Las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y los sindicatos locales de periodistas llevan décadas intentando hacer frente a la terrible pandemia de la violencia de género.
El tema no es nuevo, pero la campaña del #YoTambién ha conseguido que se debata en público a una escala sin precedentes.
Cuando hablamos de violencia de género contra mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación nos referimos a una triple amenaza: el riesgo de ser víctimas de la violencia como cualquier otra mujer del planeta; los mismos riesgos que nuestros colegas hombres; y los riesgos a los que nos enfrentamos por ser mujeres periodistas.
En todo el mundo los sindicatos de periodistas han recibido informes de formas directas de violencia (violencia selectiva, tortura, asesinato, feminicidio, violencia sexual, amenazas de muerte y a las familias, prisión, abuso de las leyes de sedición y difamación, intimidación, acoso, acoso sexual, violencia doméstica y acoso o maltrato cibernéticos), así como de sus formas indirectas (ser obligadas a ejercer trabajos precarios y temporales, pobreza, discriminación manifiesta y discriminación sistémica).
Todas ellas constituyen formas de violencia de género. Asimismo, son el resultado del abuso del poder y la mayoría constituyen violaciones de los derechos humanos.
Magnitud, ámbitos y prácticas
Un nuevo estudio de la FIP revela que “casi una de cada dos mujeres periodistas ha sufrido acoso sexual, maltrato psicológico, ciberacoso y otras formas de violencia de género en el trabajo”.
La FIP entrevistó a casi 400 mujeres de 50 países y el 66% de las que habían sufrido algún tipo de violencia de género admitieron que no habían dado el paso de denunciarlo formalmente. Entre las que lo hicieron, el 85% respondió que “no se tomó ninguna medida adecuada contra los responsables” y que la mayoría de los lugares de trabajo (el 74%) no cuentan con mecanismos de denuncia o apoyo.
Estas dos últimas cifras resultan especialmente importantes si se tiene en cuenta quiénes son los autores de este tipo de violencia: el 38% fueron jefes o superiores, el 45% personas ajenas al lugar de trabajo (fuentes, políticos, lectores o espectadores) y el 39% personas anónimas.
Aunque recientemente se han logrado algunos avances en el ámbito de los mecanismos de denuncia (por ejemplo, la campaña Byte Back de la FIP y la plataforma de denuncias de la FEPJ/Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación) y algunas guías de buena práctica excelentes (la Safe at Home, Safe at Work de la CES y la Countering Online Abuse of Female Journalists de la OSCE), dichos mecanismos tienen como principal objetivo la recopilación de datos. Y a pesar de que la buena práctica constituye un gran avance, tan solo tiene sentido si los sindicatos locales pueden aplicar realmente dichas medidas.
Sin embargo, según podemos deducir de las anteriores cifras, las mujeres periodistas que sufren la violencia de género no se sienten seguras ni apoyadas para denunciar y cuando lo hacen en la mayoría de los casos no consiguen ningún tipo de solución.
En la práctica existe una desconexión entre las acciones emprendidas hasta la fecha y las experiencias de las mujeres periodistas.
Una auténtica sorpresa
La verdadera sorpresa entre la cantidad de informes de acoso sexual y malos tratos en Estados Unidos y el resto del mundo es el número de mujeres dispuestas a denunciar.
Estas mujeres se tienen que enfrentar al tipo de escrutinio (por no mencionar el acoso y las amenazas violentas) que históricamente se ha evidenciado en los casos de violación y que mantuvo a las mujeres en silencio durante décadas.
El miedo a perder su trabajo o su posición en la comunidad o en la empresa, la vergüenza, el estigma social, el aumento del acoso y el recrudecimiento de la violencia, incluido el ciberacoso, también han obligado a muchas mujeres a guardar silencio.
Sus temores no tienen nada de irracional. Según el Dart Center for Journalism and Trauma, el impacto del acoso suele incluir la evasión, la negación o el abandono de la profesión. En raras ocasiones acaba con un enfrentamiento al agresor e incluso en menos casos desemboca en un procesamiento judicial efectivo.
En 2012 pidieron a la FIP y su consejo de género que apoyaran a la periodista macedonia Meri Jordanovska.
Un comentarista de la televisión nacional la estaba atacando en las redes. Publicó fotografías suyas privadas y distorsionadas y la maltrató verbalmente. Asimismo sexualizó sus agresiones y en un momento dado insinuó que había sido maltratada cuando era una niña. Además, la incluyó en su lista de “se busca, viva o muerta” en un programa de la televisión nacional.
Este caso fue denunciado ante el Ministerio del Interior, Facebook y la Dirección de Protección de Datos Personales. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto, aunque finalmente las fotografías fueron eliminadas de Facebook. Según el sindicato local, desde entonces el acoso y las agresiones sexistas están aumentando en general, pero ninguna otra mujer se ha atrevido a denunciar.
En Somalia en 2014, Faduma Abdulkadir, de 19 años, fue violada en una sala de prensa. Como denunció la violación, fue detenida y condenada a una pena de prisión de seis meses en régimen de libertad condicional, mientras que su violador disfruta de la libertad plena.
El sindicato local de periodistas, el National Union of Somali Journalists (NUSOJ), en colaboración con el sindicato italiano Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), pudo sacar a Abdulkadir de Somalia. Recientemente le otorgaron asilo político en Italia y recibió un premio por su valentía.
Sin embargo, estos ejemplos no son casos aislados.
Para que las mujeres denuncien tienen que ser valientes. A veces deben demostrar un nivel de valentía increíble, especialmente cuando tienen que enfrentarse a la violencia promovida por el Estado. No debería ser así.
Ya va siendo hora de acabar con esa excusa generalizada de no ver y no saber.
El uso de palabras como ‘sorprendente’ e ‘impactante’ en los titulares que analizan la violencia de género solo refuerzan las excusas y desvían la atención del debate para alejarlo de la resolución de los problemas en los mecanismos de denuncia y apoyo inadecuados tanto en el ámbito particular como en el lugar de trabajo, de la falta de leyes nacionales contra el maltrato y el acoso, de la deficiencia en la aplicación de las leyes que existen y de la falta de aplicación de los convenios laborales internacionales.
Tenemos que conseguir que las mujeres periodistas se sientan seguras para denunciar sin miedo a represalias.
El estudio de la FIP anteriormente mencionado ha demostrado claramente la desconexión que existe en la práctica entre la acción y el impacto. Para lograr un cambio real habrá que eliminar todos los factores que contribuyen a la violencia de género en todos los niveles, en especial abordando el asunto de la impunidad.
Si se trata de un abuso del poder, es violencia de género. Y para las que la han tenido que sufrir, ya es hora de unirse y ser escuchadas.