Foto: En las protestas contra Lenin Moreno han coincidido sectores urbanos, campesinos e indígenas (Fluxus Foto)

La respuesta del Gobierno de Lenin Moreno a las protestas no ha hecho más que agravar la situación. La Defensoría del Pueblo contabilizaba en ocho días de movilizaciones al menos cuatro muertos, 500 heridos y 930 detenidos. “Lágrimas de ira tenemos, pero si algo hemos aprendido de nuestras mamas y taytas es que a los muertos de la lucha se los honra multiplicándolos”, proclamaba Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie).

“No hay memoria en la historia reciente de una represión tan atroz y violenta sobre el pueblo que reclama sus derechos”, sostiene Jaime Vargas, presidente de la Conaie 

“Esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador”, advierte el líder indígena en un comunicado lanzado el 10 de octubre. La actuación de las fuerzas de seguridad, según denuncia la Conaie, no ha mostrado “ningún resquicio de respeto” a los derechos humanos: “Ha tratado al pueblo como un enemigo. No ha respetado zonas de resguardo humanitario, lanzando bombas lacrimógenas donde están nuestros niños y mayores. Nos impidió la creación de corredores humanitarios para que los heridos lleguen a los hospitales. Y masacró a hermanos nuestros caídos con balas en el cuerpo, impactos de bombas, atropellados por caballos, golpeados e incluso lanzados al vacío desde un puente”. 

El líder de la Conaie habla de unos niveles de violencia inéditos en Ecuador. Las cifras más conservadoras de víctimas mortales y de personas heridas en estos días ya superan de lejos a las cifras de las tres principales crisis que vivió el país en las últimas décadas. En los levantamientos indígenas, campesinos y urbanos que tumbaron a Abdaláh Bucaram y Jamil Mahuad, en 1997 y 2000 respectivamente, no se produjo ni un solo muerto. Y en la caída de Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, fueron tres las personas fallecidas en los disturbios y enfrentamientos con la policía y simpatizantes del expresidente. “No hay memoria en la historia reciente de una represión tan atroz y violenta sobre el pueblo que reclama sus derechos”, sostiene Vargas.

Lejos de retirarse de la capital, más columnas indígenas se dirigen a la capital desde los rincones más alejados del país.

Frente a la muerte de al menos cuatro manifestantes —otras fuentes elevan hasta siete la cifra—, Vargas llama a “radicalizar las acciones” y rechaza el diálogo “hasta que se cumplan los mínimos requisitos”, esto es, “la salida de María Paula Romo y de Oswaldo Jarrín del Gobierno, y la derogación del decreto 883”, en referencia a la ministra de Gobernación [Interior], al ministro de Defensa y al “paquetazo” de medidas que eliminaba el subsidio a los combustibles. 

“DESMEDIDA REPRESIÓN”

“La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”. Esta frase del senador estadounidense Hiram Johnson en medio de la I Guerra Mundial resume la batalla que se libra en Ecuador por el relato. 

Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, hasta el 10 de octubre se había confirmado la muerte de cuatro personas en el marco de las protestas del paro nacional contra las medidas del “paquetazo” del presidente Lenin Moreno.

Frente a la muerte de al menos cuatro manifestantes —otras fuentes elevan hasta siete la cifra—, la Conaie llama a “radicalizar las acciones” y rechaza el diálogo

Segundo Inocencio Tucumbi Vega murió el 9 de octubre por “la desmedida represión ejecutada por la fuerza pública”, según relata esta ONG, en una carga policial en el centro de Quito, cerca de la Universidad Salesiana. En una grabación casera, su hijo acusa al Gobierno ecuatoriano de mentir sobre las circunstancias de la muerte de su padre. “Ecuador nunca se da por vencido”, dice emocionado el hijo del manifestante fallecido.

Marco Humberto Oto Rivera y José Daniel Chaluisa Cusco murieron después de caer desde el puente peatonal de acceso al Mercado de San Roque, en Quito, “durante una persecución, agresiones y detenciones” ejecutadas por la Policía Nacional el 8 de octubre. 

La primera víctima mortal del levantamiento se produjo el 6 de octubre, confirma esta ONG de derechos humanos, cuando un vehículo particular atropelló a varios manifestantes en la carretera Molleturo-Cuenca, en la provincia de Azuay. Raúl Chilpe falleció a causa de las heridas. 

Otras fuentes vinculadas con las organizaciones convocantes del paro hablan de siete muertes —otras, de hasta diez, entre ellas un recién nacido—, y de 83 desaparecidos, pero aún no han podido confirmarse muchos de estos datos. 

Las imágenes de cargas violentas, palizas indiscriminadas y ataques de las fuerzas de seguridad a los manifestantes no han hecho sino aumentar la indignación contra el gobierno.

En el multitudinario funeral de Segundo Inocencio Tucumbi Vega los gritos ya no se dirigían a la derogación del polémico decreto sino a la dimisión del presidente. “Fuera Moreno, fuera”, gritaban miles de personas este 10 de octubre. 

La guerra por el relato tuvo una batalla crucial en la Casa de la Cultura y las universidades Salesianas y Pontificias, lugares de acogida reservados para el descanso y refugio de miles de indígenas llegados de todo el país. El ataque con bombas de gas en el interior de estos edificios el 9 de octubre fue condenado “enérgicamente”por la dirección de estas dos universidades en un comunicado. 

La misma ministra María Paula Romo tuvo que presentar disculpas públicas por el lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno en estos espacios. “De ninguna manera esto se va a volver a repetir”, dijo la ministra.

Los policías retenidos fueron liberados a última hora del 10 de octubre. Eso sí, antes tuvieron que portar el féretro de uno de los indígenas asesinados

Sin embargo, no fue esta acción la que copó más titulares en los medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, sino el “secuestro” de 31 periodistas y ocho policías dentro de la Casa de la Cultura, convertido en el “cuartel general de los indígenas”, segúnEl Mundo. Una información que es negada por la Conaie. Esta organización indígena sostiene que los periodistas “no están secuestrados” sino que “están con el pueblo para garantizar el derecho a la información”. La imagen del periodista de TeleAmazonas, Freddy Paredes, evacuado en una ambulancia después de recibir el golpe de una piedra en la cabeza fue repetida hasta la saciedad para mostrar que la violencia era ejercida de forma exclusiva por parte de los manifestantes y dio pie a una oleada de comentarios racistas en las redes sociales. Los policías retenidos fueron liberados a última hora del 10 de octubre. Eso sí, antes tuvieron que portar el féretro de uno de los indígenas asesinados.

Mucho menos aún trascendía el cierre de medios críticos con Lenin Moreno aprovechando el estado de excepción. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” por el cierre de la emisora Pichincha Universal, que se había destacado en los primeros días de paro nacional en abrir los micrófonos a los protagonistas del levantamiento. La suspensión de este medio fue calificada “como un acto de censura” por el CIDH. 

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