En memoria de Alberto Mesino Acosta,

quien fue desaparecido el 18 de junio de 1974

por el ejército en la comunidad de El Escorpión

municipio de Atoyac de Álvarez.

50 años de lucha tenaz,

de ejemplo y persistencia

de una familia sencilla

con corazón de acero.

En una reunión de seguimiento del programa IMSS-Bienestar la gobernadora Evelyn Salgado declaró con firmeza: “a casi 3 años de mi gestión, hemos alcanzado logros históricos…ha aumentado la productividad y mejorado la atención en las 8 regiones, avanzando en la meta de lograr que la salud tenga una perspectiva transversal, brinde atención rápida y que los servicios sean sensibles y gratuitos.” La visita de la doctora Célida Duque, titular de la unidad de atención a la salud de IMSS-Bienestar, fue muy oportuna para verificar las condiciones en que se encuentran las unidades de salud en la Montaña de Guerrero.

Desde Ometepec a Tlapa y de Ayutla de los Libres a Atlixtac, pasando por Olinalá y Xochihuehuetlán, a simple vista los hospitales y centros de salud están deteriorados y ya son obsoletos. Arrastran graves rezagos y vicios burocráticos. Las instalaciones están remendadas por todos lados y hay serios riesgos de que algunos se colapsen. El quirófano del hospital general de Tlapa tuvo que suspender sus servicios por falta de mantenimiento. Hasta un panal de avispas estaba pegado en el techo.

Los pacientes que llegan a urgencias tienen que esperar varias horas para ser atendidos. Este domingo 21 de julio, el joven Álvaro Anastacio Cándido se cayó de una moto en la colonia constitución de Tlapa. Sus familiares lo trasladaron al hospital general a las 5 de la tarde a causa de la fractura que sufrió en la cabeza y parte de la cara. A pesar de lo delicado del caso no fue atendido. Permanecieron 4 horas en espera de que un médico o una enfermera les dijera en qué momento los atenderían. Optaron por acudir a una clínica privada.

La falta de médicos en los 3 turnos lo padece la población de la Montaña desde que los servicios estatales de salud se encargaron de administrar el hospital. Dejaron caer el servicio de calidad que se brindaba a los pacientes, de lo que en aquel tiempo fue el programa IMSS-Coplamar, en el sexenio de José López Portillo. Desde hace 44 años los gobiernos estatales se encargaron de saquear las arcas y desmantelar la capacidad instalada que tenían los hospitales, clínicas y centros de salud. Abandonaron este sector y lo transformaron en un coto de poder para los priistas. Los apoyos federales que llegaban a través de importantes programas como el seguro popular, nunca se materializó en beneficio de la población pobre, más bien sirvió para llenar los bolsillos de los gobernadores y los secretarios de salud. Fueron millones de pesos que manejaron los encargados de este programa que se sirvieron a manos llenas, sin que les importara que la gente muriera por falta de atención médica y medicamentos.

La gente de la Montaña esperó todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para que mejoraran los servicios públicos de salud, para que hubiera médicos y enfermeras en las comunidades y para que se garantizara el abastecimiento de medicamentos y su distribución gratuita en todas las clínicas. Hasta la fecha los pacientes tienen que pagar los estudios de laboratorio y comprar los medicamentos. Para los traslados en ambulancia, los familiares tienen que pagar el combustible, los viáticos del chofer y el médico que acompaña. La tarifa oscila entre 6 a 9 mil pesos. Muchas familias optan por atender a sus pacientes con remedios caseros porque el viaje especial de su comunidad a Tlapa rebasa los mil pesos. Aunque hagan este sacrificio, nadie les asegura que el servicio médico logrará una mejoría del paciente. Todo es incierto y entre más días pasen, todo se complica por la falta de dinero. Algunas familias se arriesgan a pedir prestado para acudir a una clínica particular. No sólo se endeudan, sino que sus enfermos no mejoran y solo quedan atrapados en estas redes de la salud pública y privada, que ninguna autoridad vigila, para proteger los derechos del paciente.

El 21 de junio una niña de 1 año y 9 meses de la comunidad de Santiago Yolotepec, fue llevada por sus padres al hospital general de Ayutla de los Libres. Tenía complicaciones para respirar. Esperaron 3 horas para que la niña fuera atendida. La doctora entregó la receta al papá para que fuera a la farmacia a comprar los medicamentos. También les ordenó que le tomaran una radiografía. En esta primera vuelta gastaron 3 mil pesos, entre las medicinas y el estudio. Después de 12 horas, le informaron a la mamá que su hija tenía que ser canalizada a otro hospital, porque no contaban con el equipo necesario para su atención. Los papás no supieron qué responder. La doctora se limitó a decirles que tenían que pagar el traslado de la ambulancia y el pago del doctor que los acompañaría. Le fijaron la cuota mínima de 3 mil pesos.

Pudimos hablar con la secretaria de salud para que se dispensara el pago. La niña fue trasladada al hospital Renacimiento de Acapulco después de la medianoche. Los papás permanecieron en vela con la esperanza de que su hija mejorara. A las 5 de la mañana los llamó un médico para pedirles que firmaran unas hojas. No les explicó para qué eran, mucho menos les comentó cómo estaba su bebé. La espera continuó hasta las 7 de la mañana. El papá se animó a hablar con la trabajadora social quien le dijo que su hija había muerto a las 6 y media de la mañana. Ningún médico le explicó la causa de la muerte de la niña. La trabajadora se redujo a decirles que tenían que ir a recoger el cuerpo de su hija en la funeraria Huerta. Le dio la dirección y el teléfono de la encargada. Fue toda la información que le dieron. Al no contar con alguien de confianza, el papá habló con un compañero de la oficina de Ayutla. Se habló con la dueña de la funeraria y comentó que ahí tenía el cuerpo y que, por el servicio de la embalsamada y el traslado a Ayutla, cobraría 5 mil pesos.

No dio más explicaciones de por qué ella tenía el cuerpo de la niña, simplemente pedía esa cantidad para que llevara la niña a la cabecera de Ayutla. Hablamos con el doctor Jesús Adame, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, para informarle de esta grave actuación del personal médico que no explicó a los padres de la niña la causa de su muerte. Lo más delicado fue que personal del hospital Renacimiento enviara a una funeraria particular el cuerpo de su hija, sin informarles ni pedir su consentimiento. Alegamos que no tendrían por qué pagar esa cantidad a la funeraria. Aclaró que tampoco ellos podrían absorber ese gasto porque no les corresponde, sin embargo, la responsabilidad recae en la institución y en el médico por tratar con desprecio a los papás por ser indígenas y por violentar su derecho a recibir un trato digno y a obtener una información veraz y respetuosa. Cometieron un gran agravio al sacar del hospital a su niña sin su consentimiento.

Los casos se multiplican en la Montaña y todo el estado de Guerrero. Los casos de muertes maternas hemos ubicado que en los hospitales públicos cuando detectan que una paciente está muy grave, el personal médico opta por regresarla al hospital que la trasladó. Lo más grave es que las dan de alta para que se las lleven a sus domicilios. Que las madres mueran en sus casas y no en los hospitales para que los casos de muertes maternas se reporten a la baja. Hemos documentado un caso de Ometepec que se mandó al hospital de la madre y el niño guerrerense en el mes de marzo y otro caso registrado en el hospital de la madre y el niño indígena de Tlapa a principios de este año. Es inconcebible esta perversidad de una institución que debe velar por la salud y la vida de los pacientes que llegan en busca de ayuda. Se quiere ocultar la realidad con cifras maquilladas a costa de la vida de las mujeres más pobres de guerrero.

Padecemos un sistema de salud estatal que escatima recursos que impiden que se cumplan con las metas de los programas. Todo se limita y no importa si esta decisión tiene graves consecuencias para la población que lucha por su salud. Ahora con la proliferación del dengue no hay dinero ni para gasolina, mucho menos hay insumos para las fumigaciones. En las oficinas tampoco hay material de papelería. Por eso, los gastos de los traslados lo quieren sacar de los pacientes. El desabasto de medicamentos es un problema añejo que sigue sin resolverse, a pesar de que las autoridades anuncian que hay suficientes medicamentos. Los familiares de los pacientes psiquiátricos tienen que salir del estado para ser atendidos y también tienen que conseguir los medicamentos a un alto costo. En la Montaña y la Costa Chica la salud se ha transformado en una mercancía muy cara, estamos lejos de que la salud sea un derecho que genere bienestar a todos los guerrerenses. La salud sigue sin ser una prioridad para las autoridades del estado. Los casos que diariamente acompañamos, lo confirman.

Publicado originalmente en Tlachinollan