Entre la clase política, el abrazo efusivo de año nuevo condensó lo más disímil de sus deseos, sobre todo cuando estamos en los albores de un año electoral. Este espectro de personajes marcados por la ambición, son el reverso de la realidad que padecen las familias mayoritariamente pobres del estado, quienes en su sana convivencia y en medio de su precariedad, comparten deseos e ilusiones para que termine esta pesadilla. Sus deseos son la expresión viva de su dolor y de su sufrimiento; de lo que implica tener un ser querido desaparecido o de ser víctima del horror, causado por seres siniestros que asesinan con la seguridad de que sus crímenes engrosarán las carpetas de investigación marcadas por la impunidad.
Los deseos de los políticos y gobernantes giran en torno a mantener y acrecentar sus privilegios. En los hechos esto se traduce en que el sistema de muerte y explotación se mantenga incólume. Que el modelo económico se afiance con la aplicación de las reformas legislativas orientadas a privatizar los bienes de la nación y a violentar los derechos fundamentales de la población. Los parabienes de la clase gobernante están centrados en su bienestar personal materializado en dinero, bienes raíces, negocios al amparo del poder, vida placentera, joyas y todas las excentricidades posibles, como la del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien cínicamente portaba un reloj de 6 millones de pesos, para demostrar su poder adquisitivo y el tamaño de su vanidad.
Lo que desean los políticos es diametralmente opuesto a lo que desea el pueblo sumido en la pobreza y la violencia. Para los que gobiernan, su máxima aspiración es tener el control de los negocios más lucrativos de su administración para cumplir con su sueño, de formar parte de las elites económicas del país. Afianzar el poder económico y asegurar su futuro político, es la motivación más profunda que aguardan en esta fiesta de fin de año. Lo que resalta es el ego, el interés mezquino, que sería una aspiración legítima, siempre y cuando no transgredieran la ley ni se apropiara ilícitamente de los recursos públicos. Para alcanzar estas metas y ser acreedor de estas fantasías se necesita mantener intacta la estructura delincuencial, cuyo motor es la corrupción, que es la fuerza y la razón de ser de una clase política truculenta, ávida de dinero.
El brindis de los políticos y empresarios es concretar proyectos económicos a costa del despojo, el saqueo y la expoliación de la clase trabajadora, en cuyo hábitat se encuentran los bienes más preciados para el capital trasnacional. El petróleo, el gas, el agua y las minas, forman parte de los meproyectos extractivistas que demandan el uso de la fuerza del estado y la aplicación férrea de la ley para expulsar a la población nativa y encarcelar a sus dirigentes comunitarios, que luchan para defender sus territorios. Los deseos del capital se caracterizan por la voracidad y la acción depredadora. Su ruindad para las comunidades rurales se transforma en éxito y prosperidad. En este sistema económico los deseos y proyectos de las cúpulas políticas y empresariales se transforman en desdicha y tragedia para la población cuyo trabajo no es remunerado o que esporádicamente cuenta con algún ingreso para apenas sobrevivir.
La institucionalización de la corrupción ha permitido que los negocios de la economía criminal formen parte de este sistema político, que requiere de recursos financieros ilícitos para lavarlos y multiplicar las ganancias en el menor tiempo posible. Para que pueda funcionar sin contrapesos, los mismos grupos de poder establecen alianzas con el crimen organizado. Lo fundamental en este trueque es asegurar que las grandes ganancias que fluyen del narcotráfico, (que son mayores a las que manejan en los presupuestos oficiales), se integren a la gran maquinaria del capital trasnacional, que solo puede funcionar si se mueven grandes cantidades de dinero. En esta lógica delincuencial de la acumulación capitalista, el éxito no está en la distribución equitativa de la riqueza, tampoco en la justicia social, ni en el mejoramiento de las condiciones de vida. Es más bien una amenaza al sistema dominante. Por lo mismo, no le interesa abatir los índices de analfabetismo, ni ser garante de los servicios de salud entre la población más marginada. El derecho a la alimentación y a contar con una vivienda digna, no son metas que se comprometan a cumplir los gobernantes durante su período de gobierno. Todo se posterga y solo se hacen cuentas alegres con los programas asistencialistas que sirven para asegurar clientelas políticas. La apuesta en cada sexenio no es asegurar un salario justo sino un salario de hambre, la moneda de cambio, es la sobre explotación de la mano de obra, el saqueo de los bienes estratégicos, el despojo sistemático y la precarización de la vida en la ciudad y en el campo. Ante esta embestida del modelo neoliberal, se han ido incubando engendros políticos formados en los centros económicos que llegan como seres iluminados para aplicar a pie juntillas las directrices de la banca multilateral y de los corporativos multinacionales. Los mismos partidos políticos han perdido su esencia para el fortalecimiento de nuestro sistema democráticos. Son parte de esta estrategia privatizadora, que transforma a los partidos en gerencias que responden a los grandes intereses del mercado capitalista.
En el escenario electoral los grupos políticos se multiplican y establecen alianzas oscuras con tal de mantener y acrecentar sus parcelas de poder. No hay el más mínimo interés por tomar el pulso político que se vive en el estado y en las regiones. Sus posturas arrogantes y mafiosas los coloca por encima de lo que puedan opinar o decidir las ciudadanas y ciudadanos. Hoy tenemos a una clase política que actúa más en la lógica de las mafias, y los mismos jefes de tribus se comportan como mafiosos. Como personajes siniestros, que no les importa hacer amarres con líderes o jefes de la delincuencia organizada. Los institutos políticos en lugar de defender su expresión política o ideológica, apelando a los postulados de sus partidos, son más bien agencia de colocación para puestos públicos o franquicias que se venden al mejor postor. Lo que es peor, es que se han erigido en organizaciones de dudosa procedencia, que sin ningún rubor establecen alianzas con grupos de la delincuencia.
Su misma estructura la conforman personajes sin escrúpulos. La forma de interactuar con la población genera mucha incertidumbre y desconfianza. Nada de eso importa, porque la apuesta es por el manejo de dinero y el número de votos. Saben muy bien en qué momento, con qué líderes y qué tipo de triquiñuelas harán para canjearle a la población su voluntad, asegurando determinado número de sufragios. Esta forma turbia para organizar las campañas y conformar los equipos de trabajo están contaminadas por intereses ilícitos. Sin embargo, para los jefes de estas camarillas, esto no es tan relevante, porque saben que en la próxima contienda electoral, todos los partidos políticos utilizarán cualquier medio que esté a su alcance, lícito e ilícito, con tal de ganar las elecciones.
Los partidos diseñados ahora como máquinas para cachar votos han llevado a sus dirigentes a trivializar sus acciones frente a la sociedad y a ofertar candidaturas a personajes de nula calidad moral y con antecedentes delictivos. Con esa laxitud que da la ley para el registro de precandidatos y con los requisitos meramente burocráticos que se requieren, ahora vemos que pululan aspirantes oscuros que para las electoras y electores no son dignos de obtener un registro para ser precandidatos. Está ganando el pragmatismo político y la ambición de poder. Los mismos partidos políticos han perdido la credibilidad y el reconocimiento de la población como institutos verdaderamente democráticos. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que en este proceso electoral se institucionalice la alianza entre los partidos políticos y el crimen organizado, afianzando un poder funesto, donde el crimen formaría parte del mismo gobierno. Los deseos siniestros que tienen varios personajes de la clase política y que esperan que sean cumplidos en este 2018, son parte de la pesadilla que enfrentamos como sociedad y que tenemos como principal desafío, desbaratar estos deseos funestos de la clase política. La lucha ejemplar de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos es un ejemplo luminoso, que dio una lección de dignidad en Ayutla de los libres.
Como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la lucha por los derechos humanos, la justicia, la verdad y la democracia, no bajaremos la guardia para exigir que el gobierno cumpla con las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI); interpondremos recursos jurídicos para impedir que la Ley de Seguridad Interior se aplique y atente contra los derechos humanos. Exigiremos que se cumplan las recomendaciones de la ONU y la CIDH para implementar un modelo de seguridad cimentado en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Levantaremos la voz contra las autoridades que fomenten la corrupción, que sean cómplices del ambiente de impunidad que persiste en el estado y evidenciaremos la colusión que se ha gestado entre las autoridades y el crimen organizado.
