El éxodo masivo del pueblo hondureño que dio inicio en octubre de 2018 en busca de refugio, ha conmocionado al mundo entero por su forma y cantidad de miles de personas y familias que huyen a toda prisa cruzando fronteras. Muchas razones y causas son las que han originado esta estampida de personas que por algunos sectores ha sido caracterizado con racismo y xenofobia para descalificarla. Sin embargo, la violencia, la pobreza, la impunidad en la que se vive desde hace años en este país explica las razones de fondo para huir de un gobierno tutelado por las fuerzas militares, los grandes intereses corporativos y el narcotráfico pero también por la injerencia de los Estados Unidos, los bancos y las familias más ricas del país que mantienen al pueblo hondureño en condiciones de miseria y violencia que ha llegado el punto en que, según el Informe Global de Homicidios de Naciones Unidas, en 2014 fue catalogado como el país más inseguro del mundo. Con un ingreso per capita que lo posiciona como el segundo más bajo del continente, con el índice más alto de desigualdad e inequidad y la mayor tasa de homicidios del mundo con cifras históricas desde 1998.
ANTECEDENTES DEL REFUGIO
Honduras se ha caracterizado desde el Siglo XX por sus gobiernos militares golpistas, por la corrupción, la violencia, la impunidad y los índices de mayor pobreza y miseria de toda la región. Desde la década de los 80’s fue un objetivo de intervención militar y estratégico para el gobierno de los Estados Unidos con el fin de contrarrestar los procesos revolucionarios centroamericanos con financiamiento de la CIA y formar fuerzas armadas contrarrevolucionarias.
A partir de 1998 Honduras inicia la vorágine de firma de Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Comerciales Preferenciales o Acuerdos Parciales con 60 países hasta la fecha. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) aplicaron medidas neoliberales obligando al país a reducir las barreras arancelarias, a privatizar empresas estatales en medio de un servicio deficiente y lleno de escándalos de corrupción como en el sector eléctrico, telefonía, salud, entre otros. También se impulsaron modificaciones legales para facilitar la llegada de inversiones extranjeras y de la oligarquía nacional, y por ello se aprobaron leyes para el fomento a la inversión como la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Ordenamiento Estructural, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Incentivo al Turismo o la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Toda esta imposición de políticas neoliberales generó una agudización de la pobreza, de desempleo y pérdida de derechos laborales, de eliminación de subsidios, de la crisis del campo y de los sistemas de salud, educación y otros servicios públicos. Esta crisis económica del país, acompañada de la violencia del narcotráfico y las “maras” -cuyos integrantes jóvenes han sido excluidos del sistema y conforman históricamente parte de los fenómenos de migración-, empujó con mayor razón a una migración forzada y a un descontento social cuya respuesta fue la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, tutelada por una estructura judicial débil, corrupta y vinculada los intereses del crimen organizado.
Las inversiones en megaproyectos extractivistas fortalecieron el acaparamiento de tierras disputando las tierras a los pueblos indígenas, campesinos y garífunas con violencia, despojo, asesinatos y expulsión de sus territorios y medios de vida. A principios de 2000, la preocupación por la criminalidad y la violencia desatada por las bandas de jóvenes era ya mayor. El tráfico de drogas destinadas a Estados Unidos se incrementó a partir de 2001. Por ello, la embajada estadounidense apoyó al gobierno de Honduras en el ámbito militar, con entrenamiento a sus policía y para reformar la estructura judicial y policíaca lo que agudizó el escenario de violencia.
El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras en 2007, un año antes de la crisis del sistema capitalista caracterizado por la pobreza, el desempleo, la violencia estructural y el colapso de las economías, se aseguraba que alrededor de 100 mil personas habían abandonado el país, con un promedio de 11 personas por hora. En esa década se calculaban que más de 1.2 millones de hondureños habían huido de su territorio nacional de los cuales un millón 50 mil personas lo habían hecho a los Estados Unidos.
EL GOLPE CONTRA MANUEL ZELAYA DISPARA LA VIOLENCIA
En 2006 asume la Presidencia Manuel Zelaya. Se vinculó con la Venezuela de Hugo Chávez en convenios en materia de petróleo y sumó a su país a los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Esto fue una de las peores provocaciones para los Estados Unidos. Con un discurso progresista, pretendió un proceso constituyente como lo hicieran también otros miembros del ALBA lo que ocasionó la reacción de la cúpula empresarial, el ejército, de partidos políticos, de iglesias y del gobierno de los Estados Unidos, lo que terminó en un golpe de estado en 2009 con el secuestro de Zelaya por parte de los militares y su expulsión del país. Todo ello en el contexto de la crisis de capitalismo de 2008, año en que el gobierno de los Estados Unidos formula la Iniciativa Mérida (Plan Mérida o Plan México) como un tratado internacional de seguridad con México y los países centroamericanos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Este es el tipo de políticas e intervenciones que siempre han agudizado la violencia.
Sin embargo, el repudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) a este golpe no logró que se consumara el arribo a la presidencia de Porfirio Lobo quien inmediatamente dio inicio al reparto de créditos bancarios y concesiones para megaproyectos mineros, de represas, palma de aceite y la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE’s) llamadas también “Ciudades Modelo” o “Ciudades Charter”, de hasta 33 km2 cada una durante 80 años con el fin de generar entes autónomos al Estado, con territorios seguros a las empresas privadas extranjeras, bajo sus propias leyes, régimen fiscal, tribunales y policía. Estas “Ciudades Modelo” impulsadas por el Banco Mundial, son la equivalencia en México a las Zonas Económicas Especiales (ZEE’s) y es una modalidad de las existentes en otras regiones de Asia.
Tal acaparamiento de tierras provocó muchas movilizaciones de diversos sectores, pero también la reacción del estado que desata contra todo descontento social una mayor crueldad. Las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron con secuestros, represión, feminicidios, despojo de pobladores de sus viviendas y territorios, amenazas, asesinatos, persecuciones a diversos sectores entre ellos a periodistas, estudiantes universitarios; organizaciones campesinas, indígenas y negras; transexuales, homosexuales, defensoras del medio ambiente y organizaciones de derechos humanos.
Después del golpe se calculaba que cada hora era asesinada una persona. Entre 2000 y 2011 murieron de forma violenta 46,450 personas, y de 2010 al 2013 más de 20 mil 500 personas. En estos primeros años después del golpe fueron asesinadas 561,3 personas al mes, entre ellos más de 20 periodistas, más de 10 abogados, más de 120 ambientalistas y cinco que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2010 y 2015. Así, Honduras se hunde en la violencia, la impunidad, la corrupción y es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo con la mayor tasa de homicidios.
En la región del Bajo Aguán donde habitan alrededor de 300 mil personas indígenas, campesinas y garífunas, tres grandes terratenientes disputan sus territorios con tanta violencia que entre el 2008 y el 2013 cobraron la vida de alrededor de cien personas. En esa misma región se registran actos de violencia y represión contra las resistencias a los proyectos mineros en Tocoa. Por su lado, la familia Facussé, una de las más ricas del país, con casi 20 mil hectáreas de palma de aceite, recibió cuantiosos créditos gubernamentales para ampliar sus plantaciones a costa de represión, asesinatos y despojo de tierras. Es señalado por contratar sicarios para despojar a campesinos de sus territorios por lo que van alrededor de 150 personas asesinadas desde el 2010. Por su lado, en 2015 el Banco Continental de la familia Rosenthal, otra de las más ricas del país, es intervenido por el gobierno hondureño por presión de los Estados Unidos por el presunto lavado de dinero y narcotráfico. En contraparte, los Rosenthal demandan al gobierno de Honduras 1,000 millones de dólares por daños y perjuicios.
En el caso de la familia Atala Zablah, otra de las más ricas del país y de Centroamérica, uno de sus miembros fue representante del gobierno hondureño en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) luego del golpe, y que posteriormente otorgó créditos al banco FICOHSA de la misma familia Atala que ascendió a 100 millones de dólares. También recibió 15 millones de dólares del holandés Entrepreneurial Development Bank (FMO), 5 millones del Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (FINNFUND) y los 24 millones de dólares del BCIE. Todo ello para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa DESA de la familia Atala contra la que Berta Cáceres y el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) luchaban para evitar el despojo de sus territorios. Empresa que luego de otros asesinatos, intimidaciones, amenazas y represión contra las comunidades con el apoyo de la policía y el ejército, mandó a ejecutarla el 2 de marzo de 2016. Los bancos, sabiendo todo ello, no retiraron su financiamiento sino hasta julio de 2017 gracias a la presión internacional y del propio COPINH.
En 2014 el gobierno de los Estados Unidos crea la Alianza Estratégica para la Prosperidad del Triángulo Norte de la América Central con el fin de afianzar su hegemonía en Guatemala, El Salvador y Honduras, y hacer frente a la presencia de China y otros sectores económicos con fuertes intereses en la región. Otra estrategia fundamental fue potenciar las inversiones norteamericanas, bajar las tasas de inseguridad social y para las inversiones, mejorar el acceso a la justicia y con todo ello pretender disminuir la migración hacia los Estados Unidos. Entre 2015 y 2018 Washington comprometió USD$2.600 millones, pero los tres países de manera conjunta aportaron a la estrategia norteamericana USD$8.600 millones. Se acusa que la mayoría de estos fondos fueron destinados a las fuerzas de seguridad, a las empresas privadas y a la corrupción gubernamental. Estos son parte de los recursos que el presidente Donald Trump amenaza con retirar si los países de la región no detienen el éxodo hondureño hacia su país al que se han sumado guatemaltecos y salvadoreños.
Se calculó que entre 2010 y 2014, cada año 75 mil hondureños, que representan un promedio de 8 personas cada hora, huyen de la violencia buscando refugio allende sus fronteras. Se registraba que las remesas de los migrantes al país equivalían a 2,600 millones de dólares al año captando más divisas que la exportación, el turismo o la industria de la maquiladora. Hoy se calcula que las remesas equivalen al 20% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2015, la Comisión Económica para América Latina y el El Caribe (CEPAL) colocó a Honduras como el país más pobre del Continente, cuya deuda había aumentado USD$2,000 millones de enero de 2014 a abril de 2017 y que equivalía al 42.4% de su PIB.
No sólo los intereses estratégicos de Estados Unidos sobre Honduras han incidido negativamente, sino de la misma Unión Europea que quiso salvar al país destinando en el año 2013 de su fondo EuroJusticia millones de euros para combatir la impunidad, la corrupción y los crímenes violentos; garantizar el acceso de la población a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable. Pero tampoco lo logró. Se disparó la corrupción, la violencia y la impunidad. Por su lado, la empresa alemana Voith Hydro/Siemens también invertía en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca pese a la violencia que desataba el proyecto contra las comunidades indígenas. Bancos y empresas siguieron haciendo negocios ignorando las violaciones a los derechos humanos. La empresa austriaca Geppert Hydropower invierte en el proyecto hidroeléctrico “Los Planes” en Atlántida donde se registró inmediatamente un aumento de la militarización, amenazas de muerte, desalojos violentos y ejecuciones contra la población. Por su lado el Banco de Cooperación al Desarrollo Austriaco está involucrado en proyectos de energía “Valle Solar” en la costa pacífica en conflicto con los pobladores. La empresa de aeropuertos de Munich FGM (asociada del estado de Babiera, Alemania, y del gobierno de la ciudad de Munich), participan en la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola donde se encuentra la base militar de Estados Unidos.
En 2014 asume la presidencia Juan Orlando Hernández y en el 2015 estalla el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social que vinculó en el desfalco a Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente Porfirio Lobo y a otros diputados, lo que provocó fuertes movilizaciones y huelgas exigiendo justicia y la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández. Este caso, con todos los antecedentes, generó la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2016, dos meses antes del asesinato de Berta Cáceres, convirtiéndose en la primera Misión de la OEA para el combate a la corrupción y la impunidad en un Estado miembro. Sin embargo, aún así los movimientos sociales no ven avances en la lucha contra la impunidad ni contra la corrupción.
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Publicado originalmente en Otros Mundos Chiapas
