Publicado el 13 de marzo de 2019
“Hay que entender que no sabemos lo que esté viviendo la víctima y legalizar la interrupción del embarazo no va provocar que haya más abortos, sino que disminuya la tasa de mortalidad materna y las tasas de morbilidad materna asociadas al aborto», refirió la investigadora Guadalupe Pérez.
La discusión sobre la despenalización del aborto ha tomado un nuevo auge, luego de que el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma al Artículo 1 Constitucional de la entidad para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
En ese contexto, el aborto será motivo de cárcel para las mujeres que recurran a esta práctica en esa entidad. “Se necesita análisis y trabajo para entenderlo, los hombres ven a las mujeres como objetos de los cuales se puede hacer uso sin ninguna restricción y recae sobre ellas todo tipo de vejaciones”, apuntó Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.
En entrevista para UNAM Global, Pérez Baleón explicó que, en primera instancia, la interrupción legal y el aborto no son sinónimos. El término Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está permitido antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. La mujer puede solicitarlo siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, entre ellos, ser residente de la ciudad. Así, se garantiza la gratuidad del aborto, el cual se lleva a cabo con medicamentos, o aspiración, cuando la mujer está en las 12 semanas.
Por otro lado, el aborto es un término jurídico que está legislado en todas las entidades del país, de acuerdo con sus propios códigos penales, ya que no hay uno federal. Por ello, cada uno pone restricción en las causales para que las mujeres tengan acceso al aborto, una de ellas es la violación.
Pérez Baleón consideró que las restricciones se han endurecido y llevan a que la mujer sea doblemente víctima, “si tiene la fuerza de ir a denunciar al agresor le preguntan si lo provocó, si no hizo algo que lo incitara, quien las atiende no tienen perspectiva de género y no otorgan orientación, como darle la pastilla de emergencia o hacerle la prueba de VIH. Esto provoca que la persona no quiera denunciar en tiempo y forma por el shock. Cuando decida ir después, algunas de las pruebas ya se habrán borrado”.
Acotó que el Estado está obligado a dar seguros asequibles para llevarlo a cabo. “Hay que entender que no sabemos lo que esté viviendo la víctima y legalizar la interrupción del embarazo no va provocar que haya más abortos, sino que disminuya la tasa de mortalidad materna y las tasas de morbilidad materna asociadas al aborto, porque uno realizado en condiciones no higiénicas provoca pérdidas irreparables en la mujer”.
La académica de la ENTS enfatizó que las mujeres no son máquinas, pues no solamente gestarán un hijo, sino hay también un desgaste emocional y psicológico. Asimismo, señaló que es necesaria una educación sexual integral desde edades tempranas para que las personas tomen decisiones sobre su sexualidad de manera informada y responsable.
Pérez Baleón expresó que está en contra del discurso tendencioso de grupos que les niegan a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo. “Legalizar la interrupción del embarazo no incrementará las tasas de aborto y se puede hacer con tranquilidad si el Estado dota de todos los seguros y circunstancias necesarias para llevarlo a cabo”, finalizó.
Este material se comparte con autorización de UNAM Global