En el periodo comprendido entre 2019 y 2022 han sido documentados al menos 16 asesinatos de personas buscadoras en México [1]. El panorama es desolador y la herida, inevitablemente, es compartida. Cada vez que el movimiento de personas buscadoras, articulado por las decenas de colectivos de familias que buscan a algún ser querido en nuestro país, advierte que la desaparición de una persona afecta a todes, se establece como imperativo el desarrollo de una conciencia social capaz de construir narrativas y prácticas que busquen contrarrestar las dinámicas de la(s) violencia(s) que nos afectan, en el entendido de que cada persona está inmersa en relaciones y procesos sociales de interdependencia que exigen reafirmar al mismo tiempo la vida propia y la vida de las otras. 

Es importante insistir en que la violencia física debe ser comprendida como parte de un continuum de la violencia social que a menudo llamamos estructural. Ha quedado suficientemente demostrado que la violencia física extrema no se reproduce como algo espontáneo sino como efecto de la desigualdad social y, por lo tanto, de la exacerbación de condiciones de vulnerabilidad que ésta produce y que siempre están mediadas por la misoginia, el racismo y el clasismo. En este sentido, es imprescindible cuestionar la normalización de las graves afectaciones y daños (muchísimos tan irremediables) de las que son objeto las víctimas, y reconocer y nombrar en éstas la reproducción radical de la desigualdad social. 

Judih Butler (2020) [2] afirma que “las formas más horribles de violencia social están comprometidas implícita o explícitamente con la desigualdad”, de tal manera que los efectos catastróficos del ejercicio de la violencia recaen en las personas cuyo valor y dignidad humana han  sido desestimado. En este sentido, reitera la filósofa, “el asesinato es la implementación definitiva de la desigualdad social”. Es, en otras palabras, la afirmación de un valor sumamente disminuido o completamente negado de la vida de las personas que se busca aniquilar. Reflexionar desde este marco de sentido los asesinatos de personas buscadoras en nuestro país, también es una manera de responder al estigma y revictimización que constantemente denuncian. 

Por el contrario, normalizar esas formas horribles de la violencia no sólo contraviene el sentido de crisis que atestiguamos en esta época de desaparición. También legitima el problema, esto es, lo justifica y con ello, reduce considerablemente cualquier potencia sensible, reflexiva y crítica para responder colectivamente. La normalización hace el juego al desarrollo catastrófico de nuestra época, porque establece como principio la dificultad constante de transformar las condiciones actuales de vida: adormece nuestra capacidad de desear la transformación social y, por tanto, nuestra necesidad de actuar en consecuencia. 

La muerte violenta de las personas buscadoras no puede entenderse como una consecuencia lógica por emprender un tortuoso camino de búsqueda de verdad y justicia. La consecuencia debiera ser la materialización del derecho de la persona desaparecida a ser buscada y, por tanto, la ejecución de acciones efectivas no sólo para localizar a las personas quienes fueron desaparecidas, sino también para garantizar su derecho a la vida y a no desaparecer. 

Los 16 asesinatos documentados de personas buscadoras no sólo son la expresión de una falla institucional desbordada por la impunidad sistemática. Son también la puesta en marcha de un dispositivo brutal para impedir a toda costa la creación y mantenimiento de alianzas vivas que, precisamente, cultivan la lógica consecuente de la no violencia. La muerte violenta tiene el objetivo de someter y aterrorizar a través de actos brutales contundentes. La razón: para lograr la localización de los seres queridos desaparecidos, quienes les buscan, no sólo hacen visibles los espacios de desaparición, también revelan los crímenes atroces que se encubren y las redes de complicidades e ilegalidad que se tejen entre diferentes actores estatales y no estatales. Si a una persona buscadora se le asesina, la vigencia del crimen de la desaparición se garantiza en mayor medida: la posibilidad de saber qué le pasó y dónde está la persona buscada corre el enorme riesgo de ser clausurada definitivamente. Y con ella la intención de transitar a una época de justicia y por qué no, de reconciliación social. 

Entre el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010 en Chihuahua (quien hasta el último día de su vida exigió justicia por el feminicidio de su hija Ruby Marisol Frayre) y el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, el 4 de octubre de 2022 en Puebla (madre que luchaba por encontrar a su hija Betzabé Alvarado Gallardo), se han conocido los asesinatos de Leopoldo Valenzuela Escobar, ocurrido el 4 de febrero de 2011 en Durango; de Nepomuceno Moreno Núñez, el 28 de noviembre de 2011 en Sonora; de Sandra Luz Hernández, el 12 de mayo de 2014 en Sinaloa; de Bernardo Carreto, el 22 de diciembre de 2015 en Guerrero; de José de Jesús Jiménez Gaona, el 22 de junio de 2016 en Veracruz, de Miriam Rodríguez, en marzo de 2017 en Tamaulipas; de Pablo Iván Miramontes Vargas, en julio de 2018 en Jalisco; de Zenaida Pulido Lombera, el 19 de julio de 2019 en Michoacán; de Javier Barajas, el 29 de mayo de 2021 en Guanajuato; de Aranza Ramos, el 15 de julio de 2021 en Sonora; de José Nicanor Araiza Dávila, el 22 de julio de 2021 en Zacatecas [3]; de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022 en Morelos y de Rosario Rodríguez Barraza, asesinada dramáticamente el 31 de agosto de 2022 (Día Internacional de las Víctimas de Desaparición) [4].

En cada una de estas muertes violentas la constante ha sido la falta de protección de los derechos de las personas buscadoras y la garantía de su seguridad por parte de los gobiernos estatales y federales. Pero también, el saber sobre las circunstancias de la desaparición de sus seres queridos, los actores involucrados y sus complicidades. 

Quienes buscan no ignoran los riesgos. Los contextos de violencia en los que fueron desaparecides sus familiares son el primer indicio de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que se enfrentan constantemente. Sin embargo, el amor y la esperanza de encontrarles, hace que continúen a pesar de todo. Aunque su seguridad personal y colectiva esté condicionada con la suspensión parcial o definitiva de la búsqueda (porque sólo se evita el riesgo si se deja de buscar), o que los actos intimidatorios y de amenaza anuncien una agresión radical contra su persona. 

Frente a la muerte violenta de personas buscadoras en México es preciso romper el silencio, dislocar los dispositivos de normalización de la(s) violencia(s), convocarnos a un duelo público que, como dice Butler (2020), se transforme en un acto político como expresión de una “oposición militante frente a la injusticia”. Hacer patente el dolor y la rabia ante la desigualdad social sobre la que descansa el mundo de víctimas a las que de muchos modos y en distintas dimensiones les ha sido arrebatado su valor y dignidad humanas.

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*Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez es estudiante asociada al GIASF, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX y estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Actualmente es integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX y colabora con el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

**Foto de portada: El cuerpo de Esmeralda Gallardo fue entregado a sus familiares tras más de 30 horas después de su asesinato. Integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla la despiden con consignas como “Esmeralda, seguiremos en la lucha”. Crédito: Alicia Jiménez/EsImagen/ObturadorMX

Referencias:

[1] Los asesinatos de personas buscadoras del año 2010 al año 2021, están documentados en una investigación del Proyecto A dónde van los desaparecidos: Nuño, Analy, (4 de agosto de 2021), “Buscaban a un familiar desaparecido; fueron asesinados”. Disponible en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/08/04/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-fueron-asesinados/  

[2]  Butler, Judith, Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. España: Taurus.

[3]  Nuño, Analy, op. cit.

[4]  Ponemos énfasis en estos casos documentados pero sin la certeza de que no existan otros sin conocerse. 

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos