Chilpancingo, Gro., 3 de noviembre. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, aseguró que en Guerrero sí está tipificada la tortura como delito, aunque no toma en cuenta, ni se sanciona, por lo que dijo que hace unos días envió otra vez la propuesta para que sea analizada por la Comisión de Derechos Humanos, o la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, del Congreso local, con la finalidad de reformar el Código Penal, e incluir la tortura como delito grave.

Detalló que el delito de tortura sólo está tipificado como tal en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, por eso hace siete meses envió la última propuesta a la legislatura estatal. Sin embargo, fue desechada por los diputados locales.

Señaló que «la tortura es uno de los actos más arbitrarios que es cometido principalmente por los cuerpos policiacos y en los centros penitenciarios. En Guerrero no se le puede combatir ya que no está tipificada como delito grave en el Código Penal del estado, por eso queda impune».

El ombusdman insistió en que la tortura sí está considerada en la ley del organismo que preside, «pero no es aplicada ni por las autoridades ministeriales, ni por los jueces; tampoco las autoridades de justicia aplican el artículo 53 de la ley de la Coddehum que la tipifica como delito, porque no es una ley que esté en el Código Penal del estado».

Es preocupante, dijo, que «el Congreso del estado no reforme el Código Penal. Desde el año 2007 y 2008, la Coddehum envió una propuesta al Congreso pidiendo tipificar como delito a la tortura en el Código Penal de Guerrero. La intención es que este delito no quede impune porque la mayoría de casos, más bien la totalidad, han quedado impunes por estas circunstancias».

Pese a que dijo no tener la cifra exacta de las quejas presentadas en la Coddehum, mencionó que «ha habido un sinnúmero de casos pero generalmente se califican como abuso de autoridad, golpes o lesiones», concluyó.

A principios de la semana el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apoyado por otras organizaciones sociales y no gubernamentales, presentaron también una propuesta ante el Congreso de Guerrero, para que la tortura se tipifique como delito grave.