José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es rehén del Estado mexicano. Se sabe de su arbitraria detención (el 25 de noviembre de 2022, a las 16 horas), en el municipio Salto de Agua, Chiapas, pero no han querido liberarlo por ser parte de una organización que sigue sin rendirse y mantiene la dignidad como principio. José es, sin duda, un preso político.

Originario de la ranchería El Trapiche, Salto de Agua, el zapatista chol ha visto mermar su salud detrás de las rejas del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 conocido como El Bambú, en Catazajá, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó que fue sometido a tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes, acusado sin pruebas fehacientes de robo con violencia.

La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas, explica el Frayba, representa una estrategia selectiva del actual gobierno, con el fin de provocar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, personas de sitios originarios que se oponen al despojo territorial.

La acusación no cuenta con sustento probatorio para condenarlo, como lo demostró el centro de derechos humanos. El asunto es que esta semana terminó el proceso de desahogo de pruebas y el Frayba denuncia que la investigación realizada por el fiscal del Ministerio Público no fue objetiva ni logró acreditar la teoría del caso, además de que existió deficiencia e insuficiencia probatoria. En resumen, José Díaz es inocente.

El próximo 6 de agosto se realizará la audiencia de alegatos de clausura, en la que el juez, de acuerdo con el Frayba, deberá considerar el estándar del delito de robo y tomar en cuenta que se trata «de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas«. La sentencia absolutoria es lo que, conforme a derecho, tendría que dictarse. Por eso el llamado a los colectivos nacionales e internacionales a realizar diversas acciones, entre el 29 de julio y el 6 de agosto, para exigir su libertad inmediata y la cancelación de las órdenes de aprehensión de las otras cuatro bases de apoyo zapatistas).

Columna publicada originalmente en La Jornada