Firmeza y humanidad. Es la fórmula que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha escogido para sintetizar su posición respecto a la acogida de refugiados. Si las propuestas económicas del joven dirigente, de 40 años, pretenden ser una combinación “de lo mejor de la derecha y de la izquierda”, sus políticas migratorias aspiran a acoger mejor, al mismo tiempo que refuerzan el arsenal legislativo para expulsar a los inmigrantes a los que se haya denegado el asilo. Una propuesta ambigua que empieza a dilucidarse. Nueve meses después de su llegada al Elíseo, Macron parece haber olvidado el significado de la palabra “izquierda”. Mientras sus medidas económicas marginan la redistribución, su política migratoria apuesta por la mano dura con los refugiados.

El Gobierno francés presentó el 21 de febrero una nueva ley migratoria que facilitará las expulsiones y endurecerá las condiciones de detención de los inmigrantes. Y como contrapartida, acelerará los trámites para pedir el asilo. El texto es “totalmente equilibrado” y “se alinea en el derecho europeo”, aseguró este miércoles el ministro del Interior, Gérard Collomb, encargado de elaborar un proyecto de ley que será debatido durante el mes de abril en la Asamblea Nacional. “Es el peor texto que hemos visto desde hace mucho tiempo”. Así han calificado las asociaciones humanitarias una legislación que ha provocado una incipiente contestación interna por parte de los diputados de La República en Marcha (LREM), el partido de Macron.

Con esta polémica ley, Macron ampliará de los 45 días actuales hasta 135 el período máximo que un inmigrante puede ser encarcelado en un centro de detención administrativa, el equivalente de un CIE en Francia

Con esta polémica ley, Macron ampliará de los 45 días actuales hasta 135 el período máximo que un inmigrante puede ser encarcelado en un centro de detención administrativa, el equivalente de un CIE en Francia. Desde el Ejecutivo centrista, justifican esta medida recordando que en Alemania la detención de un extranjero dura hasta 18 meses —en el caso del Estado español son 60 días. “Es inconcebible que se banalice la privación de libertad bajo el pretexto de una falsa efectividad”, critican desde la Cimade, una organización francesa defensora de los derechos de los extranjeros, cuyos responsables recuerdan que el 90% de las extradiciones de inmigrantes se producen durante los primeros doce días de encarcelamiento.

La nueva legislación también aumenta de 16 a 24 horas el tiempo de detención de un refugiado para verificar sus documentos y reduce de 30 a 15 días el plazo de que dispone un inmigrante para contestar la denegación de su petición de asilo. Además, introduce nuevos delitos que dificultarán la libre circulación de las personas: se castigará con un año de prisión y 3.750 euros de multa el haber entrado en Francia sin pasar por un punto de paso fronterizo, y con una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros el hecho de utilizar un carnet de identidad que no corresponda a la persona.

Se castigará con un año de prisión y 3.750 euros de multa el haber entrado en Francia sin pasar por un punto de paso fronterizo

Para justificar el discurso humanitario de Macron, sin embargo, el texto también incorpora algunas medidas positivas. Por un lado, favorecerá la reunificación familiar de los refugiados menores de edad, al facilitar que se instalen en Francia los hermanos y las hermanas, además de los padres, como ya sucede actualmente, de los solicitantes de asilo menores de 18 años. Por el otro, reducirá a seis meses (en lugar de los 13 actuales) el periodo de evaluación de una petición de asilo. De hecho, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los refugiados en Francia es la lentitud de la Administración francesa, que suele tardar al menos 30 días para conceder a los inmigrantes su primera cita en la prefectura (Delegación del Gobierno).

Dos días antes de la presentación de esta polémica ley, curiosamente, el diputado macronista Aurélien Taché presentó 70 medidas para mejorar la integración de los refugiados en Francia. Valorado de manera positiva por las asociaciones, este informe parlamentario proponía duplicar o incluso triplicar el número de horas de clases de francés para los inmigrantes, favorecer su inserción laboral con contratos específicos u orientarlos hacia la formación profesional. “Cuando el aperitivo es un desastre, el plato principal contiene espinas… Quizás tendréis un buen postre, ¡pero el menú os habrá dado una sensación mediocre!”, declaró a Libération el director de la asociación France Terre d’Asile, Pierre Henry.

UNAS MEDIDAS “SIN PRECEDENTES EN FRANCIA”

“La nueva ley migratoria contradice las promesas humanitarias de Macron y se inspira en las ideas xenófobas del Frente Nacional, como la necesidad de seleccionar los inmigrantes y airear Francia de una llegada excesiva de extranjeros”, analiza el politólogo François Gemenne, experto en cuestiones migratorias. Según este profesor de Sciences Po París, las políticas migratorias del dirigente representan una claudicación ante una opinión pública derechizada: “Macron cree que cuanto más duro sea con los inmigrantes, mayor será su popularidad”. Según los últimos estudios de opinión, la imagen pública del joven presidente no pasa por su mejor momento: solo un 35% de los franceses se declaran satisfechos de su presidencia, unos niveles de popularidad inferiores a los de François Hollande tras nueve meses de mandato.

Aunque haya repetido que la acogida de refugiados “es un honor para Francia” y “un deber moral y político”, la severidad de Macron con los inmigrantes no resulta ninguna sorpresa. Según explicó él mismo el 31 de octubre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su política migratoria consiste en “ser intratable con todos aquellos que no merezcan que se les conceda el asilo”. Por este motivo, “acelera de forma drástica los procedimientos para que en seis meses sepamos si una petición es aceptada o no”. Y, de esta forma, “poder renviar a sus países a aquellos que no hayan obtenido el asilo”. En definitiva, reducir de manera significativa el número de refugiados que se instalan en Francia, a cambio de ofrecer una acogida digna a una minoría.

“Estamos ante una política migratoria sin precedentes en Francia por la brutalidad policial y las malas condiciones de asilo”, critica Gemenne. Además de la nueva ley, este politólogo lamenta la circular, aprobada el pasado 12 de diciembre, que autoriza la presencia de la policía en los centros de acogida para que controlen la documentación de los residentes. Una polémica medida que este martes fue validada por el Consejo de Estado francés. La Asamblea Nacional también aprobó el 15 de febrero por la noche una propuesta de ley que facilita el encarcelamiento en los CIE franceses de los “dublineses”, es decir, aquellos refugiados que han dejado sus huellas digitales en otro país de la UE, donde están obligados a pedir el asilo.

LA LEY MIGRATORIA DIVIDE EL MACRONISMO

Además de la oposición tradicional de la izquierda francesa y de las organizaciones defensoras de los derechos de los extranjeros, la nueva ley migratoria también ha indignado a los trabajadores de los organismos encargados de tramitar y evaluar las peticiones de asilo, algo menos habitual. Desde el 13 de febrero, los agentes de la Corte Nacional del Derecho de Asilo se han declarado en huelga. Una causa a la que se unieron este miércoles los funcionarios de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra).

La contestación interna también está presente en el seno de la mayoría presidencial. “Todos los extranjeros de Francia no son terroristas. Todos los extranjeros de Francia no son defraudadores de las ayudas sociales. Decir lo contrario, es jugar con el miedo”, aseveró en el hemiciclo a finales de diciembre la diputada de LREM, Sonia Krimi, expresando así su desacuerdo con las políticas migratorias del Ejecutivo.

Alrededor de un centenar de diputados macronistas ya han expresado sus dudas respecto a la nueva legislación migratoria. Pese a la heterogeneidad del grupo parlamentario de LREM —sus representantes proceden de la derecha, la izquierda, el centro y la sociedad civil—, el partido de Macron ha votado hasta ahora de forma unánime todos los textos propuestos por Ejecutivo. Esta tendencia, sin embargo, podría cambiar con la ley migratoria. Incluso el economista Jean Pisani-Ferry, responsable del programa electoral de Macron, publicó en enero una tribuna en Le Monde, firmada también por otras personalidades cercanas al macronismo, en la que reprochaban a Macron: “¡Su política contradice el humanismo que reivindica!”.

NINGUNA SOLUCIÓN PARA LOS “DUBLINESES”

Aunque Macron prometió en julio que “ningún hombre ni mujer dormirán en las calles y los bosques a finales de 2017”, la situación de los refugiados continúa siendo dramática en Francia. Mientras unos 700 refugiados duermen en las afueras de Calais, donde conviven con los abusos policiales, unos 800 inmigrantes malviven por las calles de París. Además, las autoridades francesas mantienen estrictos controles en la frontera francoitaliana, lo que obliga a los refugiados a tomar rutas cada vez más peligrosas a través de las montañas nevadas de los Alpes o en la localidad costera de Menton, cerca de Niza.

La promesa del Gobierno francés de crear 12.500 nuevas plazas en los centros de acogida antes de 2020 parece insuficiente. En 2017, 100.412 personas pidieron el asilo en Francia, una cifra récord para este país. Casi la mitad de ellas —alrededor de 40.000— fueron refugiados “dublineses”, que deberían ser reenviados al primer país de la UE donde dejaron sus huellas dactilares.

En los márgenes del canal de Saint-Martin, una de las zonas de moda de la capital francesa, un centenar de jóvenes afganos duerme en tiendas de campañas y conviven con la nieve y el frío parisino

“Tengo miedo de ser deportado a Bulgaria, donde tuve que registrar mis huellas dactilares”, reconoce Atifullah Maqroodi, de 19 años. Este joven afgano huyó de la violencia de los talibanes en 2016. Tras haber estado en Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia e Italia, su última etapa en su periplo europeo se encuentra en un campamento de refugiados afganos, creado recientemente en el nordeste de París, donde se suceden los campamentos de inmigrantes desde principios de los años 2000.

En los márgenes del canal de Saint-Martin, una de las zonas de moda de la capital francesa, un centenar de jóvenes afganos duerme en tiendas de campañas y conviven con la nieve y el frío parisino. Muchos de ellos no han encontrado cobijo en una residencia humanitaria por falta de plazas. O bien no se atreven a ir a los centros de primera acogida por miedo a ser deportados. La mayoría de ellos comparte la condición de “dublineses”.

“Resulta necesaria la derogación del reglamento de Dublín, que hace que los inmigrantes sean detenidos antes de que se verifique si huyen de una situación complicada en su país de origen”, afirma una de las integrantes de Los Exiliado·a·s Ocupan París VIII. Desde el pasado 30 de enero, este colectivo formado por estudiantes y militantes ha ocupado la Universidad de Saint-Denis, una facultad en el norte de la capital francesa reputada por su tradición izquierdista.

Como ya sucedió antes en Grenoble, Nantes o Lyon, las aulas de la universidad sirven para albergar a refugiados —eritreos, etíopes y somalíes, la mayoría de ellos—, que antes malvivían por las calles de París. Según sus impulsores, esta iniciativa no solo pretende ser humanitaria, sino que también sirva para empoderar a los inmigrantes. Así lo refleja el hecho de que numerosos refugiados alojados en París VIII participaron el miércoles en una manifestación en contra de las políticas migratorias del Gobierno francés y de la Unión Europea, como el Convenio de Dublín.

A pesar de que Macron prometió durante la campaña electoral una reforma profunda de esta reglamentación europea, ahora ha matizado su propuesta y solo habla de “armonizar” la política migratoria europea. Otra promesa incumplida por el joven dirigente en materia de inmigración.