Ciudad de México | Desinformémonos. “Es lamentable el viraje que se produjo” en la investigación de la Visitaduría General sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues sólo ha identificado “faltas leves, […] calificadas de administrativas” y no se ha propuesto la apertura de alguna investigación penal, denunció el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
La ONU-DH manifestó su preocupación ante las conclusiones de la investigación interna y denunció que desde el inicio se documentaron “graves” violaciones a los derechos humanos y patrones en la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
A tres días de que se cumplieron 29 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Jarab expresó que a pesar de que en un inicio “la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”, su resultado final significó “una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”.
De acuerdo con la investigación de la Visitaduría, las faltas “habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR”, en su mayoría peritos y ministerios públicos, así como el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
“Ayotzinapa es un caso emblemático, sobre el cual recientemente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein, reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellas está la investigación de las irregularidades en la integración del expediente por parte de la PGR. Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”, dijo Jarab.
Finalmente y ante el panorama, la ONU-DH reiteró su apoyo a las familias de las víctimas de desaparición de Ayotzinapa que continúan con la búsqueda de libertad y justicia, y destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales.
