La liberación de Yesenia Armenta Graciano, tras cuatro años de estar recluida por haber sido falsamente acusada de asesinar a su esposo, es paradigmático por un nutrido grupo de motivos.

El juez 5° de Primera instancia de Culiacán, Sonora, dictaminó su liberación este miércoles, validando que Yesenia fue torturada por los efectivos del grupo Águila 1, de la Unidad Modelo de Investigación Policial, que la detuvieron y que lograron, bajo apremios físicos y degradantes, que ella confesara un crimen que no había cometido: el asesinato de su marido, dos días antes de su detención.

Desde entonces, Yesenia y su familia, se encargaron pacientemente de fortalecer las pruebas en su favor, y de someterse a los peritajes internacionales necesarios para que fuera liberada.

“Fue ella quien demostró su verdad, mientras la Procuraduría del estado no hizo lo mismo para demostrar la veracidad de las pruebas que la acusaban. Es una muestra del fortalecimiento de las víctimas, que han sido quienes han evidenciado una realidad que seguiría oculta: que la tortura es una política de todas las corporaciones policiales del país”, explica Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez (Prodh) una de las organizaciones que ha acompañado el caso.

Yesenia obtuvo la prueba pericial de dos grupos de peritos: los internacionales, miembros del Grupo de Expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT); así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad que certificaron de manera científica, lo sufrido por Yesenia y las consecuencias que le pesaron durante los años de reclusión.

La abogada Olivos señaló que el caso en su contra fue armado únicamente con la confesión obtenida bajo tortura y con el parte policial de los uniformados que la torturaron, que lógicamente, estaba falseado.

“No tenían pruebas que pudieran sostener su acusación como autora intelectual” del asesinato de Jesús Alfredo Cuen Ojeda, asesinado el 2 de julio de 2012, explica la abogada.

“Parte de la discusión que se está llevando en torno a la ley general de tortura es que una prueba ilícita, como fue su confesión, no es una prueba. Insistimos en que si lo único que hay es una prueba ilícita, entonces no la hay. De acuerdo a la presunción de inocencia que rige el sistema penal, la parte acusadora debe sostenerse en pruebas para acusar a alguien. En este caso se demostró que no era así, y por eso el juez la dejó en libertad.”

Para Olivares el caso de Yesenia es paradigmático porque es otro de los que se suma a la larga lista que demuestra que la tortura es una herramienta generalizada y sistemática de las corporaciones policiales y militares del país. En la misma línea de lo planteado por las relatorías de las Naciones Unidas sobre México.

“Particularmente el caso de Yesenia señala que la tortura sexual también está generalizada –el centro de Derechos humanos Pro Juárez (Prodh) reunió casos en una campaña llamada Rompiendo el Silencio- de parte de agentes del estado a las mujeres que tienen en sus manos. Llevamos más de una década señalándolo. No es producto del impulso sexual de un policía, es parte de la estrategia de control, intimidación, discriminación y violencia en razón del género. Es una manera que ellos utilizan para quebrantar la dignidad de las mujeres a las que detienen.”

Olivares sostiene que en casos como éste, la impunidad se agrava, porque es muy probable que los perpetradores no sean penados por este delito, a pesar de que se persigue de oficio.

“Yesenia no ha manifestado si desea denunciar lo sufrido, ella lo expresó en el proceso penal a la que la sometieron e interpuso un amparo en 2012 contra los actos de tortura. La jueza dictaminó en 2014 que se iniciara investigaciones, pero desconocemos sus avances, a pesar de que los policías son perfectamente identificables”

Por lo pronto, Yesenia respira libre. Desde el Centro Prodh comentaron que está muy tocada por lo vivido y que en estos momentos está dedicada reconectar su vida con sus hijos, de los que estuvo alejada 4 años, más allá de las visitas periódicas.

“Necesita reconfigurar su vida, para que de a poco pueda salir de este trance. Nosotros por lo pronto, la acompañamos en su vivencia. Por lo que hemos platicado, todavía queda por recorrer el camino de la reparación, pero ella tiene que decidir si continúa o no. No hay justicia completa sin reparación, sin que el Estado mexicano haga todo lo posible por reparar esos 4 años que le robó de su vida. Pero nosotros tampoco podemos empujar contra la voluntad de las víctimas. Ella acaba de recuperar su libertad, con mucho esfuerzo. Es a partir de sus acciones y las de su familia las que construyeron justicia, ellos fueron la punta de su defensa.”