Foto: Sebas Granata / Télam
El gobierno anticipó que llamará a sesiones extraordinarias, en las que definirá la agenda legislativa. La Multisectorial Humedales, junto a 380 organizaciones, exige que incluya la Ley de Humedales para frenar el fuego, que ya devoró el 40% del hábitat en el Delta del Paraná. Mientras, el agronegocio extiende la frontera extractiva ante la inacción del Poder Judicial y la falta de recursos del Estado para combatir los incendios.
Que el proyecto de Ley de Humedales haya perdido estado parlamentario por tercera vez —como ocurrió en los años 2015 y 2017— y que (evidentemente) el Ejecutivo Nacional no tenga intención alguna de incluirlo en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, no es nada más ni nada menos que lo que todes suponíamos que iba a pasar. Después de todas las dilataciones y trabas que este proyecto de ley tiene: ¿Por qué sorprenderse?
El modelo productivo que lleva adelante este país desde hace décadas, sostenido y recrudecido por cada gobierno de turno, es un modelo extractivista y ampliamente contaminante que tiene por objeto generar riqueza para pocos a costa de la calidad de vida de millones de seres humanos. Esto supone la pérdida de grandes masas de biodiversidad de todos los ambientes que conforman nuestra Nación, así como la pérdida material de viviendas e insumos de trabajo de pequeños productores —la mayoría de la economía familiar y de pequeña escala— que habitan los territorios y se enfrentan a los fuegos activos en 11 provincias de nuestro país. Así, en Argentina se instalan modos de producción que en muchos otros países están expresamente prohibidos perpetuándose lógicas coloniales que persisten hasta la actualidad, donde el norte global sigue saqueando al sur global en nombre del mal llamado “desarrollo”.
En noviembre 2021, la Multisectorial Humedales Rosario, junto a aproximadamente 380 organizaciones del país y ante la inminente caída del proyecto de ley, redactó una carta dirigida al presidente Alberto Fernández instándolo a incluir dicho proyecto en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Una acción lógica y necesaria. Pero el destinatario fue un gobierno que sostiene e incentiva la megaminería; la explotación de combustibles fósiles en el Mar Argentino; la expansión de áreas destinada a monocultivos —que más allá de incrementar el uso de agrotóxicos son causa de quemas, desmontes y desertificación—; la aprobación del trigo transgénico; la instalación de mega granjas porcinas y la construcción de nuevas centrales nucleares. Fue una acción lógica y necesaria (aunque inútil), que volvió a chocar contra la sordera de un Estado cómplice y responsable.
Les diputades que nos recibieron luego de remar 350 kilómetros pidiendo por la Ley de Humedales en agosto 2021, sabían que el proyecto de ley jamás sería sancionado. Al ingresar al Congreso de la Nación junto a otras organizaciones, les tres diputades manifestaron: por un lado, la falta de voluntad del Ejecutivo Nacional. Por otro lado, citaron “las dificultades que imprimían en su trabajo”: los lobbies agroganaderos, mineros, forestales e inmobiliarios vinculándolos estrechamente con las comisiones restantes por las que la Ley de Humedalesrestaba de ser tratada.
Dichas comisiones son: Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre por José Arnaldo “Pitín” Ruiz Aragón (Frente de Todos); Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos); y Comisión de Intereses Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por Juan Aicega (PRO). En esa conversación de agosto con les diputades también fueron expresamente mencionados: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.
Ante esta proclamación (excusa inútil si las ha habido) cabe una pregunta retórica, que por retórica no deja de ser pregunta: ¿Los diputados de este país, representan al pueblo o a los intereses económicos de las minorías? Y de esta se desprende otra inevitable: ¿Acaso son nuestros representantes les que nos gobiernan o son los lobbies con quienes tejen acuerdos y a través de los que dan cauce (o no) a supuestas políticas públicas?
Ley de Humedales para preservar el ambiente y la salud frente al agronegocio
Solo en el Delta del Paraná, y en menos de dos años, el fuego consumió cerca de un millón de hectáreas, número que representa casi un 40% del humedal del Delta del Paraná. Es decir, casi la mitad del humedal hecho cenizas. Sumarle a esto el fuego en el resto del país nos lleva a sostener que la biodiversidad de los humedales de nuestro país, se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad.
El Observatorio Ambiental de la UNR sostiene que los daños producidos pueden ser muy difíciles de revertir, aún en el largo plazo. Por otro lado, los niveles de contaminación del aire se tornan por momentos peligrosos incluso para la salud humana. De acuerdo a un informe realizado por la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario centrado en las consecuencias de la contaminación del aire, y en consonancia con lo que manifiesta la OMS, se destaca el agravamiento y desarrollo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y distintos tipos de cáncer. La exposición a altos niveles de contaminación también se asocia a un mayor riesgo de abortos espontáneos y anomalías cerebrales que pueden contribuir a una reducción en la capacidad cognitiva de los niños en edad escolar.
A su vez, estudios realizados desde CONICET y desde distintes egresades de la Escuela de Antropología de la UNR, dan cuenta cómo estos procesos de pampeanización y transformaciones de los humedales, afecta a las poblaciones que viven en el Paraná y sus islas, transformando no sólo el espacio que habitan de manera histórica (desde fines del SXVIII), sino también generando procesos contradictorios y tensionales en la vida social de estas personas en su vida cotidiana en las que se teje el trabajo, la escolarización, el desplazamiento de una isla a otra o a las ciudades y la vivienda (ya que se han registrado pérdida de varios ranchos en relación a los fuegos en la isla). Reproduciéndose así, procesos de desigualdad y exclusión social en estas poblaciones que habitan territorios en llamas.
Se registra así la enorme complejidad que tiene para la población total este avance y lo que ello supone en términos de salud —entendiéndola en términos amplios que suponen la posibilidad de reproducción de toda la vida— para las generaciones actuales y las futuras. Resulta entonces increíble que a esta gente que dice representarnos les tenga sin cuidado la salud de los ambientes que habitamos, la repercusión que la degradación ambiental y social tiene en nuestra salud, y la garantía de nuestros derechos constitucionales por sobre los avances del agronegocio.
El fuego avanza sobre los humedales sin multas ni acción judicial
Cuando se habla de fuego se habla de prevenir y combatir. La prevención arranca con el ordenamiento y el control del territorio. Hoy por hoy el Delta del Paraná es zona liberada. Hay legislación, pero no hay intención de ponerla en práctica. Después de más de 40 mil focos de incendio en 2020, no se labró una multa y las pocas causas duermen en el Poder Judicial sin tener ningún avance importante. El combate es de nulo a escaso.
Los brigadistas poco pueden hacer con baldes y palas, que son los elementos con los que generalmente cuentan. Solo si la situación se torna “visible” se manda un helicóptero. En la última semana de este 2021, terminaron ardieron islas frente a Rosario, siendo los isleños organizados en brigadas quienes, con ayuda de gente que se cruzaba de localidades vecinas, plantaron combate a las llamas. La ayuda de los Gobiernos Provinciales y del Gobierno Nacional llegó tarde y fue escasa, a última hora apareció el helicóptero, esto mientras las casas de los isleños ardían en una isla que era un mar de fuego.
En paralelo, se publicaron loteos de terrenos arrasados por el fuego y circularon imágenes de bidones cerca de las zonas incendiadas, que refuerzan la clara intencionalidad y complicidad en este negocio del humedal. La no sanción de la Ley de Humedales, no solo anticipa la profundización del daño ambiental, sino que expone una carencia aún más preocupante. Democracia, por definición, es el gobierno donde el pueblo ejerce la soberanía, donde se respeta la voluntad de las mayorías. Si esta voluntad es ignorada, ¿cuán auténtico es nuestro sistema democrático?
Quizás sea hora de restaurarlo todo. Y mientras cierra un año al grito de “Bronca”, como en la canción de Miguel Cantilo, que nos prende fuego ante este estado de situación y complicidad, desde las organizaciones ambientales seguimos replicando y sosteniendo la lucha ardiente incesante, incansable y reclamando: ¡Basta de quemas! ¡Ley de humedales ya!
(*) Integrantes Multisectorial Humedales, Rosario
Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva