Las agresiones contra Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito se han incrementado. Durante los últimos años, como consecuencia de su defensa del derecho a la vivienda digna, las pobladoras de la colonia Tlachinollan, en el municipio de Iguala, Guerrero, han sido blanco de difamación, desprestigio y hostigamiento por parte de agentes estatales y particulares.

La noche del 30 de julio de 2015, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica. “Ah contigo quería hablar. ¿Tú eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan? Te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina porque se los va a cargar la verga”, le dijeron desde el otro lado del auricular. Para rematar, la defensora recibió un mensaje de texto con la reiterada amenaza de muerte.

Como consecuencia de estos hechos, ambas defensoras tuvieron que desplazarse forzadamente de la mano de sus familias, además de solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, quien en un principio las rechazo.

Finalmente, las defensoras fueron admitidas por el Mecanismo, instrumento que a la fecha lo único que les ha brindado es la notificación de ingreso. El 13 de noviembre pasado, éste les comunicó la no implementación del Plan de Protección, bajo el argumento de que su riesgo no está vinculado a su labor como defensoras.

Ante esta situación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 189 defensoras de 103 diversas organizaciones no gubernamentales, manifiestan a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, su preocupación.

Las integrantes de la Red recuerdan al funcionario que Bertha y Diana son dirigentes de la organización de colonos de Tlachinollan que, ante la inacción de las autoridades municipales, defienden su derecho a una vivienda digna. La colonia Tlachinollan, detallan en una carta pública, “fue fundada en 2006, luego del un fraude cometido contra las y los pobladores de la colonia, quienes cuentan con títulos de compraventa de los predios que posteriormente les han intentado arrebatar, a través de la destrucción e invasión a sus casas. No omitimos aclarar, que el proceso judicial para resolver la propiedad continúa en espera de resolución”.

Las 189 defensoras que conforman la RNDDHM piden al Estado mexicano reconocer la labor de Evelia y Diana como defensoras de derechos humanos; que, previo a su retorno a Iguala, les otorguen y apliquen las medidas de protección necesarias; que, de manera urgente, les brinden las medidas que les permitan retornar de forma segura a Iguala; que ejecute las acciones para que puedan continuar con su labor en condiciones de seguridad y libertad. Otra de sus demandas es la garantía de seguridad para quienes integran el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organizaciones acompañantes de las defensoras.

A la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la instan a estar atenta al caso y a contribuir con la protección de Evelia y Diana. Lo mismo le piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la cual ya consta una queja por los hechos: la CNDH/5/2015/5949/R.