A última hora del jueves 14 de enero, las familias volvieron a respirar.
El martes 12, unas 300 personas habían marchado por las calles de la localidad guerrerense de Arcelia, reclamando la aparición con vida de sus 17 familiares que habían sido secuestrados, el sábado 9 de enero, por hombres fuertemente armados de una fiesta en la que se encontraban.
La respiración se les había detenidos cuando fue hallado sin vida el cuerpo de José Eutimio Tinoco, comerciante de esa localidad.
Esa semana, cinco maestros de Ajuchitlán del Progreso también habían sido secuestrados, el lunes 11, cuando hombres armados repitieron el procedimiento pero irrumpieron en la secundaria técnica en dónde los docentes estaban trabajando. Cuatro de ellos fueron también liberados el viernes, salvo uno de ellos, que según las fuentes oficiales “murió durante el intercambio”
A pesar del estado en que se encontraban, fueron retenidos durante casi 9 horas en la agencia del Ministerio Público de Chilpancingo, mientras sus familiares esperaban afuera, y no habían podido reunirse con ellos, según publicó La Jornada.
“Los 21 ciudadanos secuestrados habían aparecido en uno de los cerros aledaños al poblado de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, colindante con el municipio de Arcelia”, escribió Sergio Ocampo, corresponsal de ese medio en Guerrero.
El fantasma de la desaparición forzada se expande sobre Guerrero como una nube negra y cruenta: según un artículo publicado en eldragonario.blogspot.com, que recolectó la información policial sobre muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones ocurridos en ese estado en los primeros 13 días del año: un promedio de 5 homicidios diarios (65 en total) y 22 personas secuestradas.
Además de los 4 maestros y de los 16 secuestrados de la fiesta, otras 5 personas que también habían sido secuestradas fueron liberadas con el grupo.
Lo paradójico de la situación es que Guerrero está superpoblado de fuerzas policiales. A saberse: tras la masacre en Iguala, en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos y otros 3 asesinados, 2 mil antimotines fueron enviados a Chilpancingo, capital del estado.
El 4 de Diciembre de ese año, con la excusa del “Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente”, 2 mil agentes de la policía federal fueron repartidos entre los 22 municipios de Guerrero (también a 8 del Estado de México, 4 de Morelos y 2 de Michoacán).
En Octubre de 2015, cuando se realizaron en Guerrero las evaluaciones docentes planificadas por la Secretaría de Educación y ampliamente resistidas por el gremio docente, otros 1500 agentes federales fueron apostados en la entidad.
La cantidad de policía, refieren las organizaciones populares de Guerrero, no asegura que la población este a salvo de las bandas del crimen organizado. Es que como apuntan muchos, no las envían para hacerles frente a ellos.
Foto: Especial / Proceso
