“Desaparecen los dictadores de la escena
y aparecen inmediatamente los
organizadores del olvido.”
-Juan Gelman
Alicia de los Ríos entró el año pasado al Campo Militar No. 1. Entró buscando pistas sobre su madre, como lo ha hecho por 45 años. El pasado 22 de junio de 2022 se llevó a cabo una ceremonia sin precedentes en el gran cuartel [1], en cumplimiento del compromiso presidencial de este sexenio de aperturar archivos e instalaciones militares para investigar las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el período 1965-1990. Frente al Presidente de la República, el Secretario de la Defensa Nacional y una decena de autoridades, Alicia pronunció unas palabras inolvidables: “Hoy llegamos cargando a cuestas la dignidad de nuestros muertos y nuestras desaparecidas”.
Es ineludible el lugar común para una frase de tal peso: “Tampoco los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer”, escribía Walter Benjamin [2]. Ese día que Alicia entró al Campo Militar No. 1 “los organizadores del olvido” perdieron una batalla, pero vendrían mil más.
Desde las sombras, la agencia de inteligencia del Estado Mexicano ha cambiado de nombre varias veces con el paso de las décadas. Desde 1947 se llamó Dirección Federal de Seguridad (DFS), posteriormente se le denominó Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN) de 1985 a 1989, para luego nombrarse Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y para, finalmente, llamarse Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde el 1o. de diciembre de 2018.
La DFS, en particular, jugó un papel clave en la violencia de Estado de las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s. Codo a codo con el Ejército, la DFS coordinó la Brigada Blanca, un aparato interinstitucional de represión [3] contra movimientos políticos y sociales –tales como la Liga Comunista 23 de Septiembre–. Al amparo del poder público, la Brigada Blanca detuvo, torturó, desapareció y asesinó a incontables personas campesinas, estudiantes o militantes. Alicia, –madre, con quien comparte el nombre su hija que la busca–, fue una de las personas desaparecidas por esta corporación.
Un paréntesis necesario: la Brigada Blanca no se trata de una leyenda urbana magnificada por el gusto a la exageración. Su existencia y misión se encuentra explícita en un documento fundante, el “Plan de Operaciones No. 1: Rastreo”, de 1976. Con todo detalle, esas páginas demuestran los objetivos, armamentos, adiestramiento y los nombres de los altos mandos a cargo de la atroz operación. Al pertenecer a un archivo oficial, este documento es eficaz para refutar las acusaciones de ser un mito. La diferencia entre un mero rumor y un hecho radica en las pruebas. Los archivos son testigos tenaces, pruebas perdurables y necesarias para reconstruir la verdad. Esto no implica que su contenido no pueda ser cuestionado o analizado con ojos críticos, pero su valor para las investigaciones es innegable.
Pues bien, el archivo de la DFS y el de la Brigada Blanca, fue heredado a la DGISEN y, a la postre, al CISEN. Entrado el siglo XXI, frente a la exigencia de apertura de los archivos, el entonces presidente Vicente Fox emitió un acuerdo por el que instruyó al CISEN a enviar toda la documentación de la DFS al Archivo General de la Nación (AGN). El fondo de la DFS podría ser consultado sin mayores restricciones, de acuerdo con esta orden presidencial.
No obstante, el CISEN recibió una deferencia de la que no fue beneficiaria ninguna otra institución: transfirió un acervo de la DFS, pero su personal seguía custodiando los archivos transferidos. Desde luego, esta “deferencia” es un eufemismo para una franca ilegalidad desplegada con impunidad.
La imagen es escandalosa: miles y miles de cajas con documentos repletos de secretos preciados, custodiadas por los agentes del CISEN –“los organizadores del olvido”–, dentro de la antigua prisión de Lecumberri [4], ese panóptico cuyo ojo omnipresente fue testigo de la tortura y el horror. Los archivos cautivos, a merced de sus guardianes todopoderosos.
Con esos custodios, ¿qué podría sucederle a esas frágiles hojas escritas a máquina que pasaron por las manos de funcionarios de gran jerarquía que fraguaron lo indecible? Por más de dos décadas, colectivos de sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas cuestionaron esta práctica, temiendo lo peor. La oposición resultó fundada.
En 2019, la alternancia brindó el terreno propicio para renovar compromisos gubernamentales con las víctimas que se encontraban en el olvido. Un nuevo decreto presidencial emergió. La orden resulta familiar: transferir los archivos de la administración pública federal relacionada con graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de movimientos políticos y sociales del pasado al AGN. La historia se repite.
En octubre de 2021, a través de un decreto presidencial, se creó una comisión de la verdad para investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el período 1965-1990. La Comisión se refracta en diferentes mecanismos, uno de ellos el encargado del esclarecimiento histórico, bajo la conducción de personas expertas independientes. El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico tiene la encomienda de acceder a instalaciones militares y archivos para reconstruir la verdad. En la revisión documental del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, los temores denunciados por la sociedad civil por décadas se concretaron: archivos faltantes, sustraídos o que nunca fueron transferidos y debieron serlo.
La batalla por los archivos no es una necedad. No lo fue cuando se obtuvo la prueba de la existencia de la Brigada Blanca. No lo fue cuando se ventiló la “orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad” de Tlatlaya. No lo es cuando las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen saber el contenido de documentos que no fueron entregados por el Ejército al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La batalla por los archivos es la disputa por la historia que se da desde la esquina de los vencidos.
Por otro lado, la desobediencia a instrucciones presidenciales nunca debe verse con ligereza. Mucho menos cuando se trata del desacato proveniente de instituciones forjadas por fuertes estructuras disciplinarias basadas en la jerarquía. No hay espacio para suponer la casualidad o el error. Cualquier hipótesis plausible sobre la razón de tal desobediencia sugiere –lamentablemente– debilidad del Estado de Derecho y fragilidad democrática.
Por eso Alicia de los Ríos, hija, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Artículo 19, promovió un amparo en contra de las irregularidades reportadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico sobre los archivos del hoy Centro Nacional de Inteligencia. El Poder Judicial tomó una primera decisión: mientras dure el juicio, el Centro Nacional de Inteligencia no puede destruir los archivos y cualquier baja documental sería susceptible de ser revisada y, en su caso, sancionada por la judicatura. Los “organizadores del olvido” han perdido otra batalla.
La exigencia de Alicia y de las víctimas que han peregrinado por décadas en su búsqueda de verdad y justicia es la impostergable transferencia de los archivos faltantes. Que las agencias secretas salgan a la luz y revelen su pasado marcado por una historia de abusos es una prescripción necesaria para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
La memoria es un síntoma de lucidez, un conjuro frente a los tiempos convulsos. “Los archivos contribuyen a deshacer las artimañas de los asesinos de la memoria”, escribió Juan Gelman también. La verdad sumergida usa escafandra, siempre encuentra cómo volver a la superficie.
Alicia es un nombre de origen griego, significa “verdad”: busquemos todas y todos a Alicia.
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* César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización dedicada al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org) así como personas columnistas invitadas.
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias:
[1] El Campo Militar No. 1 A es el cuartel más grande del Ejército Mexicano, con una superficie de 300 hectáreas, en las fronteras de la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de la contrainsurgencia, instalaciones del Campo Militar No. 1 A fueron utilizadas como prisión clandestina, donde se torturó y fue el último lugar donde fueron vistas decenas de personas, hasta la fecha desaparecidas. Véase Montemayor, Carlos, “La violencia de Estado en México, antes y después de 1968”, Ed. Random House, 2010, páginas 51 y 52. Disponible en: https://acortar.link/XwgHOt
[2] Benjamin, Walter, “Tesis sobre la historia y otros fragmentos”, Ed. Itaca y UACM, trad. Bolívar Echeverría, 2008, página 40. Disponible en: https://acortar.link/NfUbks
[3] De acuerdo con el Plan de Operaciones No. 1 “Rastreo”, la Brigada Blanca estaba a cargo del Coordinador General, Francisco Quirós Hermosillo, comandante del Segundo Batallón de Policía Militar de la SEDENA; un responsable, Miguel Nazar Haro, Subdirector Federal de Seguridad junto con su asesor jurídico, Alfonso Cabrera Morales, Jefe del Departamento Jurídico de la DFS; y una comisión de seguridad integrada por los jefes de distintas policías y procuradurías, entre ellas, la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT), de la Ciudad de México; la entonces PGR y la procuraduría del Edomex. Con 240 elementos, 55 vehículos, 2 helicópteros, 153 pistolas, 55 carabinas, 55 escopetas, más de 75 mil cartuchos y artefactos explosivos, tenía como misión “neutralizar a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre”. Disponible en: https://acortar.link/dqDKb5
[4] Conocido como “El Palacio Negro de Lecumberri”, es una construcción basada en el panóptico benthamiano, que data del porfiriato, y que fungió como prisión. En los 60’s y 70’s fue, además, centro de tortura y homicidio de estudiantes, activistas y militantes de movimientos políticos y sociales. Tras su clausura en 1976, fue destinado como sede del Archivo General de la Nación. Véase Mendoza, Jorge, “Lugares de memoria y represión en México”, en Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 2018. Disponible en: https://acortar.link/4F1shD
*** Foto de portada: Se llevó a cabo la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento Histórico y el Impulso a la a justicia de los hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, con la Secretaria de la Defensa Nacional. Ariadna Colíndrez/ObturadorMX
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
