A pocos días de la toma de posesión del nuevo gobierno en Brasil, sigue como una incógnita lo que efectivamente resultará de la improbable coalición formada entre militares, evangélicos, tierratenientes y ultraliberales a partir de algunos pálidos puntos de consenso – el principal de ellos, su odio común contra el ex presidente Lula y su partido, el PT.

Para entender cómo una serie de expectativas contradictorias entre esos sectores podría acomodarse, un número cada vez mayor de analistas recuerda el ejemplo de la dictadura chilena de Augusto Pinochet. El propio presidente, así como sus hijos – parlamentarios electos – a menudo citan al gobierno del general chileno como inspiración para lo que pretenden implementar en Brasil a partir de 2019. Uno de ellos, incluso, visitó el país ahora en diciembre.

Uno de los principales nombres del gobierno que se inicia en enero, por cierto, el economista Paulo Guedes, anunciado como titular de un nuevo «Ministerio de Economía», tiene un currículo intensamente ligado a la dictadura chilena. Con una beca concedida por el gobierno brasileño, estudió en los años 70 en la Universidad de Chicago, donde fue alumno de Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo. Después de concluir el doctorado en la institución estadounidense, en 1978, aceptó invitación para enseñar en la Universidad de Chile, en pleno gobierno de Pinochet.

Allí, convivió con los llamados Chicago Boys, economistas chilenos egresados ​​de Chicago que establecieron para la dictadura de Pinochet una agenda ultraliberal afinada con las enseñanzas recibidas en Estados Unidos. De vuelta a Brasil, Guedes se enriqueció con el mercado de capitales, siendo cocreador del Pactual, banco de inversiones al que ya estuvieron asociados por lo menos tres presos notorios – uno de ellos posteriormente absuelto – en las recientes operaciones anticorrupción que sacudieron el sistema político brasileño. Guedes, por su parte, es actualmente blanco de investigación policial en función de su actuación en la gestión de fondos.

Esta conexión directa, en el plano económico, remite inmediatamente a la política. Al final, la impopularidad de ciertas medidas preconizadas por el neoliberalismo ha requerido, alrededor del mundo, el apoyo fundamental del brazo armado del Estado – en una receta que tiene Pinochet una vez más como modelo, justamente.

La primera prueba para el nuevo gobierno podrá ser la reforma de la Previdencia, para la cual, por lo menos por ahora, se apunta el modelo chileno, de capitalización individual, como base. El nuevo presidente y sus hijos han afirmado en entrevistas que obtendrán el apoyo a las reformas a partir de la comunicación directa con su electorado (57,7 millones de votos en la segunda vuelta en octubre, o el 39,2% del total de votantes), en lugar de usar la fuerza.

Al mismo tiempo, señalan positivamente a ideas como la tipificación de acciones de ocupación de tierras o propiedades urbanas como terrorismo (lo que afecta directamente a algunos de los mayores movimientos sociales brasileños, como MST y MTST) o la «criminalización del comunismo», lo que, en el contexto brasileño actual, está directamente ligado al proyecto Escuela sin Partido – un movimiento que ha buscado aprobar proyectos por todo el país prohibiendo un supuesto «adoctrinamiento comunista» dentro de las escuelas y universidades por parte de los maestros. Es decir, quedan abiertas algunas «ventanas de oportunidad» para indirectamente criminalizar a los sectores que, seguramente, deben protestar contra medidas como privatizaciones y el fin de derechos sociales y servicios públicos relacionados.

A pesar del notorio apoyo entre los más ricos y los más blancos, es bueno recordar que el presidente electo, según apuntaban encuestas anteriores a los comicios de octubre, tiene un 71% de su electorado entre los que ganan hasta cinco salarios mínimos, y el 69% que cursaron sólo hasta la secundária. Brasil, como se sabe, es uno de los países campeones de la desigualdad social y económica en el mundo. ¿Hasta qué punto la parte de la población más pobre que apoya al nuevo gobierno seguirá dándole soporte cuando empiece a percibir las consecuencias de las políticas ultraliberales para su vida cotidiana?

Nada menos que el 70% de la población brasileña no tiene un plan particular de salud, dependiendo del sistema público. En el caso de la educación, el porcentaje de usuarios llega al 73,5%. Es decir, la mayoría de la población simplemente no tiene ingresos para acceder a servicios básicos privados. «Sólo tiene una utilidad al pobre en nuestro país: votar», declaró una vez el nuevo presidente. Uno de sus hijos ya defendió en Internet que la concesión de beneficios sociales por el gobierno esté condicionada a la esterilización de las mujeres y hombres pobres.

Por ahora, las señales son de un endurecimiento en las políticas de encarcelamiento masivo y, al mismo tiempo, por medio de mensajes indirectos, de un aflojamiento en el control de las ejecuciones practicadas por policías. ¿Será viable políticamente? Sólo el tiempo lo dirá. Como dijo recientemente uno de los miembros del clan que ahora llega al poder en el país, en relación a la tipificación de acciones de movimientos sociales como terrorismo: «Si es necesario arrestar 100 mil, ¿cuál es el problema?» Por cierto, el presidente electo ya afirmó: «Pinochet debería haber matado más gente”.