Fue un 13 de septiembre de 2009. En un pequeño pueblo catalán llamado Arenys de Munt, con poco más de 6 mil habitantes, su ayuntamiento convocaba a los vecinos para que votaran respecto a una pregunta muy concreta. “¿Está de acuerdo en que Cataluña pase a ser un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”. Los medios de comunicación españoles se echaban las manos a la cabeza con epítetos de “consulta ilegal”, “inconstitucional”, “subversiva”. Votaron poco más de 2 mil 700 personas, y 2 mil 500 dijeron que sí. Estos comicios simbólicos, inconscientemente, dieron paso a un movimiento a lo largo y ancho de las 40 comarcas catalanas, por el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Querían votar y decidir respecto a su territorio. No había vuelta atrás.

Este episodio es fundamental para entender el proceso catalán, que durante estos meses ha saltado a la palestra mediática por las pasadas elecciones el 27 de septiembre, donde los partidos independentistas lograron la mayoría absoluta en su cámara de diputados. La independencia a España no ha sido un proyecto que las élites económicas o los partidos políticos hayan encorsetado a su pueblo. Todo lo contrario. Han sido las bases catalanistas las que han obligado a los políticos a virar a hacía la soberanía y a plantearles la necesidad de crear un nuevo país.

“Si una parte de los políticos traicionara la causa independentista, la sociedad civil pasaría por encima. Las marchas, las acciones como las cadenas humanas… Ha habido un empoderamiento civil, que es el verdadero motor del proceso. Si se hubieses claudicado, el impulso desde abajo se hubiera vuelto a retroalimentar”, explica Jesús Rodríguez, coordinador de información del semanario Directa, quienes cubren las problemáticas y luchas de los movimientos sociales catalanes.

En el panorama independentista catalán encontramos tres ejes indispensables. Uno, los partidos políticos que van desde la derecha a la extrema izquierda. Por un lado, Junts Pel Sí (Juntos por el Sí), que fue una alianza de los partidos políticos tradicionales y nacionalistas, donde consiguieron 62 escaños, de los 135 que alberga el congreso catalán. Por otro, la Candidatura d’Unitat Popular (Candidatura de Unidad Popular, CUP), que consiguió 10. Esta última formación política con más de 35 años en su haber, bebe de movimientos como el zapatismo y van a tener un papel clave para el próximo gobierno catalán que se vaya a formar.

Otro eje del proceso, han sido las organizaciones civiles como la Asamblea Nacional Catalana, que con una política de transversalidad, han convocado actos multitudinarios como la pasada Via Lliure (Vía Libre), donde juntaron a más de 2 millones de personas en Barcelona por el día nacional catalán.

En el último eje, encontramos a las organizaciones independentistas como Endavant, Arran o Sepc, que han movilizado al independentismo militante de izquierdas y estudiantil desde hace años, y que han sido el músculo y la fuerza en muchas marchas y acciones.

De uno de estos colectivos viene Josep Maria Llauradó, joven de poco más de 26 años de la localidad de Tarragona, en el sur de Catalunya. “De unos años a esta parte ha habido una importante politización de la gente con el 15-M (movimiento 15 de mayo del 2011 que tomó las plazas en España) y con las movilizaciones de la Asamblea Nacional Catalana hay un cambio. La gente estaba aguantando una crisis que no podía soportar y se polarizó”, dice Josep María, quien señala que en los últimos comicios se pudo ver los polos identitarios en Catalunya. Los que se sentían españoles votaron a los unionistas y quienes se sentían catalanes a los independentistas, comenta.

Llauradó se encuentra en un dilema como muchos de los 4,1 millones que votaron el pasado 27S. Él votó a la CUP por sus creencias ideológicas y cree que para formar un nuevo gobierno independentista, el líder de Juntos por el Sí (el partido nacionalista mayoritario), Artur Mas, debería dimitir. Mas es líder de Convergencia Democrática de Catalunya, el partido político conservador catalán que representa los intereses de la burguesía y empresariado catalán.

Paradójicamente, Convergencia durante los años 90 y principios del 2000 fue la muleta del Partido Popular, formación que gobierna actualmente España, para aprobar medidas privatizadoras y reaccionarias como la última Ley Mordaza. Mas ha querido capitanear el proceso y erigirse como el primer presidente de la República catalana, cuya ruta política duraría unos 18 meses, dijo. Sin embargo, tanto para los españolistas como los catalanistas de izquierda, su nombre está asociado a la corrupción local, sobre todo, a lo que se refiere a su mentor político Jordi Pujol quien fue presidente del gobierno catalán durante 23 años.

Pero paralelamente a toda esta situación secesionista, que ha contrariado en muchas ocasiones a los altos funcionarios de la Unión Europea que no saben qué decir ante la creación de un nuevo país dentro del continente, un camino de transformación social también se está gestando en el seno de la sociedad catalana.

“Cada día se constituyen en Catalunya decenas de cooperativas, siendo estas un espacio de referencia en la economía catalana. Hay una alternativa real al trabajo asalariado y es un indicativo que la sociedad catalana no solo vive un proceso de independencia sino social, de cuestionamiento económico”, relata el periodista Jesús Rodríguez.

Este tipo de autogestión, influido por el anarquismo de principios del siglo XX que planteaba la colectivización de las fábricas y el campo, está resucitando cada día un poco más en poblaciones como Barcelona, donde habitan casi tres millones de personas. Las finanzas éticas, los bancos de tiempo y las cooperativas, constituyen acciones reales de emancipación social que se están creando al margen de la independencia catalana.

Para Rodríguez, la pregunta de muchos catalanes no es que bandera queremos sino que sistema queremos. Y ante un 20 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en Catalunya, según datos del Instituto de Estadística, la autogestión y empoderamiento de las clases populares va por otro riel diferente al que plantea el oficialismo nacionalista que representa Artur Mas, quien quiere un país con acento catalán, pero bajo el yugo del empresariado y la banca.

Es entonces, que la Candidatura de Unidad Popular (CUP) está negociando estos días con Artur Mas para no proclamarle presidente y en cambio, declarar la independencia. La CUP no quiere un país con diferente bandera pero mismo sistema, sino que la creación de un estado comporte cambios sociales y verdaderos para la clase trabajadora que ha sufrido las inclemencias de la crisis de 2008.

Una cosa es clara. Los catalanes no solo están desafiando el statu quo de España, quien tiene una larga tradición de luchas nacionalistas como la vasca, gallega o canaria, sino también de toda Europa, quien no vería con buenos ojos una república independiente, y menos aún, socialista.

No obstante, el palpitar de las calles catalanas pide un cambio y albergan toda la ilusión para cometerlo. Como en Arenys de Munt. Pero en este caso, no es ningún simulacro.