El 26 de mayo, las madres y padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa, y en solidaridad organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y el pueblo Otomí, realizaron una marcha que inició del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la presentación con vida de sus hijos. Durante el recorrido reclamaron al ejército mexicano por su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes, pues sabían en tiempo real lo que pasaba esa noche de la agresión, pero no hicieron nada por evitarlo.

En el mitin, doña Concepción Tlatempa  Colchero, madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, señaló al «ejército participó en la desaparición de nuestros hijos, pero el gobierno hace oídos sordos, no quieren investigar a los militares. ¿Qué le está pasando a este gobierno?».

La posición de las madres y padres fue leída por doña Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, dónde relatan que «del 2018 al 2020 las investigaciones presentaron avances parciales en las búsquedas e investigaciones. Se ejercitaron más de cien acciones penales y se procesó a más de diez funcionarios de nivel medio que incurrieron en irregularidades y algunos otros implicados en la desaparición de los jóvenes. De las búsquedas en terreno se localizaron más de mil restos óseos, dos de los cuales fueron identificados como pertenecientes a los estudiantes desaparecidos Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz».

En el comunicado se enumeran 5 puntos fundamentales en las recientes investigaciones donde aseguran que las fuerzas armadas están implicadas en distintos niveles en la desaparición de los 43. Primero, el ejército monitoreó desde que los estudiantes salieron de la escuela normal de Ayotzinapa hasta su desaparición. Luego, en el desarrollo de la agresión patrullaron las calles y presenciaron los hechos, incluso hablaron con los estudiantes e inspeccionaron en los separos de la policía municipal de Iguala. Ahí estaba un grupo de los estudiantes.  El tercero tiene que ver con los vínculos de algunos mandos del 27 batallón de infantería con el grupo de la delincuencia Guerreros Unidos. También se sabe por un testigo que 25 estudiantes fueron ingresados a las instalaciones del ejército en Iguala y posteriormente entregados a un grupo delictivo que privó de la vida a todos los estudiantes. El último punto es que las fuerzas armadas poseen información relevante de lo que ocurrió a los jóvenes normalistas.

Sin embargo, los avances en las investigaciones han quedado en un callejón sin salida, cuando una pizca de luz de la verdad topó con el ejército. Repetidas veces esta institución a negado información valiosa para saber que pasó. En aras de esclarecer los hechos dejan lagunas enormes y un sospechismo fundado al no querer brindar la información cuando se les ha requerido de parte de la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Así, pues los hilos de la investigación para conocer la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del ejército mexicano. Por eso es importante que se investigue a la institución armada de manera exhaustiva y se deslinden las responsabilidades de elementos del 27° batallón de infantería, señalaron las madres y padres de los 43.

«Estamos conscientes del poder fáctico del ejército mexicano y de su cercanía con el jefe del ejecutivo federal, pero también confiamos en que el pueblo de México y las organizaciones sociales no permitiremos que el poder de las armas se imponga y que en los archivos militares se sepulte la verdad de lo que ocurrió con los 43», finalizó el comunicado de las madres y padres.

Las madres y padres exigen al gobierno que presente con vida a sus hijos. La verdad la siguen escondiendo en las paredes de las instituciones de justicia. Su pensamiento es que las autoridades jugaron con la esperanza, pero sólo fue un engaño. La palabra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue parte de un discurso demagógico para suavizar el movimiento por la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes.

«Dónde están nuestros hijos. Los militares y policías se los llevaron, pero no nos quieren decir dónde, pero nosotros no nos cansaremos de andar en las calles. Mes con mes vamos a seguir exigiendo, aunque al gobierno no le guste. Nos dejan sin opciones. Nosotras como madres nunca vamos a dejar la lucha porque queremos ver a nuestros hijos de regreso. No nos vamos hasta que sepamos la verdad, pero por favor no queremos ser engañados de que nuestros hijos están muertos. No es cierto», dijo doña Metodia Carrillo Lino, madre de Luis Ángel, estudiante desaparecido.

Iguala: la gota de la tragedia y la falta de justicia

Madres y padres de los 43, organizaciones sociales de Iguala y estudiantes normalistas colocan ofrendas florales en las estelas de los estudiantes asesinados como Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

Isidoro Vicario, abogado de Tlachinollan, dijo que “el día de hoy, 27 de mayo del 2022, lamentamos que se cumplan 92 meses sin que los responsables materiales e intelectuales sean llevados a las puertas de la justicia». En este sentido, las madres y padres exigieron verdad y justicia. También dijeron que se investigue al ejército porque tienen información importante para dar con el paradero de sus hijos y sobre lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Maximino Hernández, padre de Carlos Lorenzo Hernández, estudiante desaparecido, lamentó la desaparición de los 43 normalistas y con el rostro afligido explicó que los jóvenes solo soñaban con ser maestros. “Desgraciadamente el gobierno de Enrique Peña Nieto les arrebató esa ilusión. A casi 8 años del asesinato de los tres estudiantes la justicia no ha llegado, ni siquiera hay detenidos. Desde esa noche trágica en la que nuestros hijos corrían desesperados para nosotros no hay fiesta, no hay nada. A veces dentro de esa sonrisa hay una tristeza. Llegamos a la casa y nos ponemos a llorar”.

Recordaron que en las primeras investigaciones del caso de Julio César Mondragón Fontes se dijo que “habían sido los animales quienes se comieron el rostro del estudiante, pero debido a la exigencia de los familiares y organizaciones, fue que se pudieron realizar investigaciones de manera independiente para demostrar no fueron animales, sino manos de personas expertas para matar a la gente, manos asesinas que le quitaron su rostro”.

Con la mirada perdida, don Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, estudiante desaparecido, exigió al gobierno federal para que investigue y castigue a Ángel Aguirre Rivero, Murillo Karam, el general José Martínez Crespo, Tomás Zerón de Lucio y muchos más que directa e indirectamente participaron en la desaparición de los jóvenes estudiantes.

Las madres y los padres de familia enérgicamente señalaron que no se van a callar hasta a encontrar a sus hijos. Con ímpetu seguirán en la lucha de exigencia de verdad, pero también de justicia por los estudiantes asesinados en aquella noche lluviosa y sangrienta de Iguala.

Reafirmaron su lucha en memoria de don Tomás, don Fernando a quien se conoce como tío Venado, doña Minerva y don Saúl, quienes fallecieron por enfermedades provocadas por la angustia y el dolor de no saber nada de sus hijos.

Al final las madres y los padres convocaron a la jornada de lucha, 26 de septiembre no se olvida, que se llevará acabo del 5 al 16 de junio del 2022 para romper los muros del silencio y los hilos con los que el ejército mexicano enmaraña la verdad.

Publicado originalmente en Tlachinollan