Redacción Desinformémonos.

México, D.F. En un documento elaborado en enero de 2015 y del cual sólo existen diez ejemplares entregados de forma selecta, el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, impulsado a nivel internacional en varios foros por la empresa paraestatal ProCDMX dirigida por Simón Levy Dubbah, prevé 16 mil 944 metros cuadrados totales de área comercial rentable, nueva y recuperada, contra 3 mil 287 de áreas verdes y jardineras, o sea, 500 por ciento más de superficie rentable que de “áreas verdes”, a pesar de que lo venden como un proyecto sustentable que mejorará el medio ambiente.

El objetivo prioritario del proyecto, se indica en el documento citado,  no es el corredor cultural sobre la Avenida Chapultepec, sino la enorme rentabilidad que la densificación masiva de los predios colindantes les proporcionaría a los inversionistas,  ya que,  textualmente, el documento del proyecto  asienta que “se trataría de la primera infraestructura urbana para potencializar un espacio público comercial con áreas verdes, que se vuelva el elemento detonador de toda una nueva zona central en la Ciudad de México, contenida por la Zona Rosa y  las colonias Roma – Condesa.  Un proyecto rentable y eficiente que probará a lo largo del tiempo que fue visionario para transformar la zona central de la ciudad”.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) asociado con empresas privadas nacionales y extranjeras, pretenden hacer desde el metro Chapultepec hasta la Avenida Balderas, un reciclado de la zona,  en donde las manzanas que circundan al mencionado proyecto,  serán sometidas a una intensa presión de la especulación del suelo, y en corto tiempo, vía los programas urbanos, a los predios existentes les serán autorizados la construcción de muchos niveles más de los que actualmente tienen,  para destinarlos a un uso comercial, de oficinas, de servicios y “vivienda plural”, según se indica.

Casualmente, uno de los planos representa con claridad, ya que incluyen su logo, que dicha transformación termina donde se localizan las instalaciones de Televisa Chapultepec. Con este criterio, hasta la Avenida Reforma, actual eje turístico de la ciudad, pasará a un segundo plano. Su inconveniente, según la visión empresarial de ProCDMX  y del GDF, es que se ha convertido en un espacio público del que se ha apropiado la libre manifestación ciudadana.

Entre las consideraciones generales del proyecto, se asienta que al desarrollar el Corredor Cultural Chapultepec “la renovación de esta zona se convertiría a mediano plazo,  en una importante oportunidad de desarrollo inmobiliario, ya que ofrece la posibilidad de hacer negocios en los ramos de comercio y servicio, convirtiéndose en un espacio de vanguardia y en un centro ejemplar de factores de movilidad urbana”. Pero no habla de cómo se abastecerá de los servicios de agua potable y drenaje, por ejemplo, a la zona que se pretende “potencializar”. Tampoco dice nada de las condiciones en las que podrán continuar su vida, si acaso no son expulsados, los habitantes y los comerciantes del nivel actual de Avenida Chapultepec, que además de que se propone cubrirla en varios tramos casi en la mitad del ancho existente, estarán sometidos a la concentración de vehículos  particulares y del transporte público,  el cual se propone como único uso para la actual avenida, o lo que es lo mismo,  el ordinario concepto de los  “ejes viales” que a diario se padecen.  Esto se sumará a la falta de luz natural que provocará la construcción de las grandes placas de concreto en un segundo y un tercer nivel, las que se pueden equiparar con la construcción de los ya conocidos como “segundos pisos”, nomás que ahora, ocupados por comercios a los que la mayor parte de la población no tiene acceso porque su poder adquisitivo no se los permite.

La pregunta entonces es, como se la han hecho desde hace varios años,  el Premio Nacional de Arquitectura 2015, Enrique Ortiz,  junto a miles de habitantes excluidos y expulsados de diversas ciudades del mundo:  ¿y dónde queda el derecho a la equidad y la inclusión de los ciudadanos,  firmado por el gobierno capitalino en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad? Porque la  llamada “ciudad de calidad”  por los desarrolladores inmobiliarios,  se convierte en ciudad mercancía y deja de ser ciudad.  El financiamiento privado del espacio público lo convierte en un espacio excluyente, que segrega y acentúa la desigualdad entre sus pobladores.

En su artículo, “El derecho a la ciudad: entre la Revolución democrática y el Estado de derecho pervertido” el urbanista Jordi Borja comenta: “La urbanización es hoy una política perversa de los gobiernos y de los organismos internacionales al servicio de la economía capitalista-especulativa que  reduce la economía productiva, aumenta la desocupación de trabajadores técnicos y profesionales y crece el empleo mal pagado, no calificado, precario,  como lo son los servicios de limpieza, hostelería y turismo. Las redes construidas por los ciudadanos se rompen y aumenta la sensación de estar totalmente desprotegidos”.

Con este criterio privatizador y excluyente parece funcionar la empresa paraestatal  ProCDMX creada por el actual gobierno de la Ciudad de México y que dirige Simón Levy Dubbah, joven abogado con especialidad en la creación e internacionalización de empresas, quien plantea que la paraestatal transita de ser una entidad que gestiona el financiamiento de proyectos públicos con recursos privados, a ser una agencia de promoción, inversión y desarrollo de la ciudad basada en asociaciones estratégicas, pero opera los megaproyectos planeados para ésta,  a través de las llamadas  Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES),  con criterios estrictamente empresariales de alta rentabilidad, los cuales vende en foros internacionales en los que continuamente está presente y comenta profusamente en las redes sociales.

Ante el anuncio del proyecto,  los ciudadanos que serán directamente afectados se movilizaron de inmediato manifestando su inconformidad y deseos de ser consultados en la toma de decisiones.   Por esta razón, el 25 de septiembre pasado el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc solicitó al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) la realización de una consulta a la ciudadanía, que se propuso para el 18 de octubre pasado, sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) la canceló tres días después de haberse solicitado. La petición de los vecinos es que les pregunten si están de acuerdo o no, previo conocimiento del proyecto. 

Ciudadanos como los comerciantes del mercado número 8, localizado en las avenidas Chapultepec y Cuauhtémoc, interpusieron un amparo contra el fideicomiso creado por ProCDMX para financiar este proyecto. En días recientes, el amparo les fue negado por el Juzgado Décimo sexto en materia administrativa del Distrito Federal y,  grupos de vecinos como la comunidad indígena otomí que construye su edificio con 30 viviendas y áreas interiores para sus actividades comunitarias en Avenida Chapultepec No. 342, desconocen también los alcances del proyecto que pretenden construir sobre su calle, así como el tipo de afectación que traerá a su vida cotidiana.

El proyecto del Corredor Cultural Chapultepec es uno de los catorce proyectos comerciales  que tiene previstos ProCDMX en diversas zonas de la ciudad, entre ellas, la Calzada de Tlalpan.