El 10 de julio pasado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) reprimieron a familias de personas desaparecidas que se manifestaban alrededor de la glorieta de Santa Fe en la capital de Guanajuato. Las FSPE han sido señaladas por participar en la ejecución extrajudicial del migrante mexicoamericano Leonardo Reyes Cayente en diciembre de 2018.

Las familias llevaban dos días protestando por la imposición de un Comisionado de Búsqueda fuertemente cuestionado por venir de un proceso opaco y caracterizado por la simulación estatal. Los días previos, el Observatorio Designaciones y decenas de organizaciones nacionales señalaron que, al no publicarse el perfil de idoneidad ni la metodología para la evaluación, el proceso debe repetirsepor ser carente de legitimidad.

Según los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de la ONU la policía preventiva utilizará “en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. Este principio, conocido como necesidad, se incumplió el 10 de junio cuando cerca de 200 policías utilizaron la fuerza en lugar de disuadir a un grupo de no más de 50 familiares de personas desaparecidas que protestaban pacíficamente.

La fuerza debe ser justificada (proporcional) y utilizarse con un objetivo legítimo (legalidad). Las FSPE utilizaron la fuerza de manera innecesaria y abusiva contra las familias, golpeándolas y amenazándolas verbalmente. El coordinador del operativo “señaló con el dedo” a 3 familiares de personas desaparecidas para que fueran detenidas, a una activista local y a una persona que después fue identificada como unvisitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 5 personas en total fueron presentadas en Barandilla. Por estos hechos la ONUDH y la CNDH se han pronunciado públicamente.

“Ya valieron madres”, les dijeron los policías a las mujeres.

Por si fuera poco, una persona cayó al huir del operativo y se fracturó una pierna. La secretaria particular del Gobernador quiso disuadirla para que firmara un documento en el que se ofrecía atención médica si deslindaba de cualquier responsabilidad al Gobierno del panista Diego Sinhué.Insensibilidad criminal.

Cínicamente, el Secretario de Seguridad Pública del Estado Álvar Cabeza de Vaca, titular desde hace 7 años, señaló en rueda de prensa que él no dio ninguna orden de represión, que sus oficiales “no necesitan una instrucción para hacer valer la Ley”. Miente, él dio la instrucción de represión y él es responsable de haber utilizado la fuerza pública en contra de víctimas de la violencia en Guanajuato y por ello debe renunciar.

La protesta social en contextos de déficit democrático no sólo debe ser permitida, sino que es necesaria para garantizar la expresión de los movimientos sociales, además, con la represión policíaca el Gobierno revictimizó a las familias.No debe criminalizarse la protesta, señaló el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en un comunicado.

Hay que recordar que Guanajuato se encuentra sumido en la violencia por la mala actuación de estos funcionarios.

Por si las detenciones arbitrarias no fueran suficientes, el visitador de la CNDH dio fe pública de todo el proceso irregular (además, en calidad de víctima): desde el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la puesta a disposición en barandilla sin haber cometido ninguna falta administrativa (“en calidad de depósito”) y de la liberación sin instrucción del ministerio público sin que las personas fueran notificadas del delito que les acusaban y sin que hubiesen declarado. 

Todas éstas, prácticas irregulares señalan que la detención tuvo motivos políticos y que la instrucción era reprimir.

“Quedaron libres con las reservas de Ley”, señaló Álvar. ¿Se abrió una carpeta de investigación?, ¿Qué delito se les imputa?, ¿Por qué no fueron notificadas?; “Qué la CNDH investigue la afectación del derecho de los automovilistas”, señaló, mostrando su total ignorancia sobre la ponderación que debe hacerse cuando los derechos colisionan.

Diego eres un represor y no podrás quitarte este calificativo en lo que resta de tu administración. 

Álvar, renuncia.