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El movimiento internacional campesino volvió a proponer políticas concretas frente a la crisis climática: agroecología, soberanía alimentaria y un modelo que priorice a los agricultores familiares y pueblos indígenas. Denuncian el vínculo entre el agronegocio, el calentamiento global y los fenómenos extremos como sequías e inundaciones.
La Vía Campesina recordó que la crisis climática es causada en gran parte por la agroindustria y el modelo de consumo dominante. “La crisis actual es el resultado directo de un sistema económico que explota todas las formas de vida sin reconocer ningún límite a la naturaleza”, afirmó la organización campesina internacional en el marco de la Cumbre Climática de Naciones Unidas (COP27). El movimiento campesino resaltó que la soberanía alimentaria es una forma concreta de combatir el calentamiento global y la crisis climática. Exigió políticas concretas que impulsen la agroecología y que se apliquen los derechos campesinos para asegurar una transición agrícola justa, con bienestar ecológico y social.
Desde el 6 al 18 de noviembre se realiza en Egipto la 27° Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cnmucc), también llamada COP27. Participan los Estado parte y empresas transnacionales que, en palabras de La Vía Campesina, utilizan su control sobre los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales para mercantilizar la crisis, negar que el capitalismo de los combustibles fósiles tenga algo que ver con ella y limitar cualquier posibilidad real de cambio transformador. No obstante, indicó la organización campesina, el sistema alimentario corporativo es responsable de más del 50 por ciento de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial.
Sin embargo —alerta el movimiento campesino— «las empresas como Bayer-Monsanto no ofrecen más que propuestas ávidas de ganancias empaquetadas en esquemas vergonzosos de cero neto«, que buscan compensar las emisiones que generan. Por citar un caso: el plan “cero neto” de la empresa de alimentos más grande del mundo, Nestlé, por sí solo podría requerir 4,4 millones de hectáreas de tierra por año para compensar con plantaciones de monocultivos de árboles sus emisiones de carbono. Esto implica disputas por la tierra y desalojos de familias campesinas e indígenas. «Las soluciones corporativas falsas brindan un pase libre al núcleo colonial dominante mientras lideran un asalto global a las comunidades rurales, los medios de vida y los territorios», afirmó La Vía Campesina en un comunicado previo a la Cumbre.
La COP27 está desarrollándose en la ciudad egipcia Sharm el-Sheij, donde llegaron representantes de más de cien países (con las notables ausencias de China, Rusia e India) y 40.000 participantes inscriptos. Para La Vía Campesina la agenda del encuentro internacional está «lejos de las luchas constantes de los pueblos africanos y árabes por la autodeterminación y está dejando muy poco espacio para que las comunidades organizadas le digan la verdad al poder corporativo». En ese marco, la organización rural asiste al encuentro para denunciar, una vez más, que la responsabilidad por las emisiones recae en las élites de Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia.
«Los gobiernos nacionales deben implementar políticas que apoyen medios de vida rurales dignos, economías locales vibrantes y una transición justa hacia sistemas alimentarios agroecológicos», reclamó la organización. Y agregó que las luchas de los movimientos campesinos en todo el mundo son en pos de «sistemas de energía controlados por la comunidad local y la acción colectiva para una transición justa, lejos de los combustibles fósiles y contra las falsas soluciones energéticas que fomentan la captura de nuestros recursos naturales».
Al tiempo que rechazaron los intentos de la agroindustria por cooptar la agroecología, reforzaron el compromiso con las prácticas campesinas que, desde las bases, nutren los suelos con materia orgánica, conservan y recuperan la biodiversidad y apelan al conocimiento de los pueblos y de la Madre Tierra para producir alimentos sanos.
El movimiento campesino frente al lobby empresarial
La organización internacional GRAIN y La Vía Campesina calcularon que entre el 44 y el 57 por ciento del total de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera provienen del sistema de producción agroindustrial. La deforestación para la ampliación de las fronteras agrícolas representa entre el 15 y el 18 por ciento de las emisiones; la producción de alimentos ultraprocesados (que incluye el uso de combustibles fósiles y la producción y uso de fertilizantes de síntesis química) explica entre el 11 y el 15 por ciento; el transporte de alimentos a largas distancias representa del 5 al 6 por ciento; el procesamiento y empacado el 8 y un 10 por ciento (incluida la producción de plástico); la refrigeración emite entre el 2 y el 4 por ciento y el desperdicio de alimentos entre el 4 y el 5 por ciento de los gases que inciden en el aumento de la temperatura global.
Los movimientos campesinos aseguran que para mitigar la crisis climática es necesario devolver materia orgánica a los suelos, promover los cultivos agroecológicos, incentivar las economías regionales (para evitar que los alimentos recorran grandes distancias), restituir las tierras a las comunidades que producen alimentos y rechazar las falsas soluciones.
En 2015 se firmó el Acuerdo de París: un tratado internacional vinculante al que suscribieron 196 países —Argentina entre ellos— en el marco de la COP21. Los Estados parte se comprometieron a limitar el calentamiento mundial por debajo de los dos grados centígrados para 2030, preferentemente a 1,5 grados. Ya en la COP26, realizada el año pasado, los organismos internacionales afirmaron que esa meta estaba muy lejos de ser una realidad.https://www.youtube.com/embed/5m1_WaYG6Ws?feature=oembedEl video «¡Juntos podemos enfriar el planeta!» alertaba, en 2015, sobre el impacto del modelo agroindustrial en el calentamiento global.
Lejos de fortalecer en los hechos a las familias campesinas que promueven la soberanía alimentaria, en las instancias internacionales hubo cada vez más lobby de las trasnacionales. Empresas como Siemens, Coca Cola, IBM, Microsoft y Google, entre otras, auspician la COP27. En este escenario, La Vía Campesina aseguró que las organizaciones sociales seguirán promoviendo, practicando y exaltando la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a producir alimentos saludables y culturalmente apropiados, a través de métodos sostenibles y ecológicamente racionales. «A través de prácticas y territorios agroecológicos cultivamos más del 70 por ciento de los alimentos producidos a nivel mundial en menos del 30 por ciento de las tierras cultivables disponibles», destacaron.
La herramienta para dejar asentado el posicionamiento de quienes producen alimentos de forma sostenible es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (Undrop, por sus siglas en inglés). Se trata de un instrumento legal internacional que impulsó la propia Vía Campesina y que se aprobó en 2018 en la ONU. El tratado defiende los derechos de las personas sobre sus territorios, semillas, aguas, bosques y promueve una forma más sostenible de ser y vivir, incluido un «fondo verde» para el clima alejado de cualquier influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial.
Sequía y pérdida de cultivos: la crisis climática ya no es solo una amenaza
«La amenaza distante del ‘cambio climático’ ahora llega en forma de ‘eventos meteorológicos catastróficos’ que hacen que las tragedias provocadas por el clima se conviertan en una parte demasiado frecuente de la vida cotidiana de las personas». afirmó La Vía Campesina. Enumeró sequías, inundaciones, incendios y huracanes. En esa línea, los países del sur de Latinoamérica atraviesan en los últimos meses una sequía que pone en riesgo la producción de alimentos y la calidad de vida de las personas, según el monitoreo del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa).
Una publicación de la organización paraguaya Base-IS explicita que la Cuenca del Plata experimentó en 2020 una sequía extrema y una tendencia deficitaria de lluvias para el último trimestre del año. En el informe Bajante Histórica del Río Paraná y la Sequía Extrema en la Cuenca del Plata, Base-IS cita como parte de las causas de la sequía a la deforestación para prácticas agrícolas extensivas y a una política regional débil en cuanto a la administración de las represas que inciden en los caudales de los ríos.
En Argentina, los datos de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria informan que, en octubre pasado, la superficie afectada por la sequía superó las 160 millones de hectáreas. Los déficits más significativos de lluvia se registraron en el norte y este de la provincia de Buenos Aires, en el centro y sur de Santa Fe, en el sur de Entre Ríos, en Córdoba y San Luis. Según la serie histórica de datos —dice el relevamiento— la disponibilidad hídrica es la más baja en los registros de las estaciones meteorológicas de la zona núcleo y la segunda más baja para la zona central del país de los últimos 60 años. Por estas circunstancias, el organismo nacional estima que unas 3,4 millones de hectáreas de trigo están en riesgo productivo.
En este contexto climático y productivo, y de cara a la COP27, el gobierno argentino firmó una declaración conjunta con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el que reconocen la deuda respecto a los territorios de los pueblos indígenas, pero no menciona los impactos del agronegocio ni del modelo extractivo.
Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva
