En México hay oficialmente 95 mil 739 personas desaparecidas: 15 de cada cien de éstas se registraron en Jalisco. Desde CUTonalá, proponen abordar esta problemática desde la academia en colaboración con organizaciones civiles y periodistas
Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Forenses del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) enfrentan el reto social y la oportunidad de contribuir con sus estudios al entendimiento de la desaparición de personas y de la crisis forense con las miles de personas fallecidas sin identificar depositadas en las morgues del país.
Así lo consideró la jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho, Denisse Ayala Hernández, quien abrió las puertas del Centro Universitario a integrantes de la red “A dónde van los desaparecidos”, un grupo de periodistas interesados en la cobertura, las lógicas y narrativas de la desaparición en México y las luchas de los familiares en la búsqueda de sus ausentes.
Ayala Hernández subrayó la importancia de abordar la desaparición de personas bajo la perspectiva de las ciencias forenses desde lo académico y con la experiencia de las organizaciones civiles, colectivos de familiares y periodistas.
“Una de las ideas que buscamos resolver es cómo debe contribuir la universidad pública, como un espacio educativo, al tratamiento de la cosa pública”, como la desaparición de personas que abordaron las periodistas especializadas Paloma Robles y Analy Nuño en el Aula Amplia del CUTonalá.
Desaparecer en México
La periodista Paloma Robles —fundadora de “A dónde van los desaparecidos” junto con las periodistas Marcela Turati, Alejandra Guillén, Mago Torres y Érika Lozano—, resaltó el impulso del equipo por descifrar las violencias que ocurrían en el país desde la mitad del sexenio del expresidente Felipe Calderón.
“Empezaban a verse los estragos de la violencia por regiones, por cierto tipo de violencia (por ejemplo, el tema de los cuerpos encobijados y el fetichismo alrededor de la muerte de las personas), y de cómo eran descubiertas y que luego condujo al tema de la desaparición”, explicó.
Paloma Robles, integrante del equipo que desarrolló el reportaje “El país de las 2 mil fosas” explicó la intención de los perpetradores al desaparecer a una persona en México: borrar los registros de sus muertes, de su paradero o restar posibilidades de dilucidar las causas de la desaparición y cualquier evidencia que ayude en la reparación del daño.
La periodista egresada del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) e integrante de la red, Analy Nuño, enfatizó el papel de las familias que en la búsqueda de sus seres queridos, al presentar pruebas, al buscarlos, encontraron una crisis forense.
“Los periodistas no estábamos preparados para esta crisis. Porque, ante la destrucción de la identidad, se debe asumir que la gente está muerta sin bases. Lo demás se resolvió así: las familias denunciaron la desaparición y presentaron pruebas, y en el camino se encontraron con la crisis forense”, lamentó la periodista.
La cobertura de personas desaparecidas es riesgosa, además del compromiso que se asume con las familias para hacer una cobertura cuidadosa. En la parte personal, los periodistas deben afrontar el agotamiento mental y emocional.
«Ir a una fosa representa soñar con ella, cargar con la responsabilidad de hacer una buena cobertura que esperan las familias. Y hacer frente a la parte emocional de la que no hablamos los periodistas, pero que queda como residuo», compartió Paloma Robles.
Agregó que para las periodistas se trata de un trabajo que acompaña a las familias al trascender la cifra fría de desaparecidos nombrando a los desaparecidos, desenterrar la verdad y encontrar esperanza, paz y justicia.
Las crisis y el servicio público
En México se estiman 95 mil 739 las personas desaparecidas y no localizadas, mientras en Jalisco son 15 mil 76, es decir, 15 de cada cien personas del país desaparecieron en el estado.
Por otra parte, las personas fallecidas sin identificar que se encuentran en las morgues del país son 52 mil, de las cuales cinco mil 738 están en los servicios forenses de Jalisco, once de cada diez.
Ante esta crisis humanitaria, Denisse Ayala Hernández destacó el diálogo y los puentes entre los estudiantes de ciencias forenses no sólo con las instituciones judiciales y estatales, sino también al romper las fronteras y acercarse a otras disciplinas.
“Lo que tenemos enfrente es un problema que nos interpela como seres humanos, personas y ciudadanos. La universidad pública no puede menos que abrir el espacio al diálogo en aras de la formación académica”, confirmó.
Sobre el cruce de la academia y el servicio público donde los estudiantes desarrollarán su trabajo, Analy Nuño recomendó a los asistentes superar el marco que supone emplearse en instituciones.
“Si en algún momento llegan a desarrollar este trabajo en una institución no se vean como burócratas. No dejen de ser personas. Sean conscientes de a quienes están ayudando y atendiendo. Tengan mucha ética y responsabilidad social, porque quienes más necesitan de nuestro apoyo son los familiares”, recomendó la periodista.
Paloma Robles agregó que el trabajo realizado de las distintas disciplinas con los colectivos de familias también es una lucha por la vida.
“Desafortunadamente nos arrebatan el derecho a vivir de forma tranquila y lo que podemos abonar no es sólo muerte, también dignidad a quienes acompañan a las familias; y que abonará a la memoria para el entendimiento del proceso histórico”, adelantó.
Ayala Hernández reiteró la importancia de entablar un diálogo que se convierta en un ecosistema de intercambio para comprender un fenómeno que lastima y deteriora el tejido social y el concepto de buen vivir.
“Sin este tipo de espacios no entenderíamos cómo pueden tejerse esos vasos comunicantes que nos permitan, juntos, dilucidar un horizonte de salida, de mejora de la condición tan lamentable que estamos viviendo”, concluyó.
Publicado originalmente en La Gaceta UdeG
