Mientras escribo estas palabras, Leonora, una madre buscadora, empaca sus cosas en cajas para dejar su casa rápidamente en medio de un operativo de seguridad que se ha planeado para proteger su vida. Se trasladará a un refugio sin saber cuánto tiempo deba pasar allí, evitando el contacto con sus seres queridos y lejos de las actividades que han sido motor de su vida durante la última década: buscar a su hijo desaparecido y reclamar justicia por él y por tantas otras personas desaparecidas en México.
En toda su historia de activismo, Leonora ha enfrentado una larga lista de funcionarios públicos enfurecidos por las denuncias que ha hecho acerca de sus prácticas corruptas y criminales, pero nunca había sentido como ahora el riesgo de ser asesinada a tal punto de plantearse la decisión de dejar todo y poner una pausa.
Durante este proceso, Leonora ha recibido el apoyo de una red de aliadas que han activado protocolos de atención urgente sin la ayuda del gobierno, sosteniendo su trabajo en la experiencia de acompañar a defensoras en contextos de alto riesgo en México y América Latina, a partir del cuidado en comunidad. Esta experticia se ha logrado a punta de pérdidas y duelos en una región en la que ocurre el mayor número de asesinatos a personas defensoras en el mundo: 68%, de acuerdo con datos de la CEPAL.
Llevo días sin hablar con Leonora porque ha restringido la comunicación a través de su teléfono móvil como parte del protocolo de seguridad. Siento su soledad y el no poder estar con ella, mientras recuerdo las palabras de Patricia Flores, buscadora de Sonora, quien hace poco decía a la prensa: “Estamos más solas que nunca”[1]. Cecilia compartió estas palabras después de sufrir un intento de ataque en el refugio de seguridad que habilitó para ella el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas después de que recibiera amenazas por su labor de búsqueda en fosas clandestinas.
Leonora y Cecilia no son las únicas buscadoras que se encuentran en refugios o que son atendidas por el Mecanismo de Protección. La mayoría de las que han sufrido amenazas o han estado en riesgo, ni siquiera se cuentan en las estadísticas. En un estudio recientemente publicado por el colectivo de investigación Connectas se establece que al menos 1,992 buscadoras en México han sufrido incidentes de seguridad y muchas de ellas han tenido que desplazarse para proteger su vida y la de sus familiares. El estudio cita un informe presentado por el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, según el cual 48% de las familias entrevistadas han sido víctimas de amenazas y/o agresiones, 58% se siente insegura en las búsquedas y 64% no recibe medidas de seguridad a pesar de haber denunciado.[2]
Todas las vidas perdidas en esta pesadilla necrótica que vivimos en México deberían dolernos. Pero cuando se trata de la vida de una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos, esta pérdida debería ser considerada una herida colectiva porque nos lesiona a todxs en nuestro derecho a oponernos a la injusticia.
Hacia esto se orienta el mensaje hecho público recientemente por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando pide a las autoridades mexicanas redoblar los esfuerzos para reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y asegurar con ello su protección ante los múltiples y graves riesgos que se ven obligadas a enfrentar por exigir justicia. [3]
En la mayoría de los casos, las buscadoras han advertido a las autoridades acerca de las amenazas recibidas en su contra, solicitando el apoyo de la seguridad pública, que casi siempre llega tarde o es insuficiente para cuidar sus vidas. Ese fue el caso de la buscadora de Puebla, Blanca Esmeralda Gallardo, asesinada en octubre de este año, quien, luego de que se filtrara información personal y confidencial relacionada con la desaparición de su hija Betsabé Alvarado Gallardo, pidió protección a las autoridades y no se la dieron. [4]
Se ha demostrado también que funcionarios públicos son partícipes de la agresión que sufren las buscadoras, ya sea por omisión, discriminación, estigmatización o por ataques directos en su contra, lo que lesiona profundamente la confianza que se puede tejer entre los colectivos y las instituciones que deberían protegerles. Los casos que han terminado en feminicidios de buscadoras demuestran también la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, sus familias y sus compañeras de búsqueda: todo ello, mina la posibilidad de creer en el discurso de un estado que declara públicamente pena por las muertes, pero sostiene la impunidad.
Resulta sorprendente que, después de más de una década de que se hayan iniciado las búsquedas masivas de personas desaparecidas en todo el territorio nacional, no se hayan mejorado los protocolos de seguridad para acompañar estos procesos, sobre todo considerando que en las corporaciones policiacas y militares se invierten muchos recursos.
La respuesta más común del estado al requerimiento de seguridad durante las búsquedas ha sido mandar a las tropas a acompañar a las buscadoras a sus exploraciones, lo que en algunos casos no sólo es ineficiente, sino que las pone en mayor riesgo en contextos en los que la presencia militar o policiaca “calienta la plaza” [5]. Esta miope estrategia ha sido reciclada por los últimos dos presidentes de la república y los gobernadores en los estados sin que se defina un enfoque estratégico para estos escenarios.
Es urgente que las estrategias de seguridad para las personas buscadoras contemplen una perspectiva de género con enfoque interseccional, que reconozca la imposibilidad de ofrecer medidas estandarizadas para todas las buscadoras en riesgo y considere factores como el género, la orientación sexual, la clase, la identidad étnica, la nacionalidad, el lugar de residencia, la edad y los rasgos del colectivo en relación con su exposición al riesgo. Para hacer esto posible, es necesario que se realicen con seriedad las evaluaciones de riesgo en cada proceso de búsqueda y que éstas se lleven a cabo de manera participativa, tomando en cuenta los conocimientos locales de las buscadoras y su capacidad de análisis del contexto.
Estos análisis, por su puesto, deben contemplar el riesgo colectivo que sufren las agrupaciones de familiares dada su pertenencia a la organización, e incluir no sólo las actividades de búsqueda, sino todas aquellas que puedan ser potencialmente un riesgo para su integridad. En este sentido, una estrategia de seguridad para las buscadoras estaría incompleta si no se analiza y atiende el riesgo que viven en sus hogares y comunidades, en donde algunas experimentan violencia punitiva por desobedecer el mandato de género. Debe reconocerse además el papel que desempeñan muchas como principales o únicas responsables del cuidado de sus familias y extender las medidas de protección a las personas a su cargo.
Un primer paso importante para caminar hacia este propósito es otorgar reconocimiento político y legal a la importante labor que desempeñan las buscadoras como defensoras de derechos humanos, así como el desarrollo de campañas que respalden la legitimidad e importancia de su trabajo con el objetivo de desmantelar prejuicios y reconocer sus contribuciones a la sociedad.
El Estado mexicano acumula grandes deudas en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la seguridad para quienes buscan. Pese a ello, las buscadoras no se han quedado de brazos cruzados, pues se han capacitado en análisis de riesgo y medidas de seguridad, han acudido a los organismos de protección federales e internacionales exigiendo atención y han activado redes de seguridad autogestivas que reafirman su capacidad de organización desde sus territorios y saberes.
La vida de las defensoras no puede depender de instituciones incapaces o cómplices. Por ello es fundamental alentar y fortalecer las redes de seguridad y apoyo mutuo que sostengan su cuidado, sin dejar de exigir que las instituciones gubernamentales cumplan con su obligación de protección, instándoles a coordinar sus estrategias -cuando las haya-, con aquellas construidas desde abajo.
*Carolina Robledo Silvestre es periodista colombiana, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Catedrática Conacyt, comisionada al CIESAS Ciudad de México y coordinadora del Observatorio Etnográfico de las Violencias. Integrante y fundadora del GIASF.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias:
[5] Se denomina “calentar la plaza” a la acción de algún grupo armado que modifica el estado actual del equilibrio de fuerzas afectando a algún ejército rival o a grupos que se disputan un territorio. La presencia de las corporaciones oficiales puede calentar la plaza en el sentido de provocar atención a una zona en la que los delincuentes tienen control absoluto, afectando con ello su libertad y poder de acción sobre dicho territorio. Llamar la atención de los medios de comunicación en un área específica también es una manera de calentar la plaza, pues aumenta la exposición y el riesgo para las acciones criminales.
**Fotografía de portada: Colectivos y familiares de desaparecidos se reunieron alrededor de la Glorieta de las y los desaparecidos para presenciar una obra de teatro en homenaje a las víctimas desaparecidas. Crédito: Ariadna Martínez/ObturadorMX
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
