La ofensiva contra el gobierno de Dilma Rousseff y el Partido dos Trabalhadores (PT) se ha nutrido de factores coyunturales, como el frenazo de PIB y exportaciones, la inflación y la devaluación del Real, pero también de una estrategia basada en tres pilares, entrelazados con la difícil situación económica: el político, el mediático y el judiciario.

Así, en los medios, en la calle y en las instituciones, se preparan las condiciones para un golpe soft, o sea el derrocamiento no violento de un gobierno por medio de la desestabilización, el fomento de conflictos y el uso de recursos constitucionales excepcionales, como el impeachment, incluso en situaciones que no lo ameritarían. Si hoy un golpe militar ya no es viable, hay entonces otras tácticas no electorales, legitimadas por poderes fácticos y actores externos, para defenestrar a un mandatario, por ejemplo armando enredos judiciarios o parlamentarios, como en Honduras y Paraguay, o bloqueando el proceso legislativo y cabalgando el descontento popular.

La oposición política, las oligarquías y los medios mainstream fomentan la confusión y la manipulan la opinión pública. Mezclan temas distintos (impeachment, economía, corrupción, programas sociales y acusaciones contra el ex presidente Lula) para promover un “cambio” abrupto.

Las opiniones de los manifestantes antigubernamentales, por ejemplo durante los actos masivos del 13 de marzo, muestran confusión imperante y falta de objetivos, más allá de la oposición al PT y de los eslóganes ¡Fora Dilma! o ¡Renuncia ya!, que favorecen el oportunismo del PSDB (Partido Social Democracia Brasileña) y demás franjas reaccionarias. Las protestas tienen un sesgo clasista y geográfico. Movilizan sobre todo a sectores de las élites y de la clase medio-alta sobre todo en el sureste, pero no a las clases medio-bajas, a los negros, a los habitantes de las periferias y al nordeste. Su fin es apoyar los pilares de la estrategia derechista, mostrando que sí hay un movimiento “popular”, y provocar la destitución de Rousseff, o bien el deterioro de la figura de Lula, quien pretende volver a la presidencia en 2018.

Aunque no son pocos los desaciertos de los gobiernos petistas (por ejemplo, desconexión de bases y movimientos sociales, conflictos socioambientales, gradual ralentización de la inclusión y redistribución, desalojos y gastos mega-eventos, reformas agrarias y políticas pendientes) y el país está pasando por una crisis mayor, el verdadero poder de convocatoria de las marchas opositoras se debe a la acción del gigante mediático Globo y de las federaciones industriales de Río y San Pablo. En respuesta, el 18 de marzo, miles de militantes petistas y ciudadanos realizaron actos multitudinarios en defensa de la democracia con la consigna ¡No habrá golpe!

El juicio de impeachment contra Dilma, que sigue su curso en el Congreso, no atañe a actos de corrupción, sino a presuntas anomalías en el presupuesto y al financiamiento de unos programas sociales por parte de bancos estatales. El Congreso está fragmentado y es el receptáculo de bancadas y clientelas que llevan extenuantes negociaciones y tienen poco que ver con el bien común y la estabilidad.

Paradójicamente, si la presidenta es cesada, le podrían suceder en el cargo su vice, el presidente del Senado, o el de la Cámara, Eduardo Cunha. Todos están citados (y Cunha es incluso investigado) en la Operación Lava-Jato (Auto-Lavado) conducida por el juez Sergio Moro, la cual está destapando el esquema de sobornos y contratos abultados entre dirigentes políticos y contratistas de la compañía energética estatal Petrobras.

Están implicados más de 300 empresarios y políticos de varios partidos pero los medios han exhibido más los casos ligados al oficialismo, convirtiendo a Moro en un héroe nacional y comparándolo con Antonio Di Pietro, el fiscal que hace 25 años en Italia condujo la operación Manos Limpias (Mani Pulite) contra la corrupción político-empresarial que derrumbó al antiguo sistema de partidos, aunque acabó volviéndose él mismo un polémico hombre político de ideología justicialista, paternalista y “ni de derecha ni de izquierda”, según su definición.

Brasil vive un grave conflicto institucional. La fiscalía acusa a Lula por presunto blanqueo de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsedad documental. Moro privilegia un justicialismo agresivo y el uso de delaciones premiadas, conocidas también como “la ley del arrepentido”, cárcel preventiva y protagonismo mediático. Con un operativo enorme y televisado, el día 4 más de 200 policías allanaron la casa de Lula y lo llevaron a declarar. Tras este hecho inédito Lula denunció un acoso mediático-judicial en su contra y Moro pidió su detención preventiva, pese a que jamás el ex sindicalista se había negado a comparecer ante la justicia. Finalmente Lula fue nombrado Ministro de Casa Civil del gabinete de Rousseff y, si la Corte Suprema lo ratifica, gozará de un fuero y sólo podrá ser investigado por la misma Corte, ya no por el poder judicial ordinario.

Se trata de una maniobra política controversial para salvaguardar al mismo Lula en una situación considerada “crítica” y de emergencia, dentro de un contexto de crispación político-judicial sin precedentes. Para impedirle asumir el cargo y cumplir con un supuesto interés público, Moro ha filtrado a la prensa conversaciones privadas entre Dilma y Lula, pero su acción fue juzgada ilegal y un fallo de la Suprema Corte le retiró temporalmente la investigación. Cada día se reacomodan las piezas del rompecabezas brasileño. El gobierno espera que la incorporación del ex mandatario pueda destrabar el impasse parlamentario y ayudar a la presidenta a cambiar el rumbo de la política económica y recuperar la senda del crecimiento y de las reformas.

El mundo de las finanzas y de la economía internacional parece reaccionar positivamente conforme van saliendo noticias favorables al impeachment o perjudiciales para Lula y el PT: baja el dólar, sube la bolsa y las agencias de rating mejoran sus calificaciones. Las élites financieras tienen fans: Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, dijo que no “hay condiciones para que Dilma permanezca en su cargo”, el Economist afirma que “es hora de que Dilma se vaya”, y el ex presidente F.H. Cardoso habló del impeachment como único camino ante la ingobernabilidad. En esta fase el mantra neoliberal repite que es esencial ganar la confianza de mercados e inversores y las derechas, atizadas por la victoria de Mauricio Macri en Argentina, reanudan viejas convergencias oligárquicas y remozan los pilares de su estrategia.