Ciudad de México | Desinformémonos. ‘‘Rechazamos que una ley de seguridad interior sea la vía para la pacificación del país’’, señaló la representante ciudadana Elena Azaola Garrido, de la Academia Mexicana de Criminología, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública frente a la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.
Explicó que antes de que se elabore una ley de seguridad interior, que propone mayor poder y control a las Fuerzas Armadas, debe instaurarse una estrategia nacional para que los policías, las fiscalías y los jueces sean garantes de los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, Luis Wertman, explicó que por mucho que se haga en favor de la seguridad, “los avances no reflejan una mejoría para el ciudadano promedio, porque sigue siendo testigo o víctima de delitos que sólo pueden explicarse por la impunidad, las complicidades, las fallas de coordinación y la ausencia de autoridad, lo que permite al crimen llenar los vacíos que muchas veces dejan algunas instituciones en prácticamente todos los niveles de gobierno”.
Durante su participación, Wertman agregó que el problema no se resolverá hasta que la desigualdad que caracteriza al país se reduzca.
“No sería necesario el rescate de espacios públicos ni la presencia militar en labores de seguridad, ni la división de polígonos prioritarios, si todos los municipios cumplieran con su razón de ser”, dijo por su parte la representante de la sociedad civil Angélica Garnica Sosa.
Varias organizaciones han reiterado que la ley de seguridad interior “incumpliría abiertamente la Constitución”, así como los tratados internacionales que México se comprometió “a respetar y garantizar”.
Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab, explicó que “cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto deseado por la gran impunidad existente” en México, y que la militarización no es la forma de combatir la delincuencia, “sino la certeza de que se castigará el delito” lo que realmente contribuirá a la lucha contra el crimen organizado.
