Servindi, 10 de julio, 2013.- Una carta suscrita por entidades civiles de América y España ingresó a diversos estamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Congreso de diputados de España, solicitando se respeten los derechos de los pueblos indígenas frente a los conflictos generados con la transnacional Endesa.
La petición suscrita por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI), la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) y el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC) expresó preocupación por el impacto de los proyectos sobre territorios indígenas y detalló la situación mapuche en Chile.
Las entidades remarcaron que el Estado de España tiene la obligación de velar por el cumplimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por haberlo suscrito el 15 de febrero de 2007.
En tal sentido el Estado español tiene una “especial responsabilidad en el caso de los actores españoles que actúan en el exterior” indican los peticionarios.
Agregan que la realización de proyectos en territorios ancestrales de los pueblos indígenas sin respetar los derechos colectivos de los pueblos originarios también incumple la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), en cuya redacción y aprobación definitiva el Estado español jugó un papel importante.
Para los peticionarios, debe haber coherencia entre la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) y “las actuaciones que se realicen en cualquier ámbito y que puedan afectar a tales pueblos directa o indirectamente”, incluidas las empresas transnacionales, indican.
Entre algunos proyectos que compromete a la empresa ENDESA se menciona los conflictos suscitados en Guatemala y en Asoquimbo, Colombia, o como viene ocurriendo en la zona de Neltume, en Chile.
La transnacional ENDESA – ENEL es una empresa española, actualmente de propiedad de la italiana ENEL, que posee domicilio social en España y opera en los sectores eléctrico y gasífero. Su filial latinoamericana, Enersis, tiene una participación de Endesa en un 60,62%, y cotiza en la bolsa de Nueva York.
La actuación de las compañías en las que participa Endesa en Latinoamérica han provocado a menudo protestas sociales, como en el caso de la presa Ralco en el río Biobío o el proyecto HidroAysén, que liderado por un consorcio entre Endesa Chile y Colbún S.A., pretende generar 2.750 MW hidráulicos en la Patagonia chilena.
Botón de muestra: El caso Neltune
Según la petición formulada por las instituciones civiles la empresa ingresó de manera inconsulta a territorios indígenas habiendo “causado severos quiebres sociales en las comunidades como consecuencia de políticas de cooptación, causando graves impactos en los tejidos culturales”.
Tal es el caso ocurrido en Neltume, Chile, territorio ancestral del pueblo Mapuche, en la región de los ríos, comuna de Panguipulli, y que compromete un importante lugar sagrado denominado Palenke, y que es afectado por un megaproyecto.
El Estado chileno y sus órganos competentes no facilitaron a las comunidades información previa, veraz y completa sobre dicho proyecto lo que vicia legal y administrativamente respecto al cumplimiento del derecho a la consulta y las prioridades de desarrollo de las comunidades afectadas.
Para las organizaciones, todo lo anterior constituye una flagrante violación de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Estados Independientes, ratificado tanto por el Estado chileno, como por el español.
El proyecto en el caso Neltume no solo constituye una “clara injusticia con respecto a las comunidades que allí habitan” sino que además contradice la política de derechos que el Estado Español debe cumplir.