Fotografías y videos: Valia Aguirre
A siete años del derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano, las mujeres afectadas por metales pesados de la comunidad indígena de Cuninico en Loreto narran sus historias.
“Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras”.
Svetlana Alexiévich.
Liceña Oblitas Pizango, mujer de 40 años y madre de ocho hijos, pensaba que el petróleo era transparente como se lo venden embotellado en su comunidad indígena kukama de Cuninico, en el distrito de Urarinas de la región Loreto. Fue el 24 de junio de 2014, hace siete años, que Liceña conoció por primera vez la forma original del petróleo. Ese día más de 2500 barriles de crudo provenientes del kilómetro 41 del Oleoducto Norperuano se derramaron por la quebrada que lleva el nombre de su comunidad y desemboca en el río Marañón.
—Yo pensaba que el petróleo era así clarito como se compra. Total, que es como una brea —recuerda.
Desde entonces, Liceña y todas las madres de su comunidad a cargo de los hogares han tenido que convivir con un río que enferma a su familia, con embarazos que terminan en abortos espontáneos, chacras que ya no cosechan como antes, una empresa estatal que no repara los daños y un Estado que las abandona.
Esta realidad se expande por varias comunidades indígenas más de la selva peruana que padecen la contaminación petrolera y afectación por metales pesados. Del 2008 al 2016, según consta en un informe de una comisión investigadora del Congreso, 66 derrames ocurrieron a lo largo del Oleoducto Norperuano. Y estos, además, han continuado hasta la fecha: más de 474 derrames han ocurrido en el ONP y los 7 lotes petroleros activos, según datos del OEFA y Osinergmin.
La tragedia, después de un derrame de petróleo, tiene rostro de mujer. Y estas son sus historias.
SOLAS EN EL HOGAR
Aquel día eran cerca de las cinco de la tarde cuando Liceña encontró a uno de sus ocho hijos con el cuerpo cubierto de un líquido negro y espeso. Kénides Joel, en ese entonces un escolar de 15 años, había pasado el día recogiendo a mano limpia el crudo de petróleo esparcido por la quebrada de Cuninico por 80 soles para Petroperú.
—Al día siguiente, tres de la mañana de nuevo le vienen a recoger. Amanece el día, vengo a mirar, ya lo habían llevado ya. Así se iban los días, ya no venía ya. Estaban con cama allá —dice Liceña.
Después de varias jornadas recogiendo petróleo sin ningún tipo de protección, Joel quedó con fiebre, mareos, irritación en los ojos y dolor al orinar. Un metamizol, un fármaco que actúa como analgésico, lo calmaba apenas por unas horas. https://www.youtube.com/embed/xWkUgR7oEO4
Además de Joel, más de 120 familias de Cuninico participaron en el recojo del crudo de petróleo. Y dos años después, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Ministerio de Salud encontró altos niveles de mercurio, cadmio y plomo en muestras de sangre y orina realizadas a personas de la comunidad. En un niño de 7 años se encontró 14.16 microgramos de plomo por decilitro de sangre.
La mayoría de las familias de Cuninico tienen a alguien como Joel en el hogar. Apenas a unos metros de la casa de Liceña, vive Angelica Pizango Sandy, una mujer de 65 años que reside desde hace 8 años en la comunidad. Padece la misma situación que su vecina. “Mi esposo tiene unos granos en el cuerpo que insoportable son. Anoche no pudo dormir también”, comparte Angelica.
—Eso estamos sufriendo ya desde ese tiempo que hubo el derrame. Él me dice, no sé, eso será mi muerte, me dice —agrega con frustración. Ella como el resto de mujeres son las que se hacen cargo de calmar los dolores de los suyos.
El pueblo de Cuninico no solo vio cambios en la salud de sus miembros; también encaró una forma de vida más dura. Mientras que los hombres dejaron de pescar hasta 500 kilos por semana y se vieron obligados a navegar en sus peque-peques (balsa) más de diez horas hasta zonas alejadas del río Marañón en busca de aguas y peces libres de contaminación, las mujeres se quedaron solas a cargo del hogar.
Liceña Oblitas, como todas las mujeres de Cuninico, ha intentado consumir solo el agua que cae de la lluvia o de un tanque temporal que interdiario abastece a la comunidad con dos baldes por familia. En su intento, sin embargo, se encuentra con largas temporadas sin lluvia. Como si las circunstancias la acorralasen entre su casa, su chacra y la orilla del río Marañón, Liceña termina tomando de las aguas que enferman.
Las aguas que según confirmó el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), no cumplen con los límites permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
“A veces, cuando no tenemos agua de lluvia, tenemos que tomar el agua de acá. Vómito y diarrea nos causa, pero asimismo tenemos que tomar. ¿Qué agua más vamos a tomar?”, cuestiona Liceña. “Dicen que ya no hay derrame, que ya no hay petróleo. Pero hay. Porque yo me voy por acá en la quebrada a mi chacra y sí baja el petróleo. Y peor cuando está creciendo (el caudal)”.
El crudo del petróleo, dice la mujer de Cuninico, aún desfila brillante por el río.
AGUAS INFÉRTILES
En la memoria, Liceña Oblitas también guarda el recuerdo de sus dos embarazos que apenas alcanzaron los tres meses de gestación, con sangrados, hasta que el feto cayó al suelo como una fruta madura de entre sus piernas. Sus siete primeros hijos, que nacieron antes del año del derrame de petróleo en Cuninico, cumplieron los 9 meses de gestación sin complicaciones y partos naturales. Después del 2014, cualquier intento de vida moría dentro de ella.
—Los siguientes embarazos ya no han sido normales. Eran como bien diferentes a un niño, como un inválido. Bien feo, feo —recuerda Liceña, cuando veía a los fetos caídos en la tierra.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la exposición a metales pesados en mujeres embarazadas puede producir un alto nivel de toxinas en su leche materna, el cordón umbilical, el suero sanguíneo y los tejidos grasos, lo que causa infecundidad, abortos espontáneos, nacimientos prematuros y cánceres al aparato reproductor, menor capacidad de lactancia e imposibilidad de parir hijos sanos.
Tras dos abortos espontáneos en 2016, Liceña volvió a quedar embarazada. Esta vez, con plantas medicinales, constantes sangrados y recurrentes viajes en lancha hasta la comunidad vecina de Maypuco para acceder a la asistencia médica, Liceña tuvo a su último y octavo hijo. Un niño que ahora tiene 5 años, pasa el día descalzo y trepado en árboles, y llora cada vez que le brotan ronchas sobre la piel.
—Hay tiempos que toditos sus piecitos de mi hijo se hacen ronchita. Todito su cuerpito, así como la varicela. No deja de rascarse, llora con la comezón y se hincha —, se lamenta. Aunque a veces, agrega, ha logrado aliviar su dolor cuando le frota azúcar en las partes irritadas.
La historia se repite en otras mujeres más de Cuninico. Flor de María Parana Vásquez, madre indígena de la comunidad, ha sido testigo de ello en los últimos 7 años, desde aquel derrame de petróleo en 2014. “Varias mujeres han perdido sus niños, sus bebés de 3 a 4 meses. Y no sabían por qué. Nos hemos dado cuenta de que era porque el agua estaba contaminada con petróleo. Por eso varias madres han perdido sus fetos”, cuenta.
Lo mismo vivió Dorca Vásquez Silva, mujer de 47 años y madre de 3 hijos. Tras el derrame, en dos ocasiones sus embarazos terminaron en abortos espontáneos. “Se han muerto dentro de mi barriga y me han cesareado. Me decían que por el agua”, explica.
Los metales pesados, según la OMS, generan varias afectaciones a la salud humana. El plomo y el arsénico, por ejemplo, provocan enfermedades neurológicas, hematológicas, gastrointestinales, cardiovasculares y renales. El cadmio, por su lado, tiene efectos tóxicos en el riñón, y los sistemas óseo y respiratorio; mientras que el mercurio representa una amenaza para el desarrollo del feto en el útero y en los primeros años de vida.
El estudio “Ser madres después de un derrame de petróleo” publicado por Oxfam y CLACSO, advierte que “no tener en cuenta el impacto diferenciado por género que pueden causar las actividades extractivas impide una correcta elaboración de indicadores, planes estratégicos y políticas públicas centradas en reducir la brecha de género en estos contextos” e “invisibiliza y desatiende las principales necesidades e intereses diferenciados que surgen al interior de las familias de los colectivos comunales”.
EL ESTADO QUE NO CUMPLE
Mientras el menor de sus hijos, trepado en un árbol, se concentra desde arriba antes de saltar, Liceña rememora la sentencia que le ordena al Estado y a Petroperú atender a la comunidad y reparar los daños generados respectivamente. Y pese a que no tiene claro los detalles, ella sabe que la orden judicial no se ha cumplido: sobrevive a la falta y abandono del Estado.
El 12 de febrero de 2015, dirigentes indígenas de las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, todas afectadas por el derrame de petróleo de junio de 2014, se juntaron para demandar a Petroperú, el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
La primera sentencia a favor se logró el 13 de setiembre de 2017, cuando se declaró fundada en parte la demanda de las comunidades afectadas. La resolución judicial ordenó al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Epidemiología implementar en 30 días una estrategia de salud pública de emergencia que permita emprender un programa de atención médica y vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria.
El Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad Provincial de Nauta, por su parte, tenían que participar en las acciones de ejecución que permitan la protección de la salud de las comunidades afectadas. Y en 2018, el Tribunal Constitucional ordenó a Petroperú que le pague a la comunidad de Cuninico una compensación económica, luego de hacer un inventario de los daños y valorizarlos.
A cuatro años de la sentencia, Cuninico solo cuenta con un pequeño módulo de salud en donde atienden una licenciada, un laboratorista y dos técnicos. Según la estrategia de salud elaborada por el Minsa, sin embargo, la comunidad debería contar con dos brigadas: una itinerante que llegue a las zonas más alejadas, y otra permanente. Estas brigadas, además, deberían contar con un médico, una obstetra, un licenciado, un técnico y un laboratorista.
En las orillas de la quebrada Cuninico también aguarda una hidroambulancia averiada. Hace dos años, la Dirección Regional de Salud de Loreto la entregó a la comunidad como parte de sus obligaciones dictadas en la sentencia. Sin embargo, no brindó el combustible ni el mantenimiento que requiere cada seis meses y a la fecha se encuentra en desuso.
Con esa hidroambulancia, explica Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Kukamas Unidos del Marañón (FEDEKUM), los promotores de salud de Cuninico se trasladaron durante la pandemia hacia las comunidades vecinas para brindar ayuda a las personas con síntomas de covid-19. “Para nosotros la cuarentena no ha existido. Había un caso, a ver qué le damos, cómo le salvamos, con las hojas, con las plantas”, afirma Galo.
Siete años después del derrame, Liceña Oblitas sabe que su comunidad vive con metales tóxicos en la sangre. Más de un examen toxicológico del CENSOPAS se lo ha confirmado. Lo que no sabe es cuándo van a dejar de recibir medicinas genéricas por atención especializada, ni cuándo volverá a llover para evitar tomar el agua del río contaminado. Sin respuestas, Liceña ahora retorna al doloroso y crónico silencio en el que ha vivido desde aquel derrame de petróleo, lejos de la atención del Estado.
Publicado originalmente en Wayka