Pedro Castillo no es el único presidente o político peruano que ha tomado repentinamente una medida poco razonable, incluso autodestructiva como, en su caso, la de lanzarse a pretender disolver el Congreso sin tener las condiciones para eso.

Escapados de la razón

En julio de 1987, Alan García, sin contar con la anuencia de su gabinete de ministros y sin haberle informado a su numerosa bancada de congresistas, sorprendió al país decretando la nacionalización del sistema financiero, con muy escasas posibilidades de llegar a materializarla pues tuvo opositores incluso dentro de su propio partido. Eso marcó el comienzo de la parte más crítica que tuvo su desastroso primer gobierno.

Hacia 2005, Alberto Fujimori dejó su cómodo y seguro refugio en Japón y apareció en Chile, creyendo extrañamente que allí rechazarían un eventual pedido de extradición que haría el gobierno peruano. No fue así, terminó extraditado y con una sentencia a prisión que aún está cumpliendo.

Pedro Pablo Kuczynski no había llegado aún a la mitad de su gobierno cuando a fines de 2017, en la nochebuena de navidad, decidió indultar a Alberto Fujimori creyendo que así podría evitar los intentos de vacarlo que había en el Congreso. Por el contrario, eso fortaleció esos intentos y tuvo que renunciar.

Además de esas decisiones de muy poca racionalidad en el plano estrictamente político, estos cuatro presidentes más otros como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, o la alcaldesa Susana Villarán y la candidata Keiko Fujimori, también han tenido actuaciones muy escasamente razonables, pero ya en el plano ético y legal. Son las que terminaron involucrándolos en diferentes episodios de corrupción, la mayoría asociados al megacaso Lavajato, por los cuales han tenido que asumir las consecuencias de diferente manera.

De modo que las evasiones de la razón no son nuevas ni pocas entre los personajes políticos peruanos. Pero también ha ocurrido y ocurre entre sus seguidores. Es frecuente que estos les atribuyan virtudes excepcionales, a tal punto que les profesan una lealtad incondicional, a prueba de cualquier denuncia contra ellos por sólidas que fueran las denuncias contra ellos, ya sea por cuestiones morales o delitos. Su reacción frecuente es la de considerar que todo se trata de persecución y acoso contra sus santísimos líderes. 

Ahora bien, todo esto no es algo privativo de estos tiempos ni de los peruanos.  Lo ha habido y lo habrá en todo tiempo y lugar en donde las personas y los pueblos se aproximen demasiado a las puertas del poder y la riqueza. Y esto existe no solo en la política sino en los negocios y hasta en las religiones.

2021, un salto en la irracionalidad política

El problema para la política de un país es cuando llega a un momento en que la irracionalidad se hace extrema y se convierte en patrón de conducta reiterada durante un tiempo considerable y en prácticamente todas las facciones políticas. En momentos como estos es que pueden ocurrir desbordes de violencia muy graves.

Eso es lo que ha venido sucediendo desde la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021 hasta estas últimas vísperas de navidad en que las protestas sociales y su represión desproporcionada, comenzadas el 7 de diciembre, ya habían dejado 26 muertos, a razón de dos por día.

¿Cómo empezó este continuado asalto a la razón política? Cuando las facciones perdedoras de aquellas elecciones decidieron que hubo un fraude, que en él se habían confabulado el partido ganador y los organismos electorales y que no reconocerían jamás sus resultados, entre los cuales la presidencia de Pedro Castillo. Curiosamente, nunca presentaron ni una sola evidencia o testigo sobre el supuesto fraude o de la confabulación alegada. Tampoco objetaron nunca los resultados de las elecciones congresales que fueron arbitradas por los mismos organismos electorales.

Ese apoyo electoral no fue tanto por un alineamiento programático o ideológico. Tuvo que ver con algo que genera un vínculo más fuerte: la identificación que hicieron esos electores entre su perfil social y el perfil personal del que después fue presidente. Los ataques o agravios a este lo sintieron como a ellos mismos. Una lealtad incluso inmune a las infracciones o delitos que Castillo pudiera cometer. Por eso, la extensión, la intensidad y los desbordes de violencia de las protestas. Pero por esto también el carácter político de sus demandas: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas, asamblea constituyente.

El país en manos de enemigos alucinados pero oportunistas

Aplicando su irreal convicción sobre el supuesto fraude, desde ese momento hasta ahora último, su objetivo prioritario en el Congreso, en lo que duró su gobierno, fue el de obtener el retiro de la presidencia de Castillo cualesquiera que fueran los fundamentos.  Al comienzo eran puramente ficticios. Luego su objetivo fue favorecido con el más que sospechoso comportamiento de Castillo en las corruptelas de allegados suyos.

Por su parte, Castillo y la principal facción de gobierno, la cerronista de Perú Libre, guiaron su actuación por sus propias alucinaciones. En lugar de gobernar, creyeron que podría usar indefinidamente el patrimonio del Estado para beneficio material de sus subfacciones y para comprar aliados en el Congreso.

También creyeron que podrían disimularlo con anuncios radicales que sabían no podían cumplir, como la Asamblea Constituyente o la nacionalización del gas. Pero lo hicieron tan chambonamente que terminaron cada vez más expuestos a una vacancia o a una acusación constitucional contra Castillo.

Por lejos, la mayor parte de la agenda y de los pleitos del Ejecutivo y el Legislativo, durante todo lo que duró el gobierno de Castillo, fueron dedicados casi exclusivamente a esa disputa por su derribamiento o por su continuidad.  Igual ocurrió con la agenda de los grandes medios, muy claramente asociada a la de la extrema derecha.

De esas agendas desparecieron por completo los grandes y verdaderos temas nacionales como las vulnerabilidades frente al calentamiento global, la inseguridad alimentaria, el rebrote de las epidemias, la precariedad de los sistemas de salud y educativo, el atraso tecnológico, la inseguridad ciudadana frente a una serie de economías criminales, la tendencia al estancamiento económico, y la desigualdad y la fragmentación social y política. Nada de lo que interesaría a mentes políticas elementalmente racionales y objetivas interesó nunca a la gran mayoría de las facciones aposentadas en el Ejecutivo y el Legislativo, ni a los dueños de los grandes medios.

Y así anduvo el Perú, en deterioro progresivo, observando el pleito de dos grupos de facciones mediocres, sin representación real de los peruanos pero teniendo el control del gobierno y del Congreso. Tan mediocres que no tenían carácter para vencer al otro y producir un desenlace. Tan oportunistas que votaban juntos para aprobar medidas a favor de los negocios de sus financistas. Tan perniciosas que su mayor logro fue destruir el interés de la gran mayoría de peruanos por la política. Una gran mayoría comenzó a decir que se vayan todos, pero sin hacer mayor cosa.

Castillo se lanza al vacío desde Palacio

Así estuvimos, cuando Pedro Castillo, desesperado porque sintió que estaban a punto de cogerlo del cuello, sorprendió al país cometiendo el más irracional de sus actos como presidente. Dispuso la disolución del Congreso sin tener la fuerza de la razón jurídica, ni la razón de la fuerza política. Ni siquiera lo consultó con su gabinete, ni con sus pocos congresistas. Regaló a sus enemigos el más irrefutable de los argumentos para vacarlo y lo único que disolvió fue su propia presidencia.

Ese mismo día Castillo terminó encerrado en la cárcel y en los días siguientes su destino quedó encausado y preso por delitos de rebelión, conspiración y otro. Lo que no se sabía es hasta donde, en los días siguientes, iban a elevarse los niveles de insensatez y violencia que ya teníamos en el país.

La parte civil de este gobierno, incluida Dina Boluarte, estaba dominada por la ansiedad de afirmarse cuanto antes en sus cargos. Los militares y policías, empoderados por la declaración de Estado de Emergencia impusieron su diagnóstico: esta es una situación de terrorismo y se resuelve como en el VRAEM, con fusiles. El concepto que originalmente se usó contra Castillo, se usó ahora como solución, no política, sino de guerra contra las protestas.

De la irracionalidad a la guerra

En vez de actuar con mesura frente al ya cautivo y derrotado Castillo, las y los fiscales que lo venían investigando y denunciando, incluyendo la fiscal de la Nación, no pudieron resistir las ganas de humillarlo. Corrieron a tomarse fotos y videos frente a su presa. Lo mismo hicieron los oficiales policiales encargados de seguirlo a él y a su familia.

Las imágenes se parecieron mucho a cuando, 30 años atrás, los policías captores del líder de Sendero Luminoso hicieron lo mismo con Abimael Guzman. No era la primera vez que Castillo era tratado como terrorista. Sus opositores lo hicieron desde que se perfiló como posible candidato vencedor hasta ahora último. Los más desquiciados lo vociferaban desde el Congreso. Ya vencido, no había razón para que dejaran de hacerlo.

Desde el mismo día en que Castillo fue encarcelado, se desencadenó una de las más grandes protestas sociales que ha vivido el Perú. Las acciones más notorias ocurrieron en las zonas que habían sido sus bastiones electorales: las regiones del sur, especialmente, pero no únicamente.

Como fue analizado en su momento, ese apoyo electoral no fue tanto por un alineamiento programático o ideológico. Tuvo que ver con algo que genera un vínculo más fuerte: la identificación que hicieron esos electores entre su perfil social y el perfil personal del que después fue presidente. Los ataques o agravios a este lo sintieron como a ellos mismos. Una lealtad incluso inmune a las infracciones o delitos que Castillo pudiera cometer. Por eso, la extensión, la intensidad y los desbordes de violencia de las protestas. Pero por esto también el carácter político de sus demandas: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas, asamblea constituyente.

Pero los que llegaron al Gobierno desde el 7 de diciembre, la presidenta, sus ministros con mayor poder, los mandos militares y policiales, los voceros de los principales medios y las facciones enemigas de Castillo, no tenían la razón abierta para comprender cosas como esas. La parte civil de este gobierno, incluida Dina Boluarte, estaba dominada por la ansiedad de afirmarse cuanto antes en sus cargos. Los militares y policías, empoderados por la declaración de Estado de Emergencia impusieron su diagnóstico: esta es una situación de terrorismo y se resuelve como en el VRAEM, con fusiles. El concepto que originalmente se usó contra Castillo, se usó ahora como solución, no política, sino de guerra contra las protestas.

Inusualmente, junto con esta lógica de guerra aplicada en las regiones, en Lima y otras ciudades, el Ejército y la Policía realizaron un espectáculo de fuerza desplegando miles de soldados completamente equipados, lo mismo que una cantidad similar de jóvenes policías, desarmados, pero en correcta formación. El mensaje a Lima fue claro.

Al momento de escribir este artículo ya suman 28 los fallecidos civiles en diversos puntos del país por proyectiles de arma de fuego en apenas 15 días. Dos por día. La mayoría muy jóvenes, algunos adolescentes. Otros trescientos civiles están heridos. De las fuerzas del orden se reportan también unos 200 heridos. En los últimos días las protestas se han aplacado pero seguramente continuarán. La cantidad de bloqueos en las carreteras nacionales y de locales públicos asaltados y destruidos también es cuantioso.

De un saldo como ese, difícilmente se vuelve a los anteriores estándares de normalidad rápida ni fácilmente. Además de que las protestas continuarán, quedará latente una disposición a la radicalidad que se activará con más facilidad que antes.

La presidenta Boluarte ha percibido eso con cierta claridad, por eso, apenas al tercer día de protestas, y cuando había ya dos jóvenes muertos en su tierra, salió a mostrarse favorable al adelanto de elecciones para 2024. En los días siguientes hubo más violencia y más muertes, y adelantó su propuesta para que sean en 2023. Expertos electorales manifestaron que era posible hacerlas en setiembre de 2023.

Como las protestas ya habían comenzado a aplacarse por la letalidad de las balas, la mayoría del Congreso terminó aprobando, en una primera votación, que esas elecciones se hagan en abril de 2024, con el pretexto de reformas constitucionales supuestamente impostergables. En realidad se trata de reformas constitucionales que favorecerán las posibilidades electorales de la derecha abastionada en Lima y deteriorarán aún más la representatividad del Congreso. Una de ellas, el restablecimiento del senado.

La nave de los locos

Como se ve, el nivel de irracionalidad política que ya existía en el Perú, creció con el gobierno de Castillo y más aún después de su intento de disolver al Congreso. Y no solo por la actuación de este nefasto ex presidente, sino de los diversos actores tanto alineados como contrapuestos a él.

Más allá de los sectores populares que tienen razones para esa especial identificación con él, es necesario enfocar sobre los personajes políticos que tienen actuación política con capacidad de influir. Los que se ponen del lado de Castillo, niegan que esté incurso en un golpe de Estado, llegan a demandar que lo liberen y demandan sanción solo para los mandos militares y policiales responsables de los abaleamientos.

Los enemigos de Castillo, a su vez, aducen que la actuación de los ministros a cargo y de los mandos militares ha sido correcta y justa y reclaman sanción severa solo para Castillo y para los autores de los bloqueos y los ataques a locales públicos.

La versión del fraude de 2021 permanece inalterable entre las facciones que la inventaron y la recuerdan con frecuencia. Estas últimas versiones sobre lo que ni siquiera acaba de ocurrir, también son autónomas de los hechos, las evidencias y hasta del inflamable contexto en que seguiremos viviendo.

Como van las cosas nada asegura que las elecciones adelantadas se harán en la fecha inicialmente acordada por el Congreso. Y si se realizan, el riesgo de que sean afectas por la violencia es alto. Tampoco hay señas visibles de la aparición de las corrientes o liderazgos necesarios para remontar esta fase oscura de la política peruana.

Si a esto le sumamos la relación de otras grandes vulnerabilidades que tiene actualmente nuestro país en diversos aspectos, externos e internos, el destino nacional es muy incierto, tanto como el de aquellas míticas naves de la antigüedad, que, cargadas de dementes, eran soltadas al mar sin rumbo definido, y sin más propósito de que se pierdan.

Publicado originalmente en la revista Ideele