En medio de los conflictos de septiembre de 2000, una de las consignas propuesta por la Coordinadora del Agua y de la Vida de Cochabamba ha sido la de convocar a una Asamblea Constituyente. Si bien esta consigna fue anteriormente promovidapor otras personas, es a raíz del cataclismo social de abril-septiembre del 2000, y el hecho de que haya sido enarbolada como orientación práctica de miles y miles de ciudadanos movilizados, que esta demanda ha cobrado importancia.

Las voces de la derecha intelectual y los políticos no se han hecho esperar. Apelando a argumentos sobre la “preservación de la democracia” entendida meramente como sujeción a determinadas reglas establecidas e insistiendo, a partir de ahí, sobre la inexistencia de la figura de Asamblea Constituyente en la economía legal boliviana, se han dedicado a manifestar no sólo su desacuerdo sino su abierta oposición a que se abra cualquier discusión acerca de las reglas del juego que organizan la vida política del país.

La búsqueda por recuperar la democracia

Sin embargo, si algo han mostrado las movilizaciones de abril y septiembre del 2000 es la disposición de la población a recuperar “lacapacidad de decidir” sobre el asunto público, sobre aquello que se relacione con el interés colectivo. En abril, la Guerra del Agua en Cochabamba convocó a decenas de miles de personas que de manera común decidieron no aceptar la entrega de la empresa de agua potable y alcantarillado a un consorcio transnacional.

El sentido profundo de esta lucha, según lo entendemos los propios protagonistas, estaba en no aceptar una decisión gubernamental percibida colectivamente como arbitraria, injusta e incorrecta. Las consignas “¡Fuera Aguas del Tunari!” y “¡No a la ley de agua potable y saneamiento básico!”, más allá de la indignación por la elevación de tarifas o por la amenaza de expropiación de los pozos construidos de manera cooperativa en los distintos barrios, mostraron la contundente disposición de la población cochabambina de participar en los asuntos públicos, erosionando el monopolio de las decisiones políticas que, a nombre de una democracia excluyente y partidista, se ha impuesto como norma.

Una vez que se logró el retiro de la empresa Aguas del Tunari y la rescisión del contrato firmado entre ella y el gobierno, quedó
en el tapete de discusión el asunto fundamental de la política: cómo van a ser tomadas las decisiones, de qué manera se va a producir la noción de “bien común”. Entonces, más allá de la discusión actual acerca de la forma que ha de asumir la nueva empresa de servicio de agua potable en Cochabamba, lo que se ha hecho y se sigue haciendo es buscar maneras de intervención colectiva de la población en el asunto público, esto es, la manera en que la política vuelva a ser un patrimonio de la ciudadanía y no sólo de una casta envilecida.

Estos antecedentes no deben perderse de vista a la hora de analizar la propuesta de Asamblea Constituyente que surgió en Cochabamba, pues nos hablan, en primer lugar, de un tejido social denso, conformado por asociaciones, comités y agrupaciones con intereses comunes y con maneras autónomas de solucionar los problemas colectivos. En segundo lugar, nos muestran una experiencia hasta ahora exitosa de gestión del asunto público en un tema específico: el agua, que está en la base de la recuperación de la confianza en sus propias capacidades para resolver las necesidades comunes.

El cuestionamiento a las decisiones gubernamentales, la crítica a la forma excluyente en la que son tomadas tales decisiones, la percepción del ejercicio del poder como arbitrariedad, son pues los elementos que han configurado el escenario para esta generalización de una voluntad común de recuperación democrática, entendida como gestión directa de la sociedad en la definición del bien común; voluntad que se expresa bajo la propuesta de Asamblea Constituyente.

Es llamativa la manera como esta consigna permite volver a hilvanar la lucha histórica por la conquista de la democracia, al precisar la crítica a la actual expropiación de la palabra y la capacidad de decisión pública monopolizada por los partidos políticos; y más aún, al insistir en la importancia de la participación colectiva de la sociedad en la toma de decisiones y en el diseño de las maneras de organización política del país.

La Asamblea Constituyente

La propuesta de Asamblea Constituyente ha tenido la virtud de dar un contenido político no-partidario al movimiento social de 2000-01, al permitir que la gente movilizada pueda dotarse de un horizonte de acción más allá del interés inmediato de su necesidad salarial, de tenencia de la tierra o de la cuestión del agua potable y de riego; habilita un espacio no partidario de discusión sobre lo que ha de ser “lo común”, sobre la vida colectiva deseable. Es, además, una consigna inclusiva que puede abarcar a trabajadores de la ciudad, a regantes, a pobladores, a cocaleros, a comunarios aymaras, a campesinos sin tierra, etc., pues lo que en el fondo pretende es generar un espacio de encuentro de todos estos sectores donde conjuntamente se diseñe una manera de convivencia colectiva aceptable, proponiendo soluciones a los problemas más sentidos de cada uno de ellos.

Así, la Asamblea Constituyente se perfila como una acción política de nuevo tipo, gestada por la propia sociedad civil para discutir y decidir sobre asuntos colectivos. Es aquí donde aparecen los distintos significados que se le dan a la propuesta, pues, justamente, en la manera cómo se conduzca su implementación se define su potencial transformador.

De acuerdo a la manera cómo se responda a las preguntas básicas sobre ¿qué es la Asamblea Constituyente? ¿Quién la convoca? ¿Cómo se organiza?, surgen diferencias que pueden apuntar hacia “un momento supremo de democracia”, donde lo decisivo es la participación organizada y general de la población, o bien hacia meros acuerdos entre “expertos” que nuevamente reeditarían la exclusión social de la capacidad de decidir.

Para la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, la Asamblea Constituyente es, básicamente, una instancia de organización política de la sociedad civil, a través de la cual los hombres y mujeres trabajadores recuperan la capacidad de participar, discutir y decidir sobre asuntos colectivos de manera directa, sin intermediarios, sin el padrinazgo de “asesores” ni “expertos”.

Así, la Asamblea Constituyente se entiende como una gran reunión soberana de representantes ciudadanos que, habiendo sido elegidos por sus organizaciones barriales, urbanas, sindicales, campesinas, comunales, etc., traen proyectos de cómo organizar la vida política del país, definen el modo de organizar el manejo del bien común, de las instituciones y de los medios que habrán de unificar los diferentes intereses individuales para formar un gran interés colectivo y nacional, los modos de representación política, de control social y de autogobierno que nos hemos de dar para las siguientes décadas. Todos esos acuerdos tomados son de ejecución inmediata. De ahí que el tipo de Asamblea Constituyente que proponemos es un poder soberano que no dependa de nadie más que de sus mandantes, en este caso, de la sociedad trabajadora de la ciudad y el campo organizada según sus “usos y costumbres”, sus sindicatos y asociaciones; es una autoridad suprema temporal que define a largo plazo la manera de organizar la vida y la presencia política nacional de los ciudadanos.

La Asamblea Constituyente es una forma de recuperación y ejercicio de la soberanía política, esto es, de la capacidad de decisión y ejecución sobre el asunto público, actualmentehipotecada en el sistema de partidos políticos.

La Asamblea Constituyente, entonces, no se basa en la reforma de la Constitución Política del Estado. Más bien, recupera la primera premisa republicana: “es en el pueblo donde reside la soberanía” y promueve y decide una transformación general de las instituciones políticas para corregir la actual situación de exclusión y desconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos.

La conveniencia de una Constituyente

No existen mecanismos que estimulen la participación de la población en la toma de decisiones sino, más bien, se consagra de una u otra manera la imposibilidad de la población para expresar sus puntos de vista y dar curso a sus demandas y necesidades como políticas públicas.

Tal como nosotros pensamos, la Asamblea Constituyente es la muerte de la casta política, de los especialistas, de los dueños de la palabra, pues la estructura gubernamental es rediseñada por la propia sociedad organizada a fin de institucionalizar que sea ella misma la que de manera directa, por medio de sus organizaciones comunales, barriales y sindicales, se haga cargo de la gestión de la vida política del país.