Por: Nazaret Castro

En Brasil, la vivienda es la preocupación más urgente para miles de familias, afectadas por una burbuja inmobiliaria que se agudizó con los megaeventos deportivos. Entre 2008 y 2013, con una inflación media del 39%, los alquileres en São Paulo aumentaron un 95%, y en Rio, un 132%. El resultado: las clases trabajadoras son expulsadas hacia zonas de la ciudad cada vez más alejadas de sus puestos de trabajo, en metrópolis aquejadas de atascos permanentes.

En São Paulo, muchos trabajadores invierten cinco horas diarias en ir y volver a sus casas. Muchos de ellos dicen “basta”, cuando por enésima vez son presionados para buscar un barrio más barato y periférico. La ocupación de terrenos baldíos se presenta entonces como la mejor opción.

De ahí que el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) se haya convertido en uno de los movimientos sociales más importantes del país, con presencia en siete estados y acciones que involucran a más de 50.000 familias, y con un líder, Guilherme Boulos, aclamado como una de las figuras más prometedoras de la izquierda brasileña.

“El capital inmobiliario es la principal fuerza política del país: las constructoras financiaron el 55% de las campañas de los partidos en 2010 y son ellas las que definen la política urbana”, afirma Boulos.

Entre 2008 y 2014, el precio de la vivienda se incrementó en torno al 200% anual; mientras, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, en sus siglas en portugués) estima un déficit de 5,4 millones de viviendas, que convive con millones de viviendas vacías en todo el país.

Políticas que miran al mercado

En 2009, el Gobierno de Inácio Lula da Silva respondió a esa necesidad con el programa Minha Casa, Minha Vida (Mi casa, mi vida), que continuó durante los años del mandato de Dilma Rousseff, y por el que el Estado ayuda a las familias a comprar su primera vivienda.

“MCMV se concibió, en el contexto de la crisis financiera de 2008, para resolver el problema de liquidez de las grandes constructoras y aumentar su lucro, y no para resolver el déficit habitacional, y mucho menos para atajar la dinámica de la segregación”, apunta Boulos.

Comparte su opinión Helena Silvestre, fundadora del movimiento Luta Popular y antigua militante del MTST: “El programa fue diseñado para ampliar el mercado inmobiliario, no para garantizar el derecho a la vivienda. Por eso, el 60% de las viviendas del MCMV están pensadas para subsidiar a las familias que ganan entre 5 y 10 salarios mínimos, cuando el mayor déficit habitacional lo sufren las familias más pobres”.

Esa situación se agravó con los recortes al programa que aplicó el actual presidente Michel Temer, que afectan, sobre todo, a los subsidios a familias de bajos recursos.

MCMV no resolvió el problema de fondo: la carencia extrema de los más pobres, como los más de once millones de personas que viven en favelas. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) constató que en 2010 existían 3,2 millones de inmuebles en áreas precarias y asentamientos irregulares, expuestos a catástrofes como las inundaciones que, en 2010, dejaron 145 muertos en las favelas de Rio de Janeiro.

“El Estado debería focalizarse en la regularización de áreas que ya existen, como son las favelas: este país ha sido constituido por las ocupaciones de los trabajadores”, opina Silvestre.

Ciudades en estado de apartheid

Los megaeventos deportivos vinieron a echar leña al fuego. El Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas en Rio de Janeiro de 2016 llegaron de la mano de desalojos de favelas y profundizaron procesos de gentrificación que implicaron aumentos en el alquiler, especialmente en favelas ubicadas en lugares codiciados por el mercado inmobiliario, como la de Rocinha, con fabulosas vistas a la playa carioca, o Paraisópolis, en la rica zona sur de São Paulo.

Todo ello, además, en el momento en el que la crisis económica se hacía notar y el desempleo aumentaba.

Guilherme Boulos comparte con el diputado carioca Marcelo Freixo la idea de que estos procesos han profundizado una lógica de segregación, que se apoya sobre el racismo de raíz colonial que impregna la sociedad brasileña. En Rio, la metáfora de la segregación aparece en la oposición entre el asfalto –la ciudad “civilizada”– y el morro, en los cerros, donde se asientan las favelas.

Sin embargo, esos cerros están hoy en el punto de mira del mercado inmobiliario, sobre todo aquellos con una posición tan privilegiada como las playas de Ipanema y Copacabana.

En las mil favelas de Río de Janeiro vive nada menos que un tercio de los casi siete millones de habitantes de la Ciudad Maravillosa, pero, desde el origen de estos asentamientos irregulares de chabolas, hace un siglo, en Brasil nunca se han visto las periferias como parte integrante de la ciudad.

“Un tercio de la población carioca vive en una situación de absoluta exclusión, sin acceso al transporte, a la educación o la sanidad”, explica Marcelo Freixo, diputado de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y veterano activista en derechos humanos. “Para la población pobre, rige en el día a día una legalidad muy distinta de las leyes que están sobre el papel: Rio vive una lógica de apartheid”, añade Freixo.

Y sobre esta inquietante realidad se asientan fenómenos como la brutalidad policial y la aparición de grupos paramilitares, las llamadas milicias, que se han hecho con el control de una buena parte de las favelas cariocas.

En São Paulo, la mayor y más vibrante metrópolis de América del Sur, los intereses inmobiliarios también presionan sobre las favelas y tratan de desplazar a sus habitantes. Los movimientos sociales han denunciado reiteradamente que esos intereses han provocado incendios para expulsar a la población pobre.

Lo cierto es que, en São Paulo, se han registrado más de 1.200 fuegos en las favelas paulistanas en los últimos veinte años, y la mitad de ellos se concentraron entre los años de 2008 y 2012. Los movimientos han mapeado estos incendios para mostrar que afectan mayoritariamente a las áreas más valorizadas de la ciudad.

El Ministerio Público investigó la situación en 2012, después de que, en sólo dos meses, se registrasen 15 incendios en favelas.

La ocupación como respuesta

En Luta Popular saben lo que es enfrentar un incendio. Están convencidos de que el fuego a la ocupación Esperança, en septiembre de 2016, fue provocado.

“Se llevó por delante más de la mitad de la ocupación. Pero en un mes, había sido reconstruido, sin ayuda de las instituciones, gracias a una intensa campaña de solidaridad: nos dieron comida, ropa, materiales de construcción, donaciones para comprar una máquina de ladrillos; incluso vinieron arquitectos voluntarios”, cuenta Silvestre.

Esperança, en el municipio de Osasco, región metropolitana de São Paulo, da cobijo a 1.200 familias, y es la mayor de las tres ocupaciones que hasta ahora ha protagonizado Luta Popular. Las otras dos son Jardim União, con 600 familias, y Cacique Verão, que alberga a 320 familias.

Luta Popular nació en 2011. Silvestre venía del MTST; otros compañeros, del movimiento ecologista o de la favela. Se trata de un grupo heterogéneo que se autodefine como movimiento popular de organización del territorio. La ocupación es una de sus herramientas fundamentales: apoyándose en el principio constitucional de la función social de la propiedad, escogen terrenos que están desocupados y proceden a su ocupación con las familias interesadas.

Después, continúa el proceso colectivo, que pasa, entre otras cosas, por crear una escuela y resolver con autogestión otras necesidades de las que el Estado no se hace cargo. “La idea es que las ocupaciones sean generadoras de experiencias colectivas, de un aprendizaje de sociabilidad y organización”, explica Silvestre.

“Las ocupaciones se han vuelto más necesarias que nunca, porque cada vez más gente no tiene cómo pagar el alquiler. Se ve a simple vista cómo han aumentado los sin techo, y el Estado sólo responde con represión: la ciudad parece sitiada”, añade Silvestre.

En ese contexto, “las ocupaciones son una salida para muchas familias”.

Y, para la fundadora de Luta Popular, ese proceso es también “una escuela de organización popular, de autogestión. En el camino, vamos descubriendo que juntos podemos hacer muchas cosas”.