La Paz BCS, 17 de junio. El conocimiento y uso de las herramientas legales vigentes en los países, para enfrentar la imposición de megaproyectos mineros y turísticos, es una opción para detener las obras que afectan los recursos naturales y a los pobladores, señalaron abogados ambientales durante los trabajos de la Cumbre de los Pueblos. Con la asistencia de decenas de activistas de La Paz, la ciudad de México y distintas naciones, las actividades de la cumbre convocada por la Coalición Mexicana del G-20 y la Coalición Sudcaliforniana giraron en torno al análisis de esas grandes obras, de la soberanía alimentaria, el cambio climático y el papel de las mujeres en el G-20. A las 19 horas los asistentes a la cumbre comenzaron la marcha del parque Cuauhtémoc al Kiosco del malecón, donde realizaron un mitin. Con el planteamiento central de Primero los pueblos, no a los banqueros, y en rechazo a las políticas aplicadas por el G-20, la movilización concluyó alrededor de las 21 horas. En el foro, Mario Sánchez, de la sede local del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, detalló los procedimientos que las comunidades locales pueden realizar para enfrentar la imposición de megadesarrollos y se refirió a la reciente cancelación del plan Cabo Cortés –que planteaba la construcción de 30 mil cuartos de hotel y habitacionales–, el cual fue cancelado hace unos días por el presidente Felipe Calderón.