Sorprendidos por el levantamiento zapatista en 1994, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes quisimos entender más a fondo de qué manera se luchaba en México para lograr cambios favorables para la gente y emprendimos una investigación que se ha extendido hasta el día de hoy. Consideramos que los activistas sociales1 son una reserva moral defensora de la vida, del territorio y sus recursos naturales y de la cultura de las colectividades y pueblos que representan.
Lo primero que hallamos fue que existían varias formas de lucha y no todas precisamente por obtener una transformación sino también para impedirla y uno de los modos era a través del exterminio selectivo de los que luchaban por un cambio, es decir, ocasionando su asesinato o desaparición de manera impune, aprovechando su indefensión, sobre todo hacia los líderes indígenas y campesinos del sur del país, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, siendo el principal responsable de ese costo humano, el Estado. Además, descubrimos que, a lo largo del tiempo, esa situación se repetía de manera constante. De hecho, entre 2018 y 2021 fueron asesinados 94 activistas sociales y 47 periodistas (Aguilar,2021) en México, considerado, junto con Colombia y Filipinas, uno de los países más peligrosos en el mundo, para el ejercicio del activismo social (Global Witness,2021).
Nos llamó la atención que, de manera simultánea a este proceso, en el país se iba consolidando una creciente apertura democrática en los diferentes niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal y que, a la vez, los cambios partidistas no aminoraban el exterminio hacia los activistas sociales, ¿Cómo comprender eso que advertíamos como una contradicción en un país marcado por una enorme desigualdad social, con una población de casi 129 millones de habitantes con la mayoría de sus trabajadores ubicados en el sector informal o con empleos precarios, una economía transnacionalizada que ha permitido el surgimiento de mercados ilegales como los de la producción y distribución internacional de drogas, armas, trata de personas con fines sexuales y laborales, extorsión, cobro de piso, apropiación de mercados legales, por mencionar algunos? (Flores,2022).
La guerra que se ha desencadenado por el control de esos mercados y los territorios que atraviesa, en México y en América Latina, no hubiera sido posible sin la cooperación del crimen organizado o fuerzas armadas ilegales con el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para la obtención de las extraordinarias ganancias económicas que generan (Robledo y Querales, 2020; EB,2011;Colectivo Angela Esperanza,2013), lo que explica la creciente, heterogénea y diversificada violencia que avasalla el continente. De hecho, en México se ha desatado un proceso masivo de violencia por lo menos desde 2006, en que se instauró la política de la “guerra al narcotráfico”, y que se sigue manifestando a través de homicidios; feminicidios, desplazamientos internos, migraciones, existencia de fosas clandestinas y una grave crisis forense, profundizados a su vez, por el carácter militarizado de la política de seguridad.
Ese proceso masivo de violencia ha producido transformaciones en algunas de las características del exterminio de los activistas sociales, respecto a su realización durante los años noventa Según nuestro último estudio2, éste sigue realizándose de manera sistemática, aún si el otro proceso tiende a invisibilizarlo, y ha tenido una importante expansión territorial. Durante el periodo de 2017 a 2020, ha abarcado 23 entidades federativas, y el sur del país sigue siendo el territorio prioritario en cuanto ha acumulado más de la mitad de las 179 acciones de exterminio que hemos hallado en ese periodo, mientras que el centro abarca un tercio de éstas y el norte, el resto.
También hemos hallado de que no cabe duda que se busca la eliminación de los activistas sociales ya que la muerte ha sido la forma principal de exterminio (siete de cada diez acciones registradas las ha provocado), lo que, a su vez, ha impactado en las redes colectivas que éstos representaban, seguidas por las acciones (tres de cada diez) que han producido su desaparición, generando su intensa búsqueda por el país o heridas graves provocadas por lesiones, torturas o violaciones, que han llegado, en muchas ocasiones incluso a inhabilitar a los activistas de por vida.
¿Quiénes son los responsables de este exterminio social? Es aquí donde se expresa con mayor claridad la influencia de la violencia masiva en el país en el exterminio de los activistas sociales en cuanto el papel directo que había tenido el Estado, aparece encubierto ahora con la acción que al respecto asume, de manera directa, el crimen organizado o el orden delictual generando ocho de cada diez acciones del costo humano. El crimen organizado o fuerza armada ilegal, no es homogéneo, lo que contribuye a que tengamos una percepción fragmentada en torno a la misma. En nuestros registros, una gran parte de los asesinatos y desapariciones de activistas a cargo del crimen ha estado a cargo de “desconocidos”, como indica la prensa, que a lo mucho brinda la información de que se trata de sujetos o grupos armados o de civiles armados. En segundo lugar, respecto a la cantidad de acciones de exterminio perpetradas, algunos cárteles aparecen como los responsables: Cártel Jalisco Nueva Generación; Los Ardillos y otros grupos criminales como el “grupo proveniente de Nuevo Guadalupe Victoria”; pistoleros del grupo criminal Los Chorohuis; grupo criminal Los Dumbos o “el grupo delictivo del pueblo vecino”. En último lugar, los criminales actúan de manera conjunta con fuerzas armadas y policiales legales, que son identificados como grupos narcoparamilitares o como policías municipales junto con “matones pagados por un sindicato de protección de la CTM” o con los grupos de choque tradicionales: grupos caciquiles; golpeadores afiliados a CTM; ganaderos y sujetos armados; grupo de habitantes encabezados por Antorcha Campesina; grupo de choque e incluso “posibles talamontes”.
La actuación del orden delictual, que parece ser uno de los brazos armados del Estado en la ejecución del exterminio selectivo de los activistas sociales, no exime tampoco la actuación directa del Estado en dicho proceso, ahora notoriamente restringida respecto a los años noventa ya que ha participado en dos de cada diez acciones de exterminio hacia los activistas sociales, provocando su asesinato, desaparición, pero sobre todo heridas. También es compleja y heterogénea la participación del Estado, en la que sobresalen las fuerzas armadas como la Guardia Nacional, agentes federales; granaderos; policías estatales, policías municipales; Fiscalías estatales y diversas Fuerzas Combinadas, como el Grupo Operaciones Especiales; policías de los tres niveles de gobierno, policía militar y estatal; agentes estatales, policías ministeriales y ejército mexicano; policías municipales y estatales. En orden de importancia, por la cantidad de acciones perpetradas, le siguen diversas autoridades gubernamentales, sobre todo municipales: alcaldes y grupos afines a los mismos. Finalmente, también son parte de este orden legal pobladores involucrados en problemas agrarios, junto con autoridades agrarias o con empresarios “extractores de gravilla del río Papagayo”; representantes de diversas corrientes sindicales, incluso empleados de confianza”; integrantes de Poder de Base” así como militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
La muy variada participación de sujetos organizados responsables del exterminio selectivo de los activistas sociales, tanto criminales como legales y su entrecruzamiento, sin duda depende de las características de los diferentes intereses que se juegan en cada territorio específico y de la relación existente entre ellos.
Cabe preguntarnos ahora: ¿quiénes son los activistas sociales que han sido exterminados? Su identidad denota también la influencia del proceso masivo de violencia que azota a México. Un dato contundente es que los activistas sociales que han recibido el costo humano han incorporado en su lucha, en su gran mayoría, también su defensa y la de sus colectividades, ante la delincuencia, sobre todo los indígenas, campesinos y en especial, la policía comunitaria, creada expresamente con ese fin pero también las otras identidades de activistas sociales, como los que han luchado por la conformación de sus sindicatos y por la defensa de sus derechos, sobre todo los de la educación y los que han luchado prioritariamente por los derechos humanos de diversos grupos en defensa de la mujer, de la diversidad sexual, de los migrantes, de los desplazados, de los presos políticos y de los familiares de víctimas, muchos de ellos a su vez, objeto de la violencia masiva.
La ampliación del exterminio hacia diversas identidades activistas y los frentes de lucha por los que han sido exterminados, respecto a los años noventa, no deja, sin embargo, de lado, la prioridad que en el proceso de exterminio ha seguido teniendo la identidad indígena3, en cuanto ha sido la que mayormente ha recibido el costo humano (seis de cada diez acciones de exterminio) justamente, en sus luchas contra la delincuencia, más que las otras identidades y además, por haber encabezado las luchas ambientalistas, que se han caracterizado por defender el territorio; el agua; la preservación del bosque y de la fauna; en contra de los proyectos y megaproyectos que atentan a la vida de las comunidades y al extractivismo minero. Se entiende que ambos tipos de lucha han ido unidos ya que ha sido notable la presencia del crimen organizado en los procesos de apropiación de los recursos y del territorio, junto con empresarios y fuerzas armadas (como hemos señalado más arriba) con el objeto de vencer la resistencia de las comunidades. Estas luchas han sido llevadas a cabo sobre todo por activistas hombres, principalmente en el sur del país.
En cambio, las otras identidades activistas (objeto de exterminio por cuatro de cada diez acciones), aún si ha realizado todos estos tipos de luchas, predominantemente han llevado a cabo una lucha de defensa laboral y de los diferentes derechos humanos colectivos, como hemos mencionado más arriba: la gestoría de servicios colectivos; la lucha por los derechos humanos (DH) de la diversidad sexual; por los DH de la mujer; por los DH de los desplazados y de los migrantes; la lucha de los familiares de desaparecidos y por los presos políticos.4 Estas luchas se han desarrollado principalmente en el centro y norte del país y han sido las que han contado con mayor presencia de mujeres activistas.
Conclusiones
El exterminio selectivo hacia los activistas sociales en México se ha complejizado respecto a la década de los años noventa debido a los efectos que sobre el mismo ha ejercido el poderoso proceso masivo de violencia que se ha desencadenado por lo menos desde 2006, con la política de seguridad de la “guerra al narcotráfico” que, en realidad, ha protegido y favorecido la emergencia de variados mercados emergentes ilegales. Esto ha provocado que el proceso de exterminio, que permanece invisibilizado por aquel, se haya expandido del sur hacia todo el territorio y aún si su objetivo principal ha seguido siendo la identidad indígena-campesina, incluida la policía comunitaria-, también se ha extendido hacia una amplia diversidad de activistas del resto de la sociedad civil, que defiende una pluralidad de derechos humanos colectivos, como los de la diversidad sexual, de la mujer, de los presos políticos, de los migrantes, de los desplazados y de los familiares de víctimas y de los trabajadores/sindicalistas. El diversificado conjunto de activistas sociales exterminados expresa, a su vez, una mayor resistencia y organización social de defensa de sus colectividades ante la delincuencia. Llama poderosamente la atención que el papel del Estado en la acción directa del exterminio ha sido sustituido de manera preponderante por el crimen organizado, que posiblemente actúe como sujeto armado ilegal de las alianzas políticas, económicas y sociales del Estado, mismo que actúa localmente pero con anclajes transnacionales, expresándose de manera heterogénea territorialmente según sea su relación con el orden delictual o crimen organizado y que aún así, sigue también jugando un papel directo en el exterminio.
Referencias
Aguilar, Rubén (2021,15 de noviembre),”Sigue el asesinato de activistas sociales y periodistas“ en Animal Político, en: https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/sigue-el-asesinato-de-activistas-sociales-y-periodistas/
Colectivo Angela Esperanza (2013), El estado de la guerra en México hoy. México: SERPAJ.
Consejo de Europa (2022), La EDH y el activismo,Francia, en: https://www.coe.int/es/web/compass/hre-and-activism#:~:text=Un%20activista%20es%20alguien%20que,llevar%20a%20cabo%20sus%20cambios.
Equipo Bourbaki (2011), El costo humano de la guerra por la construcción del monopolio del narcotráfico en México (2008-2009). Cuadernos de Marte. Vol.I, No.1, págs. 295-446. Buenos Aires. En: http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/2043/1744
Flores, Raúl (2022, 25 de julio),”Pugna entre cárteles cambia radiografía criminal”, en Excelsior, p.20.
Harvey,David. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal
La Jornada versión digital (enero del 2017 a enero de 2020).
Marín, Juan Carlos et al.(2010), El cuerpo, territorio del poder, Buenos Aires: Ed. P.I.Ca.So
Robinson, William. (2017) América Latina y el capitalismo global. Una perspectiva crítica de la globalización, México, Siglo XXI.
Robledo Silvestre, Carolina, y May-ek Querales-Mendoza (2020), “Desaparición de personas en el mundo globalizado: desafíos desde América Latina“. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, no.67 Quito may./ago.En http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-12492020000200007
Serpaj/Espacio (1997), “Conflictividad Social en México 1994-97. Costo humano de las luchas sociales”, Cuadernos de reflexión y acción noviolenta, nº 1,México.
Serpaj/Espacio (1999), “El costo humano de la conflictividad social en México”.Cuadernos de reflexión y acción noviolenta, n° 3. México.
1 “La palabra ‘activismo’ se encuentra tan sólo en los últimos 100 años. Se deriva de ‘ser activo’, a favor del cambio” (Consejo de Europa,2022).
2 Para entender la relación actual entre el Estado y el exterminio de los activistas sociales, emprendimos una investigación exploratoria, basada en el registro hemerográfico teniendo como fuente principal el periódico La Jornada, de enero de 2017 a diciembre de 2020,y hemos construido una base de datos, con el programa Statistic Program for Social Sciences (SPSS) analizando, desde nuestra perspectiva teórica,.las 179 acciones de exterminio registradas en dicho periodo.
3 Algunos de estos activistas indígenas asesinados han sido: José Julio y Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Israel Tolentino Ahuelican, Israel Mendoza Pasado, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar; José Patrocinio Pinedo Hernández; Benito Peralta Arias; Paulina Gómez Palacio Escudero; 15 ikoots miembros de la Unión de Agencias y Comunidades indígenas Ikoots; Tres tzotziles; Javier Jiménez Sántiz; Juan Zamarripa.
4 Algunos activistas asesinados en el periodo de estudio han sido: Isabel Cabanillas de la Torre; Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero; Adán Vez Lira; Eugui Ros; Medardo Herrera Avilés; Marisol Agustina Rentería Loaeza; Pedro Flores López; José Trinidad Portillo; Eliseo Jesús Memije Martínez y Uriel Memije Ávila; María Elizabeth Montaño; Jonathan Santos, activista; Janine Huerta. Fueron desaparecidos Ramón Dávila y José Manuel Raygosa, Nahúm Pérez Monroy.
