enfrentamientos constantes que se suscitaban en la zona dejando a la comunidad en un dilema de tener que alinearse a los dictados de los grupos armados. Hay un registro de 50 familias desplazadas de la comunidad de Carrizalillo con un número total de 213 personas, que prefieren vivir en la clandestinidad porque tienen fundados temores de que pueden ser privados de la vida.

En el presente año se tiene un registro de comunidades desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa. En las comunidades nahuas de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, el pasado 9 de junio huyeron ante la amenaza difundida en Facebook de que un grupo de la delincuencia asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades, las madres y padres salieron con sus hijos y algunos enseres domésticos para ponerse a salvo. En Tepozcuautla de un número aproximado de 400 familias, solo permanecen 12 en la comunidad. En Ahuihuiyulco de las 1320 habitantes casi la mayoría de personas han abandonado la comunidad. En Tetitlán de las Limas la gente tomó con más reservas este mensaje y solo algunas familias se encuentran desplazadas. A pesar de que hay presencia militar y policiaca en estas comunidades la gente no se siente segura, sobre todo porque no siente cerca a las autoridades municipales. Tienen la amarga experiencia de que por ser indígena no tienen derechos. Enfrentan esta avalancha delincuencial sin ninguna garantía de que su vida y su seguridad estarán a salvo. Este drama es compartido por un gran número de familias que a lo largo y ancho del estado enfrentan el flagelo del desplazamiento forzado y lo más cruento es que experimentan la indiferencia y el olvido de las autoridades del estado.

Foto: Eduardo Castellano

Publicado originalmente en Tlachinollan