Ciudad de México | Desinformémonos. En el transcurso del 2018 se han documentado cinco ejecuciones extrajudiciales, tres detenciones arbitrarias y tres allanamientos y robos contra los integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) en Oaxaca, de los cuales el más reciente sucedió el pasado 25 de octubre en la comunidad Barra de la Cruz, Oaxaca, donde el defensor comunitario Noel Castillo Aguilar fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio.
Espacio Civil de Oaxaca, que aglutina a organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunció que además de los asesinatos, desapariciones y allanamientos también se han registrado amenazas contra los dirigentes del CODEDI y la militarización de algunas comunidades, así como “la implementación de retenes policiacos y del ejército en la zona”.
Las cinco ejecuciones cometidas en lo que va del año sucedieron el 12 de febrero, con los asesinatos de Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez; el 17 de julio, Abraham Hernández González, Coordinador Regional de CODEDI en la Sierra Sur y el 25 de octubre, con la muerte de Noel Castillo Aguilar.
Por otra parte, la policía estatal detuvo a Fredy García Ramírez, el 20 de junio en Santa María Tonameca, y a César Luis Díaz y Celerino Rosalino Luis Díaz el 24 de agosto mientras viajaban rumbo a la ciudad de Oaxaca.
Además, fueron allanados los domicilios de Silvia Gabriela Hernández Salinas, integrante del equipo de capacitación del CODEDI, el 26 de febrero 2018; de Esther Cruz Ortiz, integrante de la Comisión Política de CODEDI, el 29 de agosto 2018, y finalmente el de un familiar de una colaboradora del CODEDI el 24 de octubre. “En los tres casos fueron sustraídos de los domicilios computadoras e información dejando otros objetos de valor”, explicó el Espacio Civil.
Las organizaciones remarcaron que todas las agresiones fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes, pero hasta ahora no ha habido respuesta y no se ha castigado a los responsables. “Responsabilizamos nuevamente al Gobierno Estatal y Federal por los graves ataques contra CODEDI, la criminalización de la defensa, la falta de garantías y la ausencia de avances en las denuncias penales”, señalaron.
Por último, exigió medidas para garantizar la seguridad de los defensores y los familiares de las víctimas, así como la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
