Ciudad de México | Desinformémonos. De las 276 agresiones a periodistas en México en el primer semestre del año, 50.7 por ciento fue cometido por funcionarios, denunció la organización Artículo 19 en un nuevo informe que apunta que los ataques a la prensa crecieron 23 por ciento respecto al mismo periodo en el 2016.

La organización defensora de la libertad de expresión explicó que mientras los crímenes contra los periodistas aumentan, el gobierno sólo plantea paliativos ineficaces y burocráticos. Las cifras, continuó Artículo 19, son un “reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa».

Los resultados del informe demuestran “un panorama poco alentador” en el futuro, señaló la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.

Ruelas lamentó que en México “se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia”, y recordó los casos de los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, quienes fueron asesinados en los primeros meses del año «con armas de fuego y a plena luz del día».

Por otra parte, en lo que va del segundo semestre del 2017 ya se registraron los asesinatos de dos periodistas: el del migrante Edwin Rivera, quien era refugiado de Honduras en México, y el de Luciano Rivera, el pasado 31 de julio en Baja California.

«Los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa», señaló Artículo 19, que acusó que la respuesta del gobierno para la protección de periodistas parte de un “diagnóstico equivocado”.

Además, señaló que las medidas del gobierno son “tardías”, porque desde el 2007 la violencia contra los periodistas ha ido en aumento y apenas en mayo el presidente Enrique Peña Nieto abordó por primera vez los ataques contra la prensa.

Por último, el informe detalla que, en vísperas de elecciones presidenciales en el 2018, se acerca un escenario “muy complejo […] con prácticas muy sucias por parte de partidos políticos” que pueden ser un detonante de la violencia contra los periodistas.