Foto: David F. Sabadell

Hace un par de años, con la polémica por el asesinato de George Floyd por parte de la policía, en la ciudad de Minneapolis, se popularizó y trascendió el concepto de “Defund the Police”. Expresión que en castellano entenderíamos como “Desmantelar (abolir) la policía”. Efectivamente, cuando esto ocurrió, los movimientos políticos abolicionistas ya llevaban recorrida una trayectoria de varias décadas. A la  población en general, le hizo falta ver un asesinato a una persona negra en vivo, precedido de tortura, para hacer el ejercicio superficial de replantearse el sistema securitario. Durante un mes y medio de tiempo respondieron a la tendencia pertinente del momento, para posteriormente volver a sus vidas, olvidándose de ello sin mirar atrás ni una sola vez.

Lo cierto es que los movimientos abolicionistas siempre han sido mayoritariamente entendidos como un tanto utópicos. Igual de cierto es que estos movimientos tienen una historia tan larga como la de los sistemas securitarios vigentes que intentan abolir.

Angela Davis, en Democracia de la abolición pone de manifiesto la siguiente cuestión: 

¿Deberían los movimientos anticapitalistas incorporar, dentro de su agenda, la lucha contra la principal forma de castigo de nuestra sociedad?

Otra cuestión sería: así como los movimientos feministas blancos sostienen que la violencia tiene género, si nos referimos a una violencia sistémica, financiada por la estructura política, social y económica, se establecería, por norma, que existe un marcador de criminalidad en los cuerpos que no son blancos, inherente a su existencia. ¿Podríamos también ratificar que la violencia tiene raza? Es más, si acotamos y nos referimos estrictamente al sistema securitario, de vigilancia y encarcelamiento que hoy se instaura en nuestros sistemas de vida, como una realidad incuestionable, ¿sería también legítimo sostener que las detenciones tienen raza?

Lo datos de identificaciones y detenciones chocan con los datos de condenas, dado que, no son mayores en personas extranjeras que en personas nacionales. Todo esto responde a una lógica de políticas migratorias anti derechos

El Critical Resistance es una  organización estadounidense que trabaja sobre la idea de que “el complejo industrial penitenciario ayuda y mantiene la autoridad de las personas que obtienen su poder a través de privilegios raciales, económicos y de otro tipo”. Pero, ¿qué entendemos por complejo industrial penitenciario? Según la misma organización, el complejo industrial penitenciario es un término que describe los intereses del Gobierno y de la industria que utilizan la vigilancia, el mantenimiento del orden y el encarcelamiento como soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos. Uno de los pilares del poder del mismo son las ganancias de empresas privadas que responden al sostén de prisiones y cuerpos policiales.

Si retrocedemos un poco en la historia del complejo industrial penitenciario, más concretamente, en el sistema de vigilancia centrado en los cuerpos policiales, vemos  que la genealogía de estos cuerpos es heterogénea. En muchos contextos aparecen y más tarde se instauran como un dispositivo de supervisión de las disidencias sociales y del control colonial. Por ejemplo, en el sur de Estado Unidos, en el siglo XVIII, encontramos que una de las secciones principales de las fuerzas policiales, inspirada en el sistema inglés, tiene su origen en las patrullas de esclavos, que se ocupaban de mantener la privación de derechos en las personas esclavizadas.

En otros contextos, como Colombia, México y/o Perú en el siglo XVII, el término “policía” se entendía como la idea de “enderezar al hombre”, lo cual en el momento se presentaba como un eufemismo del control imperial, la occidentalización y la evangelización de las personas indígenas.

En Brasil, en el siglo XIX se desvela que una de las funciones principales de las policías, por ejemplo, en Pernambuco, era la destrucción de los quilombos de esclavos y la captura de personas esclavizadas huidas.

En España, tenemos el fatal episodio recordado como La Gran Redada, llevada a cabo el 30 de julio de 1979, que fue un plan autorizado por el rey Fernando VI, ideado por el obispo de Oviedo y posteriormente ejecutado por el Marqués de Ensenada. El objetivo de la gran redada fue la extinción total del pueblo gitano mediante la separación de hombres y mujeres. Eso se llevó a cabo a través de la detención de todas las personas gitanas del territorio español para ser posteriormente divididas. Los hombres fueron llevados a campos de trabajos forzosos y las mujeres y niñes a cárceles y fábricas. Muchas de estas personas, terminaron muriendo por las pésimas condiciones de vida.

Datos

Desde aquí hago una invitación a revisar datos actuales sobre las cárceles y las detenciones. Si lo hacemos, encontraremos que el número de detenciones y encarcelamiento, en diferentes contextos territoriales, de población no blanca o lo que en el movimiento antirracista estadounidense podríamos entender como “People of color” y la población blanca, son desorbitadamente desiguales. 

En el contexto catalán, por ejemplo, vemos a través del último informe de SOS Racisme Catalunya, Vigilancia 02: un análisis de datos sobre las identificaciones por perfil étnico-racial, que en el 2021 se identifica 3,48 veces más a la población extranjera que a la población autóctona. En términos de detenciones, se detiene un 7,72 veces más a personas extranjeras que a personas españolas. Lo que choca con los datos de condenas, dado que, no son mayores en personas extranjeras que en personas nacionales. Todo esto responde a una lógica de políticas migratorias anti derechos.

Ruth Wilson Gilmore sostiene que la criminalización es la herramienta que permite que los individuos se conviertan en material del cual extraer beneficio por parte del Estado

Ruth Wilson Gilmore sostiene ideas como que la criminalización es la herramienta que permite que los individuos se conviertan en material del cual extraer beneficio por parte del Estado. Este proceso, que aniquila el espacio de una vida por un tiempo, se convierte en beneficio para los centros penitenciarios, los proveedores, las empresas privadas, etc. Este beneficio es extraído simultáneamente de las comunidades de las cuales provienen estas personas. Las leyes de Jim Crow en la transición posterior a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, se sirvieron de los códigos negros para convertir a los ex esclavos en criminales y financiar un sistema de arrendamiento de convictos que sostenía la estructura económica vigente hasta el momento y por la cual, las personas negras continuaban siendo esclavas, esta vez, del sistema penitenciario.

Volviendo a la idea citada más arriba de complejo industrial penitenciario, un ejemplo equiparable que podemos extraer directamente de Europa podría ser lo que se presenta como la actual industria de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de las Fronteras y Costas). Esta, fundada en 2004, se planteaba fundamentalmente como una plataforma (financiada por los presupuestos de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen) para ayudar a los estados miembros a “proteger Schengen”. En uno de sus últimos informes, la Fundación PorCausa nos muestra cómo a medida que pasan los años, Frontex crece desorbitadamente en presupuesto y personal. Además de que en 2019 se le aprobó la autorización para portar y usar armas, lo que deriva en una creciente militarización de la frontera.

Por consiguiente, sostiene PorCausa, lo que empezó siendo una plataforma de extensión de los estados miembros para controlar un supuesto “boom” migratorio, hoy en día se presenta, cada vez más, como una gran oportunidad de negocio para varias empresas que dan respuesta al sistema de control migratorio. Estas empresas se enriquecen a través de esta nueva industria, mediante las políticas antipersona y los crímenes contra la humanidad cometidos por Frontex.  Hablamos de la industria de armamento, la provisión de servicios, la biometría, entre otras.

Angela Davis nos dice que los cuerpos negros (y de color) se consideran prescindibles dentro del mundo libre, pero son la mayor fuente de beneficios en el mundo penitenciario.

La detención y encarcelación masiva de personas no blancas es tan habitual en nuestro día a día que se convierte en invisible y se normaliza. Hasta tal punto que somos incapaces de plantearnos, desde una perspectiva profunda, si el sistema industrial penitenciario se presenta como una forma tangible de aniquilación de las comunidades del margen. Llegados a este punto es importante preguntarnos si este complejo, instaurado en nuestro sistema, permite sentir seguridad para la totalidad de la población o beneficio solo para una parte de ella.

Por un lado, nos encontramos con un sistema penitenciario que somos incapaces de cuestionar, dando por hecho que una sociedad sin provisión del mismo sería una sociedad insegura. Por otra parte, nos topamos con cuerpos policiales que tienen su origen en las expansiones coloniales, que siguen respondiendo a las funciones establecidas desde su origen y que, según datos sobre eso, son el paso previo a materializar una encarcelación masiva de cuerpos disidentes. 

Durante el boom de George Floyd, algunas narrativas recalcaban que: Si usted ve a un policía apaleando a una persona no blanca de manera pública o no, no debe sorprenderse porque ese policía está sencillamente haciendo su trabajo.

Sobre los abusos que pueden cometer los cuerpos de seguridad, se puede ver el informe “Pareu de parar-me”.

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