Foto: Centro Prodh
Ciudad de México | Desinformémonos. Un hijo asesinado y otro herido, más nueve meses de encarcelamiento injusto, fueron los castos más altos que pagó Ildefonso Zamora por su defensa de los bosques de San Juan Atzingo, Estado de México. La noche del viernes 13 de agosto las puertas del reclusorio por fin se abrieron para otorgarle su libertad por mandato de los tribunales federales, luego de que se resolvió un amparo en que se reconoció que “se violó su derecho humano de presunción de inocencia, al no existir pruebas en su contra”.
Ecologista tlahuica de 55 años, hombre de campo, Ildefonso ha pasado la mayor parte de su vida defendiendo el Gran Bosque de Agua, una región de 120 mil hectáreas extendidas entre Morelos, el Estado y la Ciudad de México. Fue acusado injustamente de robo agravado mediante un proceso plagado de irregularidades. Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace, organizaciones que asumieron su defensa, indicaron que su libertad obedece a que el juez consideró las pruebas “inverosímiles e ineficaces”.
La cárcel de Tenancingo fue su casa durante los últimos nueve meses. Ahí recibió la solidaridad nacional e internacional de quienes se oponen a la criminalización que viven los defensores del ambiente y del territorio en México. Hasta ahí le llegaron las 47 mil personas se sumaron a la campaña #IldefonsoLibre para conseguir su libertad. “No tengo palabras suficientes para agradecer todo su respaldo. Me siento agradecido y fortalecido, por fin vuelvo a ver mi libertad”, dijo en sus primeras declaraciones a la salida del penal.
En junio de 2007, de manos del entonces presidente, Felipe Calderón, recibió el Premio al Mérito Ecológico. En la ceremonia exigió justicia por su hijo Aldo, asesinado en mayo de ese mismo año por los talamontes. Nunca llegó. Enrique Peña Nieto, en ese momento gobernador mexiquense, le prometió esclarecer el homicidio. No cumplió. Ocho años después vino el montaje para meterlo en prisión.
El 20 de noviembre de 2015, relata el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el ambientalista fue detenido con violencia y sin mediar orden de aprehensión. Nunca se le notificó que había una averiguación en su contra y fue recluido pese a las pruebas de que el día del robo del cual fue acusado él estaba en otro lugar. Luego se vinieron en cascada las irregularidades jurídicas, por fin destrabadas el viernes pasado, y se logró su libertad.
“Mi familia y yo no estamos solos”, dijo a la salida del penal rodeado de sus seres queridos.